Sánchez revoca la compra de balas a Israel por el miedo de romper con Sumar e IU

El presidente ordena cancelar un contrato ya publicado en el BOE tras las presiones de Yolanda Díaz y las amenazas de crisis en la coalición
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La orden de revocar el contrato ha partido directamente de la Presidencia del Gobierno, según han confirmado fuentes de Moncloa, y se ejecutará mediante la rescisión unilateral del acuerdo con IMI Systems, la empresa proveedora. El importe del contrato asciende a 6,6 millones de euros, y su ruptura podría acarrear consecuencias legales que ya estudia la Abogacía del Estado.

Presiones internas y amenazas de ruptura

El detonante del cambio fue la firme oposición de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien desde Toledo calificó la compra como una “vulneración flagrante de la legalidad internacional y de los acuerdos de Gobierno”. Díaz, líder de Sumar, exigió a Sánchez la cancelación inmediata para aplacar la tensión creciente entre las formaciones que integran su espacio político.

La dirigente gallega se comunicó con Sánchez y con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desde el martes, en cuanto trascendió que el contrato había sido reactivado tras seis meses de suspensión. La presión surtió efecto, y Moncloa optó por priorizar la estabilidad del Ejecutivo.

La crisis amenazaba con fracturar la coalición de Gobierno. Izquierda Unida llegó a amenazar con abandonar el Ejecutivo si el contrato no se anulaba, aunque la salida inmediata parecía complicada por la resistencia de la ministra Sira Rego a renunciar a su cargo.

Yolanda Díaz convocó una reunión de la mesa de partidos de Sumar con el riesgo de que se evidenciara una división interna insalvable. Tras el anuncio de la revocación, la vicepresidenta declaró que “no hay ninguna crisis de Gobierno”, aunque las tensiones siguen latentes.

El Gobierno justifica la marcha atrás

Desde Moncloa han querido cerrar filas y han explicado que la decisión de cancelar la compra responde al compromiso firme con la causa palestina y la paz en Oriente Medio. Recuerdan que, desde el 7 de octubre de 2023, “España no compra ni vende armamento a empresas israelíes” y que cualquier procedimiento abierto anterior a esa fecha “no se ejecutará si incluye material bélico”.

Además, la Junta de inversión de material de doble uso denegará el permiso de importación del pedido en cuestión, impidiendo que las balas lleguen a territorio español. Interior, por su parte, mantiene otro contrato con la misma empresa, pero asegura que se trata de material de protección no letal.

La revocación del contrato abre un nuevo frente legal. La ruptura unilateral de un acuerdo de esta magnitud implica riesgos jurídicos y económicos. El Ejecutivo ha activado un equipo jurídico para minimizar el impacto de posibles reclamaciones por parte de IMI Systems.

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