El Banco Mundial reanuda sus vínculos con Siria bajo el nuevo liderazgo de HTS, respaldado por el levantamiento de sanciones tras gestiones del Golfo y EE.UU. Aunque presentado como cooperación técnica, el retorno marca el inicio de una liberalización agresiva condicionada a reformas estructurales
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En medio del colapso institucional sirio, marcado por sanciones, guerra civil y fragmentación política, el Banco Mundial ha reactivado sus vínculos con Damasco, ahora bajo el mando de Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Este renovado interés, de ritmo vertiginoso, se produjo tras el pago, a través de intermediarios saudíes y qataríes, de la deuda atrasada de Siria con el Banco, cifrada en unos 15,5 millones de dólares.
Este giro dramático en la relación entre Siria y el Banco Mundial coincidió con una cadena de acontecimientos inesperados. En primer lugar, Washington degradó la representación diplomática de Siria ante la ONU, declarándola entidad no reconocida, aunque reiteró su exigencia de una transición inclusiva. Segundo, diversas potencias regionales, incluyendo Emiratos Árabes, Turquía y Egipto, instaron a EE.UU. a permitir la presencia de funcionarios sirios en las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco en 2025. Tercero, y más decisivo aún, el Fondo nombró un delegado especial para Siria, y poco después, Donald Trump, en visita oficial a Riad, anunció el fin de las sanciones tras una reunión con Ahmad al-Sharaa, nuevo líder interino.
Este repentino deshielo plantea interrogantes de peso: ¿Tomó el Banco decisiones ajenas a la brújula geopolítica estadounidense? ¿Habría procedido sin el gesto de Trump? ¿Fue la exclusión anterior sólo por deudas impagas o respondía a una postura ideológica contra el régimen de Assad?
Siria, país miembro del Banco desde 1947, ha transitado múltiples fases de interacción y ruptura. Aunque su economía de orientación socialista resistía los dogmas del libre mercado, accedió ocasionalmente a asistencia técnica limitada, defendiendo su modelo estatal y las redes de subsidios.
La cooperación se dividió en tres periodos clave. El primero, entre 1963 y 1974, se concretó en cuatro créditos por 48,6 millones de dólares. El segundo, de 1974 a 1986, amplió la cartera a quince préstamos. Pero fue entre 2002 y 2011 cuando se profundizó el vínculo: ya sin deuda pendiente, Siria recibió asesoramiento extenso del Banco, especialmente impulsado por Abdullah al-Dardari, entonces alto cargo económico.
Cada etapa coincidió con momentos de fragilidad estructural en Siria o presiones geopolíticas externas. La colaboración de los años 2000 se alió con la cruzada de liberalización estadounidense tras el 11-S, momento en el que Damasco intentó modernizarse sin desmantelar su Estado protector.
Aunque hubo cierta convergencia con las recetas neoliberales del FMI y el Banco, el gobierno sirio titubeó a la hora de liberalizar por completo su economía. La severa sequía de 2006-2008 y la explosión de precios del combustible en 2008 reforzaron su cautela ante la austeridad.
La revisión de 2009 del FMI elogió las reformas fiscales y los avances en gobernanza pública. Sin embargo, los lapsos de alejamiento también fueron largos. Entre 1986 y 2002, las sanciones y la crisis económica cortaron toda relación. Desde 2011 hasta 2025, el conflicto armado y la presión internacional aislaron de nuevo a Siria, aunque el Banco mantuvo informes sobre su descomposición. Sus evaluaciones de 2017 y 2020 alertaron de pérdidas económicas por 226.000 millones de dólares —cuatro veces el PIB de 2010— y documentaron el daño regional inducido por la guerra.
Los países del Golfo, al facilitar el regreso de Siria al tablero financiero, buscan reposicionarse como actores centrales en la reconstrucción. Este gesto les permite no sólo ejercer influencia sobre el nuevo liderazgo sirio, sino también amortiguar tensiones regionales, controlar los ritmos del retorno económico y usar su peso financiero como capital diplomático.
Para Turquía, alinearse con FMI y Banco Mundial facilita una gestión técnica del conflicto: control de frontera, retorno de refugiados y comercio transfronterizo regulado.
La legitimidad del nuevo gobierno sirio apenas figura en los cálculos del Banco Mundial. En cambio, su nueva dirección —aunque aún bajo sanción y con un pasado yihadista— ha demostrado predisposición hacia las políticas ortodoxas del FMI: privatización acelerada, supresión de subsidios, despidos masivos, liberalización del tipo de cambio y eventual flotación de la libra siria.
Esta afinidad ideológica, no obstante, necesitó refuerzo externo . Arabia Saudita, Qatar y Turquía desempeñaron roles decisivos en la intermediación, con el consentimiento implícito de EE. UU. Según medios estadounidenses, las conversaciones que condujeron al levantamiento de sanciones fueron largas, discretas y bilaterales entre Trump y los nuevos dirigentes sirios. La aprobación de Washington, directa o delegada, fue ineludible.
Aunque el gobierno de transición asegura que busca exclusivamente cooperación técnica, la historia sugiere lo contrario. Cuando las demandas de reconstrucción se disparan, incluso los gobiernos más reacios acaban claudicando ante préstamos condicionados. Y entonces los defensores de la ortodoxia económica presionan con más fuerza.
Hoy, el personal del Banco Mundial ya se encuentra en Siria, evaluando infraestructuras, inventariando activos públicos y manteniendo reuniones privadas con ministerios. Este tipo de “apoyo técnico” frecuentemente antecede a programas de préstamos con exigencias estructurales. La gran incógnita es hasta qué punto este gobierno interino adoptará medidas dictadas por instituciones financieras internacionales en un país donde el 90 % de la población vive en la pobreza, y dos tercios en pobreza extrema.
Aunque no se han difundido públicamente las condiciones de ningún acuerdo, circulan sospechas de que futuras ayudas podrían depender de concesiones diplomáticas, incluida la posible normalización con Israel. Este patrón ya ha sido visto en Líbano, donde los créditos multilaterales se ofrecieron con cláusulas explícitas. El camino hacia la reintegración financiera está despejado. Pero para Siria, la factura podría pagarse con sus bienes comunes y su tejido social.
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