El voto por correo en el 23-J batió récords y generó polémica. Dudas sobre su gestión alimentan la desconfianza pese a las explicaciones oficiales
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Una publicación de Leire Díez en marzo de 2024, al despedirse de Correos, ha reactivado las dudas en torno al voto por correo en las elecciones generales del 23 de julio. En su mensaje, compartía su experiencia como directora de Relaciones Institucionales y Filatelia y destacaba el esfuerzo colectivo en una campaña electoral complicada. Aquella convocatoria, marcada por el periodo vacacional elegido por Pedro Sánchez, hizo que el voto por correo alcanzara cifras históricas: 2.471.935 personas votaron por esta vía, lo que supuso un aumento del 99,08 % respecto a la anterior cita electoral.
Correos, actualmente dirigido por Pedro Saura ,expresidente de Paradores y afín al PSOE, emitió un comunicado desmintiendo categóricamente que Díez hubiera coordinado el proceso del voto por correo, función que atribuyó exclusivamente a la Dirección de Operaciones.
El Partido Popular no quedó satisfecho con esa aclaración. Tiene previsto citar a Leire Díez y al expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, ante la comisión del Senado que investiga este proceso. También Vox se sumó a las críticas: Santiago Abascal expresó su total desconfianza en el sistema, aludiendo incluso a la falta de fiabilidad en servicios básicos.
Las sospechas no eran nuevas. Ya en la campaña del 23-J se arrastraban recelos por fraudes detectados en Melilla y Mojácar durante las elecciones locales y autonómicas de mayo. Aquellos escándalos provocaron que la Junta Electoral Central ordenara que los votantes por correo debían mostrar su DNI al entregar el sobre, cerrando así una brecha legal que permitía no identificarse en esa fase crucial.
A pesar de los refuerzos, que incluyeron la contratación de 21.000 empleados adicionales y la apertura de oficinas en fin de semana, hubo quejas por retrasos y caos logístico. Incluso Alberto Núñez Feijóo hizo un llamamiento público a los trabajadores de Correos para que redoblaran esfuerzos. Desde el PSOE se respondió acusando al PP de intentar crear un relato de fraude. Finalmente, la Junta Electoral decidió ampliar el plazo para entregar el voto postal hasta el 20 de julio, pero los problemas no desaparecieron del todo.
Por entonces, el veterano dirigente socialista Paco Vázquez cuestionó públicamente la transparencia del proceso, al preguntarse quién custodiaba los sobres y cómo se garantizaba su integridad. La desconfianza se centró también en la figura del entonces presidente de Correos, a quien no se le reconocía una neutralidad institucional clara.
Correos asegura que el voto postal se guarda hasta el mismo día de las elecciones, cuando se reparte en las 60.314 mesas electorales de toda España justo antes de la apertura. Estos votos se recuentan junto a los presenciales y no se procesan por separado, por lo que no existe una estadística oficial que permita saber cómo votó este colectivo.
En lugar de resultados, lo único que se conoce es una encuesta del CIS, en la que se preguntó a los votantes por correo su opción elegida: el 30,9 % dijo haber votado al PSOE, el 26,3 % al PP, el 20,6 % a Sumar y el 7,8 % a Vox. Las cifras finales oficiales, que incluyen todos los tipos de voto, fueron diferentes: PP (33,05 %), PSOE (31,7 %), Vox (12,39 %) y Sumar (12,31 %).
Llamó la atención especialmente el caso de Madrid. En las autonómicas, Ayuso obtuvo un 47,32 % frente al 40,51 % de Feijóo en las generales. Por su parte, el PSOE pasó del 18,18 % al 27,88 %, una subida de casi diez puntos en apenas dos meses. Esa diferencia alimentó las teorías de que el tirón de Sánchez influyó, pero también reavivó las dudas sobre la limpieza del proceso, en especial en lo que respecta al voto postal.
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