La imposición de sanciones por parte de Trump a funcionarios de la CPI ha sido calificada como un ataque a la justicia internacional. La Corte ha respondido con un llamado a la comunidad global para defender su independencia
The post Rechazo global a la decisión de Trump de sancionar a la Corte Penal Internacional first appeared on Hércules. Un total de 79 países, entre ellos España, firmaron una declaración conjunta en defensa de la Corte Penal Internacional (CPI) tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de sancionar a sus funcionarios. La medida, respaldada por Israel y Hungría, ha sido duramente criticada por la Unión Europea, que considera que atenta contra la independencia del tribunal.
El documento, suscrito por diversas naciones europeas como Alemania, Francia y Reino Unido, advierte de que las sanciones impuestas por Washington aumentan el riesgo de impunidad para los crímenes más graves y ponen en peligro el acceso a la justicia para las víctimas. Aunque no menciona expresamente a Trump ni a su administración, la declaración señala que cualquier intento de debilitar la CPI erosiona el derecho internacional y la lucha contra la impunidad.
División internacional
La propia CPI ha condenado la decisión de Trump, instando a la comunidad internacional a unirse en defensa de la justicia global. La presidenta del tribunal, Tomoko Akane, ha reafirmado el compromiso de la institución con la protección de los derechos humanos, mientras que líderes europeos como el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han denunciado el impacto negativo de las sanciones en la credibilidad del sistema judicial internacional.
El exfiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo ha destacado que la raíz del conflicto radica en la investigación del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. En su opinión, la controversia plantea una cuestión fundamental: si la CPI debe juzgar solo a los adversarios de Estados Unidos o actuar con total imparcialidad.
Mientras tanto, Israel y Hungría han celebrado la medida impuesta por Washington. Netanyahu ha agradecido a Trump su apoyo, argumentando que la CPI no tiene autoridad sobre su país y calificando el tribunal como una institución politizada. En una línea similar, el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, ha afirmado que el organismo ha perdido credibilidad y se ha convertido en un instrumento de intereses sesgados.
Desde Países Bajos, sede de la CPI, el gobierno ha lamentado la postura de Estados Unidos y ha defendido la importancia del tribunal en la lucha contra la impunidad. Sin embargo, dentro de la política neerlandesa también existen divisiones, ya que el líder de la derecha radical, Geert Wilders, ha pedido el traslado del tribunal fuera de La Haya.
La orden de Trump establece restricciones financieras y restricciones de visados para aquellos funcionarios del tribunal que colaboren en investigaciones dirigidas contra ciudadanos estadounidenses o aliados de Washington. La CPI, creada mediante el Estatuto de Roma, tiene la misión de juzgar crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad, pero su jurisdicción no es reconocida por potencias como Estados Unidos, China, Rusia e Israel, que rechazan sus competencias cuando se trata de procesos contra sus propios nacionales o aliados estratégicos.
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