El Ministerio de Mónica García plantea una reforma legal para impedir que padres o familiares frenen el derecho a la muerte digna
The post Sanidad estudia blindar la eutanasia ante injerencias familiares first appeared on Hércules. El Gobierno se moviliza ante dos casos judiciales que han puesto en jaque la Ley de Eutanasia. El Ministerio de Sanidad, encabezado por Mónica García, estudia una posible reforma legal para asegurar que la voluntad del paciente sea la única que prevalezca en la solicitud de eutanasia, sin que padres u otros allegados puedan frenar el proceso por vía judicial. La medida responde a la preocupación generada por dos casos recientes, ambos en Cataluña, en los que la justicia paralizó la aplicación de la eutanasia a petición de los padres, pese a que los pacientes habían cumplido todos los requisitos legales.
La eutanasia en España
Desde su aprobación en 2021, la Ley de Eutanasia contempla un protocolo garantista que exige hasta tres manifestaciones de voluntad del paciente ante autoridades distintas, además de una evaluación médica que confirme que cumple las condiciones para recibir la ayuda a morir. Sin embargo, la reciente actuación de algunos jueces, a instancias de los progenitores de los solicitantes y con el respaldo legal de colectivos como Abogados Cristianos, ha generado inquietud en el Ejecutivo.
En el primer caso, el proceso fue retrasado durante meses hasta que finalmente la justicia reconoció el derecho de la hija a recibir la eutanasia. Pero el precedente más reciente, conocido en abril, ha seguido el mismo patrón: un juez suspendió el procedimiento a petición de los padres del paciente, pese a que este había seguido correctamente todos los pasos legales.
Respuesta del Ministerio de Sanidad
La ministra Mónica García ha dejado clara su intención de preservar el espíritu de la ley, que se basa exclusivamente en la voluntad del enfermo. “No se puede permitir que un tercero imponga su criterio en decisiones tan íntimas”, aseguran fuentes del Ministerio. En este sentido, Sanidad valora modificar el articulado para que no exista resquicio legal alguno que permita a la justicia frenar un procedimiento de eutanasia si el solicitante ha cumplido con los requisitos legales.
Por el momento, no se han marcado plazos para la reforma. El Gobierno prefiere observar cómo evolucionan los casos ya conocidos antes de introducir cambios legislativos. Aun así, desde el Ministerio se insiste en que si estas interferencias familiares se repiten, se actuará con determinación.
En los dos casos mencionados, los tribunales finalmente han acabado respetando la voluntad del enfermo, lo que ha dado cierto margen al Ejecutivo para evitar una reforma inmediata. Sin embargo, el departamento de Sanidad se mantiene alerta. “Si hay un tercer caso, actuaremos”, aseguran fuentes del Gobierno.
El debate se abre de nuevo en el seno de un Ejecutivo que busca consolidar los avances sociales de la anterior legislatura, y blindar un derecho que consideran fundamental. Mientras tanto, asociaciones en defensa de la eutanasia exigen mayor protección frente a lo que consideran una “vulneración de derechos” por parte de la justicia.
Aunque la reforma aún no está redactada, la intención política está clara: reforzar la ley para que ningún juez pueda anular una decisión tomada libre y conscientemente por un paciente terminal. La muerte digna, insisten desde el Ministerio, no puede depender de la voluntad de los padres, sino del individuo que sufre.
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