La oferta ha caído un 17,5% desde 2023 y el precio medio del alquiler se ha encarecido un 24%, mientras las zonas tensionadas apenas avanzan
The post Sánchez le quita a las CCAA las competencias para nombrar zonas tensionadas ante el fracaso de la ley de vivienda first appeared on Hércules. La Ley de Vivienda, aprobada el 24 de mayo de 2023, cumple su segundo aniversario envuelta en una fuerte controversia política y social. Lejos de cumplir su principal objetivo, facilitar el acceso a una vivienda digna mediante el control de precios en zonas tensionadas, el mercado del alquiler ha registrado una caída del 17,5% en la oferta y un encarecimiento del 24,3% en los precios medios, según datos de Idealista. La medida estrella del Gobierno, la declaración de zonas tensionadas, avanza con lentitud: solo cuatro comunidades autónomas la han aplicado o están en proceso, mientras que las gobernadas por el Partido Popular la rechazan frontalmente.
Dos años de ley: menos pisos y alquileres más caros
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, insiste en que la norma “funciona” y que no puede atribuírsele toda la responsabilidad de la crisis habitacional. Esta semana ha anunciado una partida extraordinaria de 35 millones de euros destinada a las comunidades que ya hayan declarado zonas tensionadas o estén tramitándolo, con prioridad para acceder a los suelos de la empresa pública SEPES. Aun así, el propio Ejecutivo se ha visto obligado a dar un giro: ante la pasividad de la mayoría de autonomías, el PSOE ha presentado una proposición de ley para que el Ministerio pueda declarar zonas tensionadas de forma unilateral —aunque solo a efectos fiscales—.
Cataluña, pionera en aplicar los topes de alquiler, ha desplegado la medida en 271 municipios, incluidos Barcelona y su área metropolitana, y asegura que los precios han bajado allí un 3,7% en un año. Le siguen el País Vasco, con municipios como Errenteria, Barakaldo o San Sebastián en trámites, Navarra, que acaba de solicitarlo para 21 localidades, y Asturias, aún en fase inicial. Pero el resto del territorio sigue paralizado: Castilla-La Mancha ni siquiera ha iniciado los trámites, y 11 comunidades gobernadas por el PP se oponen a cualquier intervención del mercado.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido la derogación de la ley por sus efectos “devastadores” y acusa al Gobierno de invadir competencias autonómicas. El partido sostiene que la norma ha generado inseguridad jurídica, ha retraído inversiones y ha empujado a muchos propietarios a retirar sus pisos del alquiler tradicional.
Alquileres temporales y deducciones
Ante el endurecimiento de las condiciones para alquilar en zonas reguladas, los arrendamientos temporales se han duplicado en los últimos dos años. Muchos propietarios han optado por esta fórmula para esquivar la ley y obtener mayor rentabilidad, ya que estos contratos no están sometidos a los límites de precios ni a las obligaciones del alquiler habitual.
Para frenar esta deriva, el PSOE propone ahora una mejora de las deducciones fiscales para quienes alquilen en condiciones ventajosas. Por ejemplo, aquellos que alquilen por primera vez o rebajen el precio un 5% respecto al contrato anterior podrían acceder a bonificaciones del 60% al 100% en el IRPF, según el perfil del inquilino o la localización del inmueble. Estas deducciones, hasta ahora limitadas a zonas tensionadas oficialmente declaradas, estarían disponibles si el Gobierno central asume la competencia de identificarlas, aunque solo con efectos tributarios.
Mientras tanto, la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) advierte de que dos de cada cinco agencias han detectado una caída de más del 50% en la oferta de pisos en alquiler, mientras la demanda sigue creciendo —un 20% más desde 2023—. Su presidente, José María Alfaro, afirma que “la escasez se ha extendido como una mancha de aceite” incluso en las periferias urbanas, y que la ley “ha agravado claramente” el problema.
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