Turquía intensifica la represión contra cristianos, marcando a extranjeros como amenazas bajo informes secretos del MIT. En especial el Caso Louven
The post Turquía persigue a cristianos con el código N-82: la inteligencia de Erdogan criminaliza la fe first appeared on Hércules. Bajo el mandato del presidente Recep Tayyip Erdogan, la situación de los cristianos en Turquía se ha tornado cada vez más precaria. El gobierno, liderado por el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), ha profundizado su tendencia autoritaria y xenófoba, valiéndose del aparato de inteligencia para ejecutar una política de exclusión contra las minorías religiosas.
Persecución y hostigamiento: Caso Louven
La agencia de inteligencia MIT (Milli İstihbarat Teşkilatı) ha sido un actor clave en esta ofensiva, dirigiendo acciones que afectan directamente a ciudadanos extranjeros cristianos, muchos de los cuales llevaban décadas integrados en la sociedad turca. Un caso emblemático es el de Hans-Jürgen Peter Louven, profesor alemán que llegó al país en 1994 junto a su esposa austríaca y su hija recién nacida. Tras 25 años de residencia estable, las autoridades turcas decidieron, sin previo aviso, no renovar sus permisos de residencia en 2019.
La expulsión, atribuida a un informe secreto del MIT, sacudió a la familia. El documento, sin pruebas judiciales sólidas, acusaba a Louven de representar un riesgo para la seguridad nacional, supuestamente por actividades relacionadas con el trabajo misionero, algo que el gobierno considera subversivo pese a no ser delito según el Código Penal turco.
Este señalamiento provocó que la Dirección General de Migración (GIB), bajo el Ministerio del Interior, le asignara el código N-82, una etiqueta reservada para individuos considerados tan peligrosos como miembros de grupos terroristas como al-Qaeda o el ISIS. Pese a no haber cometido ningún delito ni estar bajo investigación, Louven enfrentó un proceso legal de cinco años, apelando ante tribunales locales y, eventualmente, el Tribunal Constitucional. Alegó que la medida violaba sus derechos fundamentales: vida familiar, libertad religiosa y debido proceso.
Durante su estancia, Louven fue un miembro activo de la comunidad en Muğla, provincia del suroeste turco. Fundó empresas vinculadas al turismo religioso y restauración de patrimonio, colaboró con organizaciones locales e incluso recibió elogios del gobernador. Sin embargo, sus actividades espirituales y presencia en eventos cristianos —como una conferencia protestante en Antalya— fueron interpretadas por los servicios de inteligencia como amenaza.
Una libertad religiosa cada vez más amenazada
La Constitución de Turquía garantiza la libertad religiosa, pero en la práctica, las autoridades ven con recelo a las minorías, especialmente cuando están asociadas con Occidente. A esto se suma un clima de creciente hostilidad impulsado por medios progubernamentales que etiquetan a los cristianos como infiltrados o desestabilizadores.
Louven sostuvo ante los tribunales que nunca ocultó su fe ni participó en actividades ilegales. Sin embargo, su testimonio fue ignorado. En 2020, el Tribunal Administrativo de Muğla rechazó su demanda; una decisión confirmada por el Tribunal Regional de Esmirna, que alegó motivos de seguridad nacional sin revelar evidencia concreta.
El informe secreto del MIT nunca fue compartido con la defensa ni con los jueces. Pese a las garantías procesales constitucionales y la pertenencia de Turquía al Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional rechazó en 2024 la apelación de Louven, alegando que el gobierno tenía derecho a controlar el ingreso y permanencia de extranjeros por razones legítimas.
Aunque el tribunal reconoció una injerencia en su vida familiar, justificó la medida como legal y proporcional. Respecto a la libertad religiosa, concluyó que el estado podía restringir el trabajo misionero si existía riesgo para el orden público, aun sin pruebas concluyentes.
