Jucil considera que el acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts responde a una estrategia pata desmantelar la presencia de las FCSE
The post Puigdemont reivindica la cesión de las competencias de inmigración a la Generalidad first appeared on Hércules. Carles Puigdemont, presidente de junts, ha reivindicado este martes el acuerdo alcanzado entre su partido y el PSOE. Este acuerdo afianzaría la cesión de las competencias en materia de inmigración a la Generalidad catalana. Esta decisión representa la asunción de cuestiones que son “competencias que normalmente ejercen los Estados”, ha celebrado Puigdemont.
Durante una rueda de prensa celebrada este martes el presidente del partido independentista ha señalado que “Cuando entre en vigor la ley, nuestro sistema político e institucional gestionará competencias que normalmente ejercen los Estados. Y esto exige una gran responsabilidad y preparación, que no será sencilla pero que estamos dispuestos a hacer. Al final estaremos mucho más preparados para el futuro como nación”.
PSOE y Junts han registrado en el Congreso de los Diputados una propuesta para que se lleve a cabo la cesión de competencias en materia de inmigración a Cataluña. Esta iniciativa incluye la gestión de la Generalidad de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o la devolución de los extranjeros que tengan prohibición de entrada
Sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), ha llamado a hacer un replanteamiento integral de su gestión al considerar que son inaceptables desde un punto de vista humano: “No pueden ser simplemente almacenes de personas con las que no sabemos qué hacer”. “Cataluña debe tener una respuesta para esto que tenga que ver con el proceso de integración y con el respeto a los derechos fundamentales”, ha defendido.
JUCIL, asociación mayoritaria en la Guardia Civil, considera que el acuerdo alcanzado entre los grupos parlamentarios del PSOE y Junts en materia de inmigración responde a una estrategia planificada para desmantelar la presencia de este cuerpo de seguridad del Estado en Cataluña.
La asociación anuncia que defenderá por todos los medios a su alcance la presencia del instituto armado en Cataluña en el marco de las competencias que le atribuye la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Los acuerdos alcanzados recientemente entre fuerzas políticas que abogan por la independencia de Cataluña y el PSOE relativos a las competencias de los distintos cuerpos policiales presentes en esta comunidad autónoma suponen de facto el desmantelamiento progresivo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en esta parte del territorio nacional.
La asociación profesional mayoritaria del Instituto lamenta la nueva cesión de competencias a los Mossos d’Esquadra
De hecho, aunque el documento firmado por ambos partidos se habla de “delegación de competencias”, también señala que “en materia de inmigración Catalunya podrá desarrollar un modelo propio, una política integral, dado que en todas las fases de la relación de los inmigrantes con la administración las instituciones catalanas tendrán una posición determinante en el marco de la legislación internacional europea y del estado español”.
Algunos de estos acuerdos, que se explican en buena medida por las transacciones a las que se ven abocados los gobiernos de España y Cataluña por su debilidad en los respectivos parlamentos, han sido ya recurridos en los tribunales por las asociaciones profesionales de la Guardia Civil por violentar la legislación vigente.
Tal es el caso del traspaso de competencias en protección de la naturaleza de la Guardia Civil a los Mossos d’Esquadra. De hecho, la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admitió a trámite el recurso interpuesto por JUCIL el pasado 29 de enero contra el acuerdo de la Junta de Seguridad de Cataluña de 5 de diciembre de 2024 por el que se traspasan a los Mossos d’Esquadra las competencias sobre protección de la naturaleza y medio ambiente que actualmente ejerce la Guardia Civil. Se considera que el acuerdo adoptado es contrario a la legislación vigente y que por lo tanto es nulo de pleno derecho, debiendo retornar dichas competencias a la Guardia Civil.
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