Los jueces Tolosa, Arnaldo y Espejel solicitan frenar la tramitación del recurso del PP y remitir la ley al Tribunal de Justicia de la UE
The post Tres magistrados del Constitucional piden suspender la amnistía hasta que se pronuncie Europa first appeared on Hércules. Tres magistrados del sector conservador del Tribunal Constitucional —César Tolosa, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel— han solicitado al pleno que se suspenda la tramitación de la Ley de Amnistía mientras no se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La petición también incluye la posibilidad de que el Constitucional eleve una cuestión prejudicial a Europa, una herramienta legal para aclarar si una norma nacional puede contravenir el Derecho de la UE.
Los magistrados defienden que la ley que borra los delitos del ‘procés’ podría ser incompatible con la legislación europea, especialmente en lo que respecta a principios como la independencia judicial, la igualdad ante la ley o el respeto al Estado de Derecho. Según fuentes jurídicas consultadas por El Mundo, los jueces han registrado este lunes su propuesta en la sede del Constitucional, en un movimiento que evidencia la profunda división interna del alto tribunal ante una de las leyes más polémicas desde la Transición.
Cuestiones prejudiciales ya planteadas
Los jueces conservadores recuerdan que varios tribunales ordinarios en España ya han elevado cuestiones prejudiciales similares ante el TJUE en relación con la amnistía. En ese contexto, consideran que el Constitucional debería esperar a que se pronuncie la justicia europea antes de resolver el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular, que impugna hasta doce puntos de la ley.
La cuestión prejudicial permite a los tribunales nacionales pedir al TJUE que interprete una norma comunitaria cuando existen dudas razonables sobre su aplicación. En este caso, los magistrados sostienen que el escenario que plantea la Ley de Amnistía —una norma sin precedentes en la historia constitucional reciente— requiere una interpretación clara del Derecho de la UE.
Mientras tanto, el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, avanza con rapidez en la redacción del primer fallo sobre la Ley de Amnistía, con la intención de que el tribunal emita una sentencia antes del verano. La ponencia está siendo coordinada por la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, y cuenta con el trabajo exclusivo de un grupo de letrados asignados a magistrados del bloque progresista, mayoritario en el tribunal.
Este hecho ha generado malestar entre sectores jurídicos, que critican tanto el sesgo del equipo de trabajo como el “secretismo” con el que se está tramitando una norma de enorme trascendencia política y jurídica. “No es aceptable que una ley tan sensible se esté gestionando de forma tan opaca”, lamentan fuentes del entorno judicial.
La Ley de Amnistía ha provocado una fuerte polarización política y judicial desde que comenzó su tramitación como parte de los pactos entre el PSOE y los partidos independentistas para asegurar la investidura de Pedro Sánchez. Aunque el Gobierno defiende que la norma es plenamente constitucional y compatible con el Derecho de la UE, son cada vez más las voces que alertan de sus posibles colisiones con los tratados europeos.
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