Esta lógica se alinea con el creciente uso de los informes de inteligencia del MIT, que operan sin transparencia ni control judicial efectivo. En este contexto, la designación N-82 se ha convertido en una herramienta de exclusión sistemática contra cristianos y otros colectivos no musulmanes.
El gobierno de Erdogan ha instrumentalizado el miedo a las minorías religiosas, incluidos cristianos y judíos, para movilizar a su base electoral de mayoría suní. Esta estrategia busca ocultar problemas estructurales como la inflación o el desempleo, mientras se reprime a opositores y disidentes, incluidos miembros del movimiento Gülen.
Las comunidades cristianas, aunque pequeñas, desempeñan un rol importante en el tejido social. Sin embargo, bajo el nuevo paradigma de seguridad nacional, su presencia se ha vuelto problemática a los ojos del régimen. La persecución también incluye campañas mediáticas, allanamientos arbitrarios y el uso de códigos como el N-82, que en la práctica equivalen a una prohibición de entrada permanente.
Louven, que comenzó su vida en Turquía trabajando con la organización cristiana alemana CRG Reisen, enfrentó además una campaña de difamación en la década de 2000. En aquella época, el Consejo de Seguridad Nacional (MGK) identificó el trabajo misionero como una amenaza estratégica. Siguiendo esa doctrina, se instruyó a las agencias estatales a recopilar información sobre cristianos, obstruir sus actividades y sembrar sospechas mediante filtraciones a la prensa.
Una de esas campañas afectó directamente a Louven, cuando se le acusó falsamente de distribuir folletos religiosos vinculados a los Testigos de Jehová. La policía allanó su oficina, investigó sus propiedades turísticas y, aunque no se formularon cargos, el daño ya estaba hecho. Pese a todo, la familia persistió. Continuaron con su vida hasta agosto de 2019, cuando, tras una visita rutinaria a la Dirección de Migración en Muğla, se les notificó que debían abandonar el país en 10 días. La única justificación: su fe cristiana.
En una petición publicada en Change.org, Louven denunció esta violación de derechos humanos y apeló a la comunidad internacional. “Nuestro hogar, nuestra granja, nuestra vida legal… todo desapareció en cuestión de días. Y todo por compartir nuestra creencia”, escribió. La negativa del gobierno a renovar el permiso de residencia también afectó los estudios de su hija. Su esposa, al regresar de un viaje a Austria, fue rechazada en la frontera. Louven continuó luchando legalmente, pero al ver agotadas todas las vías judiciales y ante la amenaza de arresto, huyó del país en 2020.
El MIT intensifica sus operaciones de limpieza
En 2021, publicó un libro: “Unerwünscht im Orient” (“No deseado en Oriente”), donde relata su lucha espiritual y jurídica durante su experiencia en Turquía. El caso se ha convertido en un símbolo del creciente hostigamiento a cristianos en Turquía, y ha sido reportado por medios como Nordic Monitor, que documenta otros casos similares. De acuerdo con esa fuente, cientos de cristianos ,turcos y extranjeros, han sido objeto de vigilancia, acusaciones infundadas y deportaciones por presunto proselitismo, en un patrón que revela una estrategia sistemática de exclusión religiosa.
El código N-82, aunque no equivale formalmente a una prohibición de ingreso, en la práctica impide cualquier retorno: las solicitudes de aprobación previa exigidas por ese código son rechazadas automáticamente en consulados turcos.
Este entramado jurídico, político y mediático confirma que la persecución a cristianos en Turquía responde a una política de Estado, sostenida por una red institucional que incluye al MIT, los tribunales y los medios. Las víctimas, desprovistas de recursos legales efectivos, quedan indefensas frente a un sistema que criminaliza la fe.
El caso Louven es un ejemplo doloroso de cómo el derecho a la libertad religiosa en Turquía se ve amenazado por un régimen que prioriza el control ideológico sobre el respeto a los derechos humanos.
The post Turquía persigue a cristianos con el código N-82: la inteligencia de Erdogan criminaliza la fe first appeared on Hércules.
