Los expedientes por “abuso de atribuciones” pasaron de 20 en 2021 a 78 en 2024, con sanciones que alcanzan la suspensión o incluso la expulsión
The post Se disparan los castigos en la Guardia Civil por uso indebido de bases de datos internas first appeared on Hércules. Una investigación interna tras otra. Así describen desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) lo que consideran una “cacería” contra los agentes que acceden a bases de datos internas como SIGO para hacer consultas no justificadas. Lejos de tratarse de casos aislados, los expedientes disciplinarios por este motivo se han multiplicado por cuatro en apenas tres años: de 20 en 2021 a 78 en 2024, una cifra sin precedentes en el cuerpo.
La tendencia, lejos de remitir, ha continuado en 2025, con 36 expedientes sólo en el primer trimestre. En total, más de 160 investigaciones abiertas en poco más de dos años, muchas de ellas por acciones que, según AUGC, responden a “actuaciones ordinarias y rutinarias” de los agentes.
El caso la matrícula de Puigdemont
La alarma saltó tras un expediente a un guardia civil de Badajoz, secretario provincial de AUGC, que fue sancionado con 15 días sin empleo ni sueldo por consultar en SIGO la matrícula del coche que utilizó Carles Puigdemont para evitar su detención en Barcelona en agosto de 2024. El agente lo hizo con sus propias claves, y la sanción llegó pese a no derivarse de la consulta ninguna acción policial.
Desde ese momento, la cascada de expedientes se ha acelerado. El último trimestre de 2024 acumuló 48 investigaciones, más que la suma de los tres anteriores, coincidiendo con la reaparición pública del expresidente catalán.
En paralelo, ha habido también reproches judiciales a cómo se inician estos procedimientos. Una juez ha acusado a un comandante de la Guardia Civil de expedientar a un teniente sin indicios sólidos, lo que podria señalar el uso arbitrario del régimen disciplinario en algunos casos.
Un marco legal desfasado y sanciones desproporcionadas
El régimen sancionador se ampara en la Ley Orgánica 12/2007, concretamente en su artículo 7.7, que castiga como “falta muy grave” el “abuso de atribuciones”. Aunque la ley no menciona expresamente las consultas indebidas en bases de datos, se recurre a esta figura para imponer sanciones durísimas: desde la suspensión de empleo hasta la expulsión definitiva del cuerpo.
La AUGC denuncia que esta interpretación genera un “efecto intimidante” entre los agentes. “Nos parece un despropósito calificar esos hechos como falta muy grave”, aseguran. De hecho, el 19% de los expedientes iniciados como falta muy grave entre 2021 y 2025 acabaron rebajados a falta grave, y otro 14% a leve, lo que evidencia, según la asociación, un uso abusivo del régimen disciplinario como herramienta de presión.
El resultado, advierten desde la AUGC, es un efecto perverso sobre el servicio público. Muchos guardias civiles evitan hacer consultas que podrían ser útiles para la investigación de delitos, por temor a acabar expedientados.
“Se está generando un clima en el que los compañeros prefieren no arriesgar, aunque eso signifique dejar pasar información que podría ser clave para localizar a un requisitoriado o prevenir un delito”, alertan.
Además, muchas de las consultas ahora sancionadas derivaban de avisos internos sobre coches sospechosos o hechos delictivos, en los que agentes de otras provincias colaboraban proactivamente. Esas actuaciones, lejos de ser premiadas, acaban en algunos casos con sanciones disciplinarias.
El informe elaborado por AUGC con datos de la propia Dirección General y resoluciones judiciales muestra que el 24% de las sanciones impuestas entre 2020 y 2023 fueron anuladas por los tribunales, y un 5% más fueron estimadas parcialmente. Sin consecuencias para quienes impusieron sanciones que después se tumbaron.
Para AUGC, este modelo revela una “política del miedo” estructural, que degrada la confianza interna, castiga la iniciativa y contribuye a la desmotivación de los agentes.
“No se trata de proteger la legalidad, sino de intimidar y controlar el cuerpo desde dentro”, concluye la asociación, que exige revisar el uso del artículo 7.7, adaptar el marco legal a la operativa real de los agentes y garantizar garantías básicas para los expedientados. De lo contrario, advierten, la Guardia Civil seguirá caminando por la peligrosa senda del descrédito interno y la inseguridad jurídica.
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