El desembolso en sueldos del sector público ha aumentado un 35% desde que Pedro Sánchez llegó al poder en 2018, marcando cifras sin precedentes
The post Récord histórico: España supera los 170.000 millones en gasto público en empleo first appeared on Hércules. El gasto en empleo público en España ha alcanzado una cifra récord de 172.350 millones de euros en 2024, lo que supone un aumento del 5,4% respecto a 2023 y un crecimiento acumulado del 35% desde 2018, cuando Pedro Sánchez asumió el poder tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. Este aumento convierte el capítulo de personal en uno de los más significativos de las cuentas públicas.
Según los datos del Boletín estadístico de personal al servicio de las Administraciones Públicas de enero de 2025, más de tres millones de personas trabajan en el sector público en España. De ellos, 1,63 millones son funcionarios, lo que representa el 53,81% del total. La mayoría de estos trabajadores están contratados por las Comunidades Autónomas, responsables de competencias clave como sanidad y educación.
El coste del empleo público se dispara bajo el mandato de Pedro Sánchez
La comparación histórica pone en evidencia el impacto del actual Ejecutivo. En 2006, bajo el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, el gasto en empleo público se situaba en 98.104 millones de euros, muy por debajo de los niveles actuales. Entre ese año y 2017 —el final del mandato de Rajoy— el crecimiento del gasto fue del 26%. En contraste, solo durante el mandato de Sánchez el aumento ha sido de más del 35% en seis años.
Durante el Gobierno del Partido Popular entre 2012 y 2018, el empleo público aumentó de forma contenida, con apenas 14.038 nuevas incorporaciones. Sin embargo, el mandato de Sánchez ha estado marcado por una expansión del gasto público, sostenida por una política económica centrada en el refuerzo del Estado y de los servicios públicos, muchas veces en medio de críticas por el desequilibrio con el sector privado, cuyos salarios reales han permanecido prácticamente estancados.
El análisis del reparto por administraciones revela que el 62,66% de los empleados públicos dependen de las Comunidades Autónomas, frente al 19,50% que trabaja para las entidades locales y el 17,75% para la Administración Central. Esta distribución se explica en gran parte por el traspaso de competencias en materia de educación, sanidad y servicios sociales a los gobiernos autonómicos.
En concreto, casi 100.000 empleados públicos están adscritos a los ministerios, mientras que los ayuntamientos y otras entidades locales cuentan con 527.204 trabajadores. Estos datos reflejan una estructura estatal altamente descentralizada, en la que las regiones concentran la mayor parte del gasto en personal.
El fuerte aumento del gasto en salarios públicos ha generado debate sobre su sostenibilidad a medio plazo. Economistas y organismos internacionales han advertido del riesgo que supone mantener esta trayectoria en un país con una deuda pública que roza el 110% del PIB y con un mercado laboral privado que no termina de despegar en productividad ni en calidad del empleo.
Además, sectores críticos alertan de que este crecimiento del empleo público no siempre se ha traducido en mejoras proporcionales en la eficiencia o en la calidad de los servicios, y que existe una brecha creciente entre las condiciones laborales del sector público y el privado, especialmente en materia salarial, estabilidad y pensiones.
Frente a las críticas, el presidente Pedro Sánchez ha defendido reiteradamente la expansión del sector público como una “apuesta por el Estado del bienestar” y por la cohesión social, subrayando que “invertir en empleados públicos es invertir en servicios esenciales”. No obstante, los datos revelan una tendencia creciente que tensiona las cuentas públicas y que podría convertirse en un eje clave del debate político y económico en los próximos años.
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