Los sindicatos policiales han desconvocado la manifestación prevista para este miércoles para centrar todos los esfuerzos en las víctimas de la DANA
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Imagen: Europa Press
“Ahora es el momento de centrar todos los esfuerzos en apoyar a las víctimas y en trabajar para poder solucionar las necesidades de los ciudadanos de las zonas afectadas”. La tragedia que ha ocurrido en Valencia es la prioridad y por este motivo la Plataforma No a la Inseguridad Ciudadana, que agrupa a más de treinta sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, ha desconvocado la concentración prevista para el próximo 6 de noviembre frente al Congreso de los Diputados.
Los agentes, además, advierten al Ejecutivo de la «necesidad de poner en marcha todos los medios humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España, para que puedan actuar activamente en las zonas afectadas y poder solucionar los graves problemas de estos ciudadanos de la forma más efectiva posible». Hay que recordar que han sido muchas las denuncias de policías nacionales y guardias civiles ante la dejadez del Gobierno y el rechazo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a que actuaran en el foco de la tragedia.
No obstante, desde la plataforma insisten en que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana «supone un ataque a todos los ciudadanos que verán mermada la seguridad en las calles». Asimismo, denuncian que la reforma de esta ley es un «ataque directo» a todos los agentes, que perderán muchos de los medios necesarios para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Por esta razón, aseguran que las acciones contra esta derogación se retomarán cuando sea posible.
Motivo de las concentraciones
La concentración prevista para este miércoles tenía como objetivo mostrar el malestar de los agentes contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y EH Bildu, una reforma que se produce en un momento muy negativo, tal y como han reiterado desde los distintos sindicatos y asociaciones, con «efectivos desmoralizados y debilitados, en un escenario de violencia agravada y con una fragante perdida del principio de autoridad». Esta situación, denuncian, «deriva en un incremento de las agresiones a policías y a una peligrosa judicialización de la labor de los agentes con una falta total de respaldo por parte del Gobierno de España».
Así, mientras se prioriza la reforma de esta ley, se ignoran las reivindicaciones históricas de policías y guardias civiles en materia salarial, la equiparación con las policías autonómicas, las jubilaciones y las dietas; la jornada laboral o el derecho a huelga, entre otras. A su juicio, las modificaciones que se pretenden hacer en la Ley de Seguridad Ciudadana «perjudicarán directamente la eficacia policial, con la consiguiente desprotección de la sociedad». Y añaden que las reformas propuestas «van en dirección contraria a las necesidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para afrontar con garantías los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos: delincuencia de alta intensidad, bandas juveniles violentas, mafias internacionales o delincuencia tecnológica».
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