El denunciante contactó con Javier Ortega-Smith, portavoz de Vox, con la intención de que se plantee el asunto en el Congreso de los Diputados
The post ¿Protegen los políticos a Coca-Cola y Estrella Galicia? El fraude en la distribución podría alcanzar los 500 millones mensuales first appeared on Hércules. La empresa gallega Dislugo SL, que durante 30 años fue distribuidora oficial de Coca- Cola y durante dos años de Estrella Galicia, denunció en 2022 haber sido víctima de una presunta colusión entre Coca-Cola Europacific Partners e Hijos de Rivera.
Su propietario afirmó que Coca-Cola está distribuyendo sus productos con camiones que tienen tarjetas de servicio propio cuando, según la normativa vigente, al transportar mercancías de terceros es obligatorio contar con la tarjeta de servicio público.
Además, informaciones recientes indican que camiones de Estrella Galicia estarían transportando tanto productos de su marca como de Coca-Cola, lo que refuerza la sospecha de irregularidades. Dislugo SL, tras tres décadas de trabajo con Coca-Cola Europacific Partners, fue cesado junto con otras cincuenta empresas distribuidoras.
Ante esta situación, José Luis, dueño de Dislugo SL, interpuso una denuncia el 12 de abril de 2021 ante la Consellería de Transportes de la Xunta de Galicia, representada por su abogado, Javier Roldán, junto con otra empresa que también fue cesada por Coca Cola. Al ver que los camiones de Hijos de Rivera continuaban operando sin la tarjeta de servicio público obligatoria, Roldán se dirigió un escrito al entonces delegado del Gobierno, José Miñones, quien a su vez trasladó la denuncia a la Guardia Civil, según una comunicación firmada por el secretario general de la Delegación del Gobierno en Galicia, Alberto de la Fuente Seoane.
Denuncia enviada al Ministerio del Interior enviada en 2022. Fuente: Hercules Diario
Dado que la situación no se resolvió, el 8 de septiembre de 2022 José Luis envió un escrito al presidente de la Xunta de Galicia, advirtiendo que esta cuestión había sido puesta en conocimiento de la Dirección General de Movilidad e Infraestructura y que la información estaba respaldada por un informe de una agencia de detectives.
Sin embargo, no recibió respuesta. Posteriormente, el 29 de septiembre, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, respondió a la denuncia señalando que la cuestión estaba fuera de sus competencias y que el escrito sería remitido a la Dirección General de Transporte Terrestre para que tomaran las medidas pertinentes.
El Ministerio del Interior y la Xunta de Galicia guardan silencio ante un presunto fraude millonario
El 8 de octubre de 2022, José Luis presentó un nuevo escrito ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dirigido a la ministra Raquel Sánchez Jiménez, con el fin de alertar sobre las irregularidades en la distribución de Coca-Cola.
Aunque la ministra sí respondió, afirmó que no podía hacer más de lo que ya estaban haciendo las instituciones competentes, como la Xunta de Galicia a través de la Dirección General de Movilidad e Infraestructura, la Jefatura de Tráfico de A Coruña o la propia Guardia Civil.
Ante la falta de avances, José Luis decidió remitir toda la documentación al portavoz del PSOE en Galicia y al portavoz del BNG, pero no obtuvo respuesta ni se realizaron preguntas en el Parlamento autonómico sobre la denuncia.
En un nuevo intento por lograr atención política, contactó con Javier Ortega-Smith, portavoz de Vox, con la intención de que se plantee el asunto en el Congreso de los Diputados. Aunque Ortega-Smith mostró disposición para trasladar el caso a la Comisión de Transportes del Congreso, Vox finalmente no actuó.
Sin recibir respuestas concretas, José Luis envió escritos a Ethel María Vázquez Mourelle, conselleira de Infraestructuras y Movilidad, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y al General de la Guardia Civil, pero ninguno respondió.
En mayo de 2023, aún sin soluciones, José Luis decidió escribir al ministro de Transportes, Óscar Puente, quien al mes respondió indicando que el caso sería remitido nuevamente al ministerio dirigido por Grande-Marlaska. Cuatro meses después, un coronel de la Guardia Civil comunicó que la carta dirigida a Óscar Puente había sido enviada a la Subdirección General de Inspección de Transporte de la Xunta de Galicia, organismo autonómico competente en materia sancionadora.
Denuncia enviada al fiscal general del Estado. Fuente: Hercules Diario
Ante la persistencia del problema, se enviaron nuevas cartas a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a la Policía Local de Lugo, a la diputada del BNG, Ana Pontón, al diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Armando Ojea Bouzo, al diputado del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, a la diputada de Unidas Podemos, Ione Belarra Urteaga, y al diputado de ERC, Gabriel Rufián Romero, sin recibir respuesta de ninguno de ellos.
A día de hoy, ningún político ha tomado concretas para frenar esta práctica, que representa un fraude de medidas de cientos de millones de euros. En Lugo circulan entre 30 y 35 camiones diariamente, en Ourense una cantidad similar, y en Pontevedra y A Coruña, incluyendo ciudades como Santiago, Ferrol y Vigo, se estima que en Galicia entre 220 y 230 camiones operan de manera irregular.
Si se multiplica esta cantidad por la multa de 4.001 euros por camión sin tarjeta y se suman 401 euros adicionales por cargador (tiene que saber, que a quien carga debe estar debidamente habilitado para hacer el transporte), el fraude asciende a cifras multimillonarias. Se calcula que esta irregularidad ocurre a nivel nacional, generando un fraude mensual de 500 millones de euros en sanciones evitadas, lo que en diez años de infracciones elevaría la cifra a millas de millones de euros.
Camiones de Estrella Galicia entregando productos de Coca Cola en Galicia. Fuente: Hercules Diario
A pesar de las numerosas denuncias presentadas y de las pruebas aportadas, ninguna administración ha tomado medidas efectivas para frenar estas presuntas irregularidades en la distribución de Coca-Cola y Estrella Galicia en Galicia. Mientras tanto, millas de camiones continúan operando sin las tarjetas de servicio público requeridas, afectando la competencia y generando un fraude multimillonario que, hasta la fecha, sigue sin solución.
Diario Hércules se ha puesto en contacto con los ministerios, Xunta de Galicia y autoridades competentes anteriormente mencionadas, pero no obtuvo respuesta.
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