La jueza Beatriz Biedma procesa a David Sánchez por crearle un puesto público a medida en la Diputación de Badajoz, alterando funciones y contratando a un colaborador personal. El auto revela una posible red de favores y decisiones diseñadas para sortear los controles legales
The post Un demoledor auto que procesa al hermano de Pedro Sánchez, una crónica del nepotismo y la presunta prevaricación administrativa first appeared on Hércules. La jueza Beatriz Biedma ha dictado un auto que sitúa al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, al borde del banquillo por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Según concluye la instructora, la contratación del exasesor de Moncloa Luis Carrero por parte de la Diputación de Badajoz no fue más que una pieza más en una operación orquestada para atender a las “preferencias personales” de Sánchez.
Todo apunta a que su desembarco en la Diputación pacense en 2017 fue, más que casualidad, una estrategia premeditada. Testimonios recabados en el proceso judicial confirman que, antes incluso de convocarse la plaza de coordinador de conservatorios, ya se rumoreaba que el destino del puesto era David Sánchez. En paralelo, se planteaba la necesidad de crear una nueva plaza en el área de Cultura, lo que, según la jueza, coincide con el diseño de una estrategia para facilitar su entrada.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recopiló correos electrónicos que evidencian cómo mandos superiores participaron en el diseño y convocatoria del proceso selectivo. Días antes de su publicación oficial en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), la directora del Conservatorio Juan Vázquez, Yolanda Sánchez, reconoció que el nombre del hermano del presidente ya sonaba como destinatario del puesto. Ese conocimiento previo fue además respaldado por un correo clave, enviado el mismo día de la publicación, en el que se aludía a David Sánchez como “El hermanísimo”, dando por hecho que el puesto era suyo antes incluso de conocerse los candidatos.
Una vez en el cargo, su trabajo se fue modelando en función de sus preferencias. El músico obtuvo el derecho a teletrabajar, según él mismo declaró en sede judicial. Acudía a Badajoz “cuando lo consideraba necesario” y defendió que sus funciones no requerían presencia física continua.
También se implantaron iniciativas alineadas con su interés personal, como el proyecto “Ópera Joven”, al que hizo referencia en su presentación al puesto. Correos electrónicos intervenidos demuestran que trató el tema directamente con el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, dejando entrever un margen de influencia poco habitual para un recién llegado.
Uno de los aspectos más relevantes en el auto es la incorporación de Luis Carrero, amigo íntimo de Sánchez desde hace dos décadas, como parte de su equipo en la Diputación. El vínculo personal quedó acreditado en decenas de mensajes y correos, que muestran cómo Carrero colaboraba con él en el desarrollo del proyecto incluso cuando aún trabajaba en Moncloa. La relación era tan estrecha que Sánchez ya lo presentaba como parte de su equipo semanas antes de que se convocara oficialmente la plaza. En un correo del 30 de octubre de 2023, Sánchez expresa su intención de coordinar con Carrero en cuanto este se incorpore, algo que da por seguro aunque aún no existía anuncio oficial alguno.
El auto también revela cómo la plaza de David Sánchez fue transformada para adaptarse a sus aspiraciones sin pasar los filtros habituales. Se evitó deliberadamente un nuevo proceso de alta dirección mediante una simple “modificación de nomenclatura”, saltándose informes sindicales y el dictamen técnico preceptivo. La Directora de Recursos Humanos no mencionó siquiera que las funciones asignadas no se sumaban a las anteriores, sino que las sustituían por completo.
A lo largo de 71 folios, la jueza recopila una sucesión de favores y excepciones que permitieron a Sánchez no solo obtener un puesto, sino moldearlo a medida, contando con el respaldo de cargos de peso en la Diputación. La presunta implicación directa del presidente de la Diputación y de otros ocho responsables administrativos apunta, según Biedma, a la creación de un puesto público diseñado específicamente para un beneficiario concreto, contraviniendo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública.
El caso, más allá de un posible delito, saca a la luz los mecanismos mediante los cuales se habría instrumentalizado una institución pública para el beneficio personal del hermano del jefe del Ejecutivo. Si se confirma judicialmente, revelaría un uso arbitrario de lo público en favor de vínculos personales, en detrimento de la legalidad y de otros aspirantes legítimos.
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