Las plataformas han insistido en la urgencia de aprobar una legislación autonómica que proteja la Superficie Agraria Útil, tal y como en Francia
The post SOS Rural y Campiña Norte exigen que se pare tala de olivos centenarios y una ley que salve el suelo que nos alimenta first appeared on Hércules. La reciente reunión mantenida entre representantes de las plataformas SOS Rural y Campiña Norte contra las Megaplantas Solares con responsables de la Junta de Andalucía ha puesto de relieve una creciente preocupación en diversos sectores de la sociedad andaluza.
El motivo principal del encuentro ha sido el rechazo frontal a las expropiaciones de terrenos de olivar y la tala de olivos centenarios para la instalación de megaplantas fotovoltaicas en las provincias de Jaén y Córdoba.
Este proceso, impulsado en el marco de la transición energética, está generando un profundo malestar en zonas cuya economía, identidad y tejido social están íntimamente ligados al cultivo del olivar.
La entrega en el Parlamento de Andalucía de más de 80.000 firmas en defensa de los olivos centenarios del municipio de Lopera demuestra la dimensión social del conflicto. La portavoz de SOS Rural, Natalia Corbalán, ha exigido la paralización inmediata de cualquier proyecto que implique la eliminación de estos árboles, subrayando que ni la legislación vigente ni los objetivos ecológicos justifican la destrucción de un patrimonio natural y cultural tan significativo.
Por su parte, Rafael Alcalá, portavoz de la Campiña Norte, ha destacado que muchos de estos proyectos están previstos sobre terrenos agrícolas de altísima productividad, comprometiendo de forma irreversible el equilibrio ecológico y económico de amplias zonas rurales.
En este contexto, las plataformas han insistido en la urgencia de aprobar una legislación autonómica que proteja de manera efectiva la Superficie Agraria Útil (SAU), tal y como ya ocurre en países como Francia o Italia. Esta normativa debería garantizar que los suelos fértiles no puedan ser destinados a usos ajenos a la producción de alimentos, como es el caso de las infraestructuras energéticas.
Cuando los políticos desoyen el mensaje que les envía el pueblo, es la hora de la sociedad civil organizada.
GRACIAS a todos los que habéis firmado nuestra petición. Estamos muy cerca de las 100.000 firmas. Sois muchos!!! pero necesitamos ser muchos más!!!!
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— Natalia Corbalán Romera (@corbalan_romera) May 22, 2025
La propuesta incluye también la implementación de una zonificación vinculante, que prohíba la instalación de parques solares en tierras agrícolas de alta productividad y que fomente, en su lugar, el uso de suelos degradados o la adopción de modelos agrovoltaicos compatibles con la actividad agraria.
En 2024, los parques fotovoltaicos ocupaban ya más de 50.000 hectáreas de superficie agrícola
Las cifras oficiales refuerzan la preocupación de los colectivos rurales. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el 69,6% de las plantas fotovoltaicas y el 90,9% de las termosolares instaladas en Andalucía se ubican sobre terrenos S1 y S2, es decir, los de mayor capacidad productiva.
Esta conversión de uso del suelo compromete directamente la soberanía alimentaria, al destruir ecosistemas agrícolas únicos y suelos que han tardado siglos en desarrollarse. De hecho, se estima que para formar un solo centímetro de tierra fértil pueden ser necesarios entre 100 y 1.000 años.
La expansión de estas infraestructuras no muestra signos de desaceleración. En 2024, los parques fotovoltaicos ocupaban ya más de 50.000 hectáreas de superficie agrícola, con previsiones que apuntan a una cifra cercana a las 95.000 hectáreas para 2030.
Este crecimiento exponencial, aunque impulsado por la necesidad de avanzar hacia una energía más limpia y autónoma, debe ir acompañado de una planificación territorial que evite impactos negativos y preserve los valores naturales, productivos y culturales del medio rural.
La transición ecológica no puede sustentarse en una lógica de sacrificio territorial. Requiere de políticas públicas equilibradas que compatibilicen el desarrollo energético con la protección del paisaje, la biodiversidad y la economía agraria.
Así lo han transmitido los representantes de las plataformas rurales a la Junta de Andalucía, que, aunque se ha mostrado receptiva, no ha adquirido compromisos concretos. Para muchos, la defensa del olivar andaluz no es solo una cuestión ambiental, sino también un acto de justicia histórica, cultural y social.
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