El Gobierno quiere que las causas penales sean instruidas por la fiscalía otorgándole una mayor autonomía, aunque esto podría generar controversia
The post ¿Qué podría ocurrir si los fiscales sustituyen a los jueces? first appeared on Hércules. España se rige actualmente por un modelo mixto, en el que un juez de instrucción dirige la fase de investigación y decide sobre medidas cautelares, mientras que el fiscal ejerce como parte acusadora. El paso a un sistema donde el fiscal instruye la causa penal supone acercarse al modelo acusatorio, común en la mayoría de las democracias europeas, donde la Fiscalía dirige la investigación y el juez garantiza los derechos fundamentales de las partes como juez de garantías, interviniendo solo para autorizar medidas que afectan a derechos fundamentales (registros, prisiones provisionales, etc.).
Concentración de funciones en un órgano jerárquico
El Ministerio Fiscal es una institución jerarquizada, lo que implica que los fiscales están sujetos a instrucciones de sus superiores. Esto plantea preocupaciones sobre la independencia de la investigación penal, especialmente en causas que afecten al poder político o económico. Si el fiscal general del Estado (nombrado por el Gobierno) puede influir directa o indirectamente en una investigación, la imparcialidad del proceso podría verse comprometida.
Con este modelo, el juez deja de ser el instructor y pasa a ser un juez de garantías, como ocurre en países como Francia o Italia. Su función es asegurar el respeto a los derechos fundamentales y controlar la legalidad de la actuación del fiscal durante la investigación. Es decir, actúa como árbitro imparcial que supervisa el trabajo del fiscal sin dirigirlo. Este modelo exige una gran especialización judicial y un fuerte compromiso institucional con la separación de poderes.
Mayor eficacia y especialización en la investigación
Los defensores del nuevo modelo argumentan que permitir a los fiscales dirigir las investigaciones agiliza los procesos, evita duplicidades y favorece una mayor especialización, ya que el Ministerio Fiscal puede organizar unidades temáticas, coordinar con policía judicial de forma más directa y adoptar estrategias investigativas a medio plazo. Además, se considera que, al tener una visión de conjunto del caso, el fiscal puede decidir con mayor racionalidad qué causas tienen base sólida para llegar a juicio.
Reorganización del sistema judicial
La transferencia de la instrucción a la Fiscalía implica una reestructuración profunda del funcionamiento de los juzgados y de los órganos de investigación. Será necesario redefinir competencias, dotar de medios técnicos y humanos a las fiscalías, formar a los nuevos fiscales instructores y redefinir el papel de la policía judicial. Es una reforma costosa, compleja y de largo recorrido que exige consenso político y compromiso institucional.
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