El Ejecutivo ha multiplicado sus presiones y maniobras para debilitar al regulador e imponer decisiones alineadas con sus intereses políticos
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Sede de la CNMC en Madrid // CNMC
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha encendido todas las alarmas tras la última intervención del Gobierno de Pedro Sánchez en el proceso de la OPA de BBVA sobre el Banco Sabadell. A pesar de que el organismo dio luz verde a la operación el pasado 30 de abril tras casi un año de análisis, Moncloa desautorizó públicamente su decisión al anunciar la apertura de una consulta pública “para recabar opiniones” sobre la fusión bancaria. La medida ha sido considerada dentro del regulador como una maniobra “alegal” y humillante, dado que esta consulta no está contemplada en la Ley de Defensa de la Competencia de 2007.
Desde dentro de la CNMC se denuncia presión directa del Ejecutivo para dilatar la autorización, que debía haberse resuelto en noviembre. La presidenta del organismo, Cani Fernández, consiguió finalmente un acuerdo unánime, incluyendo al consejero Pere Soler, nombrado por Junts para torpedear la operación. Pese a ello, el Ejecutivo optó por seguir adelante con una iniciativa que ha sido interpretada en círculos jurídicos y empresariales como una forma de socavar la legitimidad técnica del regulador.
Desde el entorno del Banco Sabadell se da por hecho que el Gobierno pretende bloquear la operación, especialmente tras el gesto del banco de devolver su sede a Cataluña, visto como un favor político a Sánchez. La consulta, según varias fuentes, busca generar un rechazo social que justifique endurecer las condiciones y obligar a BBVA a retirar su oferta. Es una estrategia similar a la empleada en el caso de Talgo, cuya venta al grupo húngaro Ganz-MaVag fue vetada por supuestos riesgos a la seguridad nacional.
Aunque el Ejecutivo no puede vetar formalmente la OPA en esta fase, sí puede imponer condiciones tan gravosas que la hagan inviable. La utilización de mecanismos “alegales” se percibe como un intento de politizar decisiones que deberían ser técnicas. En palabras de un jurista del sector financiero, “no se puede permitir que el regulador se convierta en una marioneta del poder político”.
División de la CNMC
El Consejo de Ministros aprobó en febrero de 2024 el anteproyecto de ley para restablecer la Comisión Nacional de la Energía (CNE), extinta en 2013, lo que supuso un troceo efectivo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esta decisión del Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar reavivó las acusaciones de intento de politización de los organismos reguladores independientes, especialmente en el sector energético.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, justificó la medida como parte del proceso de descarbonización de la economía y del sistema energético. Sin embargo, el nuevo organismo quedó adscrito directamente a su ministerio, lo que generó dudas sobre su real autonomía funcional, pese a que el Ejecutivo insistió en que tendría “plena independencia del Gobierno, las Administraciones Públicas y el mercado”.
La reactivación de la CNE se había anticipado desde hacía meses y figuraba en el acuerdo de gobierno rubricado en octubre de 2023 entre PSOE y Sumar. Según fuentes políticas, la medida facilitó la colocación de perfiles cercanos al Ejecutivo, como Mariano Bacigalupo, entonces consejero de la CNMV y esposo de Teresa Ribera, cuyo nombre sonó como potencial figura clave en el nuevo organismo. Bacigalupo había defendido públicamente la necesidad de volver a un regulador energético independiente, y sus opiniones fueron interpretadas como preludio del movimiento oficial.
Esta posible designación fue tachada de “nepotismo institucional” por sectores críticos, que vieron en el nuevo diseño una herramienta para asegurar el control político del sector energético bajo el pretexto de modernización. El malestar fue particularmente fuerte entre las grandes compañías del Ibex vinculadas a la energía, que temieron decisiones arbitrarias o punitivas bajo un nuevo ente regulador más dócil al poder político.
Una CNMC renovada con perfiles afines al PSOE y Junts
A esta operación se suma la renovación de la cúpula de la CNMC, que llevaba más de un año bloqueada. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, logró sacar adelante el nombramiento de cinco nuevos consejeros, incluyendo perfiles claramente alineados con el PSOE, como Ángel García Castillejo y María Vidales, y uno de Junts, Pere Soler, que permitió desbloquear el reparto parlamentario.
La renovación, que se concretó el 23 de diciembre de 2024, reconfigura el equilibrio interno del regulador y refuerza el control del Gobierno sobre el mismo. Mientras tanto, el Ministerio de Transición Ecológica se ha reservado la designación de nuevos consejeros para la futura CNE, lo que indica que la fragmentación de competencias está diseñada estratégicamente para concentrar poder político en organismos hasta ahora independientes.
Presiones para modificar la retribución de las eléctricas
Otro frente abierto en el asalto a la CNMC es la presión ejercida por el Ministerio de Teresa Ribera para que el organismo revise al alza la tasa de retribución financiera de las redes eléctricas. Aunque el regulador tiene competencia exclusiva sobre este cálculo, el Ejecutivo ha lanzado “orientaciones” que sugieren cómo debería modificarse la metodología para favorecer las demandas de las grandes eléctricas, como Iberdrola o Endesa. Esta intromisión, considerada por muchos como una forma de condicionar decisiones técnicas, viola el principio de independencia del regulador, consagrado tanto en la legislación nacional como en las directrices europeas.
La suma de todas estas actuaciones dibuja un panorama alarmante. El Gobierno ha convertido a la CNMC en objeto de intervención política constante, rompiendo las reglas del juego que exigen una muralla infranqueable entre poder ejecutivo y organismos reguladores. Los intentos de influir, condicionar y moldear sus decisiones bajo intereses partidistas constituyen un ataque directo a la credibilidad y autonomía del sistema institucional español.
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