La jueza está estudiando el recurso presentado por ambas agrupaciones políticas, las cuales piden investigar al sospechoso por un contrato millonario
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Imagen: EFE
La jueza que lleva el caso de fraude fiscal de 350.000 euros contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se encuentra próxima a decidir sobre el recurso de reforma presentado por el PSOE y Más Madrid. Estas formaciones solicitan que se amplíe la investigación a posibles nuevos delitos cometidos por el empresario. Mientras tanto, la jueza ha paralizado el acuerdo de conformidad que González Amador busca alcanzar, el cual incluye una condena de ocho meses de prisión que le permitiría evitar la cárcel a cambio de admitir los delitos y pagar una multa cercana al medio millón de euros.
Condiciones del acuerdo de conformidad
El borrador del acuerdo, que presuntamente cuenta con el visto bueno de González Amador y la Fiscalía Provincial de Madrid, establece que el empresario aceptaría haber cometido dos delitos contra Hacienda, relacionados con el Impuesto de Sociedades, por un importe superior a 350.000 euros. A cambio, se le impondría una pena de ocho meses de prisión y una multa de 489.330 euros. La Fiscalía no se opondría a la suspensión de la pena, ya que González Amador no tiene antecedentes y se ha comprometido a saldar las responsabilidades civiles.
La Abogacía del Estado no se opone a este acuerdo, pero condiciona su adhesión a la resolución de los recursos presentados por las acusaciones populares, que insisten en que existen pruebas de otros delitos como falsedad contable, corrupción en los negocios y administración desleal.
Nuevas sospechas sobre contratos
El recurso presentado por el PSOE y Más Madrid también señala la existencia de movimientos sospechosos en las cuentas de las empresas de González Amador. Entre estos, destacan la compra de abonos de clubes deportivos, relojes de lujo y vehículos de alta gama, que, según las acusaciones, no se corresponden con la actividad de las compañías. Asimismo, piden investigar un contrato de 949.000 euros firmado en diciembre de 2020 para la realización de análisis de muestras no fisiológicas, así como otro acuerdo posterior con Quirón Prevención, del que González Amador habría obtenido un beneficio de 93.000 euros en un solo mes.
Rechazo a la ampliación de la investigación
La jueza ya ha desestimado una petición previa de las acusaciones populares para investigar nuevos delitos atribuidos a González Amador. Además, la defensa del empresario recuerda que la Audiencia Provincial de Madrid ha negado la legitimidad de las acusaciones para ejercer la acción popular en el delito contra la Hacienda Pública. Según la Audiencia, este delito afecta únicamente al patrimonio del Estado, cuya defensa corresponde exclusivamente a la Abogacía del Estado. Si la jueza rechaza nuevamente las diligencias solicitadas y su decisión es confirmada, PSOE y Más Madrid podrían quedar fuera del proceso judicial.
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