Este hecho se suma a otra serie de hurtos, los cuales afectaron al arquitecto que reformó el ático en el que vive el novio de Ayuso
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Imagen: la abogada Guadalupe Sánchez
Dos abogados de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han denunciado el allanamiento de sus viviendas y el robo de dispositivos electrónicos en los últimos días. Entre los afectados se encuentra Guadalupe Sánchez, letrada que sufrió el 10 de enero de 2025 la sustracción de un ordenador MacBook Air de su domicilio. Inicialmente, no vinculó el hecho con su labor profesional, aunque su perspectiva cambió al conocer otros incidentes similares en el entorno cercano a González Amador.
Investigación en marcha
Según ha informado El Confidencial, la Guardia Civil está liderando las pesquisas para esclarecer los hechos. Sánchez amplió su denuncia el 17 de enero, considerando la posibilidad de que los allanamientos estén relacionados con los casos judiciales que lleva, incluyendo la defensa de González Amador en las demandas por derecho al honor contra miembros del Gobierno, entre ellos el presidente Pedro Sánchez.
Incidentes que se acumulan
El arquitecto encargado de la reforma del ático de Díaz Ayuso también denunció un allanamiento en su domicilio durante el fin de semana del 17 al 19 de enero. Las grabaciones de seguridad muestran a dos personas entrando de madrugada y desactivando las cámaras con linternas.
Además, el propio González Amador fue víctima de un incidente cuando desconocidos accedieron a su vehículo en el aparcamiento de su lugar de trabajo. Aunque los intrusos no robaron dinero ni documentación, el hecho generó suspicacias en el equipo legal del empresario, que lo considera parte de una posible serie de actos coordinados.
Posibles conexiones entre los casos
La suma de estos eventos ha generado preocupación en el entorno legal y personal de González Amador. Las denuncias apuntan a un posible patrón de intimidación o espionaje relacionado con los casos judiciales de alto perfil que involucran al empresario, quien enfrenta acusaciones relacionadas con la revelación de secretos del fiscal general del Estado.
La investigación continúa bajo la supervisión de la Guardia Civil, mientras las sospechas sobre una posible campaña coordinada crecen entre los afectados.
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