El Congreso aprobará una ley para expulsar del país a todos los detenidos y acusados por robo, independientemente de las sentencias
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Imagen: el presidente electo de EE.UU., Donald Trump I AP Photo
El presidente electo, Donald Trump, se prepara para implementar deportaciones masivas con una nueva herramienta legal. El Congreso avanza en la aprobación de una ley que permitirá expulsar a inmigrantes sin papeles acusados de delitos menores, incluso sin condena. La Cámara de Representantes dio luz verde al proyecto la semana pasada, y el Senado permitió su tramitación gracias al respaldo de varios demócratas. Aunque aún no hay fecha definitiva, el debate y la votación final podrían tener lugar esta misma semana, justo a tiempo para que Trump aplique la medida tras asumir la presidencia el próximo 20 de enero.
La «Ley Laken Riley» como símbolo
El proyecto de ley lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería asesinada en febrero en Georgia por José Antonio Ibarra, un inmigrante venezolano que entró ilegalmente al país en 2022. Ibarra, tras ser detenido por un hurto, permaneció en libertad mientras tramitaba su situación migratoria, lo que Trump utilizó como bandera en su campaña. Condenado a cadena perpetua en noviembre, su caso sirvió como ejemplo para impulsar esta legislación.
La norma fue aprobada en la Cámara de Representantes por 264 votos a favor y 159 en contra, incluyendo el respaldo de 48 demócratas. En el Senado, donde se requiere superar el filibusterismo con 60 votos, la iniciativa recibió un apoyo abrumador de 84 votos a favor, con varios demócratas respaldándola de forma decisiva. Aunque esta no fue la votación final, a partir de ahora bastará una mayoría simple para su aprobación definitiva. Según el líder demócrata Chuck Schumer, el texto aún podría ser modificado con enmiendas consensuadas entre ambos partidos.
Cambios clave en la política migratoria
Con su redacción actual, la ley ordena al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detener a inmigrantes acusados, detenidos o condenados por delitos menores no violentos, como hurtos y robos, y mantenerlos bajo custodia hasta su deportación. Esto contrasta con la normativa vigente, que exige una condena previa por al menos dos delitos menores o uno grave para proceder con la expulsión. Además, el texto permite a los estados demandar al Gobierno federal si logran demostrar daños causados por inmigrantes que ingresaron ilegalmente.
Divisiones políticas y críticas
El respaldo de algunos demócratas refleja un cambio en la estrategia del partido, que ahora busca cooperar en ciertas áreas con los republicanos tras el éxito electoral conservador del pasado noviembre. Legisladores como el senador Rubén Gallego, de Arizona, han justificado su apoyo alegando la necesidad de prevenir tragedias como la de Laken Riley. Sin embargo, organizaciones proinmigrantes y parte de los demócratas han criticado duramente la ley, señalando que viola la presunción de inocencia al permitir deportaciones basadas únicamente en acusaciones o detenciones. También advierten que priorizar casos menores podría desviar recursos de crímenes más graves.
Próximos pasos y medidas complementarias
Los republicanos planean impulsar más iniciativas, como exigir que los solicitantes de asilo esperen fuera del país mientras se resuelven sus casos o recortar fondos a ciudades que no cooperen con las autoridades migratorias. Trump, aunque prometió deportar a 11 millones de inmigrantes sin papeles, ha insinuado que comenzará con los «delincuentes» y evaluará después un posible acuerdo para proteger a los «dreamers».
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