El Gobierno incumple por segundo año consecutivo el mandato constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado
The post Sánchez va en contra de la Constitución al negarse a presentar los Presupuestos de 2025 first appeared on Hércules. España vive una situación inédita desde la restauración de la democracia: el Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado caducar, por segundo año consecutivo, el plazo constitucional para presentar los Presupuestos Generales del Estado. Las cuentas vigentes son aún las de 2023, prorrogadas de forma automática, en virtud del artículo 134.4 de la Constitución. Pero el problema no reside en la prórroga —prevista en la ley—, sino en la falta total de voluntad del Ejecutivo por cumplir su obligación constitucional de presentar un nuevo proyecto.
La Constitución es clara. El artículo 134.3 establece que el Gobierno “deberá presentar” los Presupuestos al Congreso “al menos tres meses antes” del fin del ejercicio anterior. Es decir, los Presupuestos de 2025 debieron entrar en el Congreso antes del 1 de octubre de 2024. No solo no se han presentado, sino que el Ejecutivo ha renunciado a hacerlo sin ni siquiera oficializarlo, desafiando abiertamente a las Cortes Generales.
“Una vulneración grave de la Carta Magna”
Varios constitucionalistas consultados califican la situación de grave. Javier Tajadura, catedrático de Derecho Constitucional, advierte que esta actitud supone “un ataque sin precedentes al Parlamento, al que se priva de controlar al Gobierno y ejercer la oposición”. Según María Garrote, también profesora de Derecho Constitucional, el bloqueo impide que las Cortes ejerzan su función clave: aprobar el plan económico del Gobierno, “la manifestación de su programa político”.
Aunque la Constitución no contempla sanciones automáticas por no presentar los Presupuestos, sí se abre la puerta a un recurso ante el Tribunal Constitucional por conflicto de atribuciones entre el Ejecutivo y las Cortes. Sería una batalla institucional sin precedentes en la democracia reciente.
El malestar parlamentario se ha plasmado esta semana en una moción del PP aprobada en el Congreso que insta al Gobierno a cumplir la Constitución y presentar las cuentas de 2025. La moción ha contado con el respaldo de varios socios del Ejecutivo, como ERC, Podemos y BNG. Solo el PSOE, Sumar y el PNV han votado en contra. Aunque no es vinculante, la moción refleja la pérdida de apoyos de Sánchez y el hartazgo creciente en las filas de su investidura.
La situación ha llevado a una paradoja inédita: un Gobierno en pleno ejercicio, con mayoría relativa, se niega a presentar la norma más importante del año. Históricamente, la imposibilidad de aprobar unos Presupuestos se ha considerado motivo suficiente para convocar elecciones. Pero Sánchez insiste en agotar la legislatura hasta 2027, aferrado al argumento de que “la administración tiene margen” para seguir funcionando con cuentas prorrogadas.
La mayoría de investidura, hecha trizas
La falta de Presupuestos es la consecuencia directa del colapso de la mayoría parlamentaria que dio el poder a Sánchez. Junts, ERC y Podemos han endurecido sus condiciones para apoyar unas nuevas cuentas. Desde la amnistía a Puigdemont hasta la condonación de deuda a Cataluña o el traspaso total de Rodalies, las exigencias han hecho imposible cualquier consenso. Mientras tanto, el Ejecutivo destina más de 10.000 millones de euros adicionales a Defensa sin votación parlamentaria, en un gesto que ha irritado aún más a sus antiguos aliados.
Ni siquiera el intento de redirigir el debate hacia los Presupuestos de 2026 ha calmado las aguas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya trabaja en esas cuentas, pero sin garantías de apoyo y sin haber cumplido antes con la legalidad vigente.
Lo que se presenta como una estrategia política para ganar tiempo es, en realidad, una grave dejación de funciones constitucionales. El uso interesado del artículo 134.4 como coartada para no presentar Presupuestos es, según los expertos, una interpretación torticera. “La prórroga está prevista solo como solución excepcional, no como sistema ordinario de gobierno”, recuerda el profesor Manuel Sánchez de Diego.
El caso de Sánchez supone la institucionalización de una anomalía democrática: un Ejecutivo que rehúye el debate presupuestario, bloquea el control parlamentario y desprecia el marco constitucional. El Congreso ha hablado, pero el presidente del Gobierno guarda silencio. Y mientras tanto, España continúa funcionando con unas cuentas diseñadas hace más de dos años, en una realidad económica y política completamente distinta.
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