La ampliación de capital impulsada por el presidente del grupo mediático desata una batalla legal entre los accionistas alineados con Moncloa
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Joseph Oughourlian, durante la apertura del evento ‘World in Progress’ de Grupo Prisa en Barcelona // Alberto Paredes – Europa Press
El conflicto interno en Prisa ha alcanzado un nuevo nivel con la demanda presentada por Global Alconaba contra Joseph Oughourlian, presidente del grupo. La disputa surge a raíz de la ampliación de capital de 40 millones de euros, promovida por Oughourlian para reducir la elevada deuda de la compañía. Sin embargo, esta medida ha generado un fuerte rechazo entre algunos accionistas, quienes la interpretan como un intento del presidente de blindarse en el poder sin lanzar una OPA.
Una ampliación de capital polémica
La decisión del presidente de diluir la participación de los accionistas ha provocado la reacción inmediata de los afines a Moncloa, quienes ven en esta maniobra una estrategia para consolidar su control en la empresa. Para evitar perder su influencia, Oughourlian convirtió parte de unos bonos convertibles adquiridos por una de sus sociedades, asegurando así su 29,6% de participación en Prisa.
La denuncia presentada por Global Alconaba acusa al presidente de orquestar una serie de acciones con el único propósito de perpetuarse en el poder, perjudicando al resto de accionistas. Según el documento, la ampliación de capital fue diseñada para excluir a los inversores que no estaban alineados con Oughourlian, afectando especialmente a socios como José Miguel Contreras y Adolfo Utor, quienes ya habían anunciado su intención de llevar el caso ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Otro punto clave en la demanda es la refinanciación de la deuda de Prisa, que asciende a 750 millones de euros. Oughourlian ha mantenido reuniones con importantes grupos inversores para renegociar estos compromisos financieros, una medida que ha sido interpretada por sus detractores como innecesaria y perjudicial para el grupo.
Los empresarios opositores sostienen que la deuda no vence hasta el próximo año, por lo que la urgencia de renegociación responde más a los intereses personales del presidente que a los de la compañía. Además, el acuerdo de refinanciación incluye una cláusula de control que permite a Oughourlian mantener su posición privilegiada en el consejo de administración, ya que cualquier cambio en la presidencia podría adelantar el vencimiento del préstamo, generando un grave riesgo financiero para Prisa.
El rechazo de la familia Polanco
Dentro de la guerra accionarial, Manuel Polanco, representante de la familia fundadora de Prisa, se ha opuesto abiertamente a la estrategia de Oughourlian. Su principal crítica es que la ampliación de capital perjudica la inversión de Rucandio S.A., su empresa, al no ofrecerles la posibilidad de suscribir nuevas acciones en condiciones preferentes.
Asimismo, varios consejeros del grupo también se han manifestado en contra de las medidas tomadas por el presidente. En particular, Isabel Sánchez García y María José Marín Rey-Stolle votaron en contra de la ampliación de capital, mientras que se abstuvieron en la votación sobre la refinanciación de la deuda.
“La clase de cláusulas como las que se incluyeron en la refinanciación posicionan al acreedor en un lugar de privilegio que le permitiría anunciar el vencimiento anticipado del préstamo por el mero hecho de que la sociedad (Prisa) decidiera un cambio en la presidencia del consejo o el cese de dicho presidente como consejero, lo que, como es lógico, generaría un perjuicio irreparable para los accionistas privados de sus facultades de control o, en su caso, para la sociedad ante su incapacidad para hacer frente a la deuda que sería exigible si venciera anticipadamente”, manifiesta la denuncia
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