Societat Civil Catalana lleva a los tribunales los sueldos ilegales de directivos de TV3

La entidad denuncia ante la justicia catalana un patrón sistemático de gestión opaca y posible malversación en la corporación pública audiovisual
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La entidad constitucionalista acusa a los directivos del ente público de incurrir en presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos, entre otros. Según ha explicado SCC en rueda de prensa, el informe fiscalizador del órgano equivalente al Tribunal de Cuentas revela una gestión que habría vulnerado de forma reiterada la normativa autonómica que regula los límites salariales en el sector público.

Salarios por encima del presidente catalán

Entre las irregularidades detectadas, destaca que cuatro altos cargos de la CCMA percibieron retribuciones anuales superiores a los 120.000 euros brutos, cifra que excede la que cobra un consejero de la Generalitat. En concreto, la Sindicatura denuncia que se sobrepasó el tope fijado por la Ley de Medidas Fiscales y el presupuesto prorrogado de 2021, lo cual constituiría una vulneración directa del marco legal autonómico.

Uno de los casos más graves afecta a la Fundació La Marató, entidad encargada de gestionar los fondos recaudados en el popular programa solidario de TV3. El informe revela que su director, Lluís Bernabé, cobró en 2022 un sueldo mayor al de un secretario general del Govern —cuya media salarial ronda los 96.000 euros brutos— sin que conste la preceptiva aprobación por parte del Ejecutivo catalán.

Este hecho resulta especialmente sensible dado el carácter benéfico de la fundación, que maneja cada año millones de euros en donaciones de ciudadanos y empresas destinadas a la investigación médica. SCC ha subrayado que este episodio “refuerza la necesidad de auditar con transparencia la gestión de recursos públicos, más aún cuando provienen del esfuerzo solidario de la ciudadanía”.

Un patrón de opacidad

La denuncia no se limita a casos puntuales. Según explica SCC, los datos analizados por la Sindicatura “podrían no ser hechos aislados, sino parte de un patrón sistemático de gestión irregular con relevante impacto económico y posible trascendencia penal”. Por ello, la querella solicita que se practiquen diligencias adicionales para comprobar si este tipo de prácticas se han producido en otros ejercicios anteriores o posteriores a los auditados.

Entre las anomalías mencionadas en el informe figuran también contrataciones sin publicidad, pagos sin cobertura contractual, falta de auditorías obligatorias y aplicación indebida de jornadas laborales reducidas. Todas ellas configuran un cuadro de presunta mala gestión que, de confirmarse, podría derivar en responsabilidades penales y políticas de gran calado.

No es la primera vez que TV3 y los medios públicos catalanes se enfrentan a cuestionamientos por su uso de fondos públicos y su línea editorial. Sin embargo, esta querella eleva el conflicto a una nueva dimensión judicial, donde se pone el foco en el incumplimiento de los límites legales establecidos para altos cargos del sector público.

SCC, que ha ganado notoriedad por su defensa de la legalidad constitucional en Cataluña, considera que la CCMA debe rendir cuentas ante la justicia por lo que considera una utilización ilícita y arbitraria de recursos públicos. “No es tolerable que los medios públicos sirvan como refugio para sueldos inflados y prácticas opacas mientras se exige austeridad al resto del sector público”, han denunciado.

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