El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid concluye que no hubo negligencia en las residencias denunciadas durante la pandemia.
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Agencia EFE
El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid ha archivado una causa abierta a raíz de una denuncia interpuesta por Marea de Residencias por la muerte de varios pacientes en residencias durante la pandemia, al concluir que los encargados de dos centros de mayores no incurrieron en negligencia alguna que supusiera un ilícito penal.
En la resolución, el juez subraya que se atendió a los pacientes de la mejor manera posible, teniendo en cuenta las excepcionales y desgarradoras circunstancias que se estaban viviendo.
En un auto al que han tenido acceso las agencias EFE y Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid ha decretado el sobreseimiento provisional de las denuncias presentadas contra las residencias Adolfo Suárez y Amavir Arganzuela. En él, señala que se cumplieron los protocolos vigentes en ese momento, que aconsejaban “no ingresar a las personas afectadas con COVID y con patologías complejas y edad avanzada” en los hospitales, debido a la saturación de estos, donde la atención “era deficiente”.
El juez cuestiona la vigencia de los protocolos
Aunque el magistrado excluye del objeto de la investigación a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al exconsejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, cuestiona la redacción y vigencia de los protocolos de no derivación de los residentes, que, según indica, se aplicaron “pocas semanas”.
A su juicio, su aplicación fue “muy discutible” y cree que sus consecuencias “no fueron valoradas adecuadamente por la autoridad política”, cuya responsabilidad, señala, “excede el ámbito de esta causa al tener aforamiento los responsables”.
Aunque indica que la decisión de la autoridad sanitaria “pudiera ser discutible y reprobable”, se basaba en la premisa de que para este tipo de pacientes “el tratamiento más eficaz sería en la propia residencia”. Sin embargo, reconoce que muchos de estos centros de mayores “carecían de medios e incluso de médicos”, aunque no era el caso de las dos residencias investigadas, donde sí se contó con atención médica, asistencia, medicación e incluso oxígeno.
La Fiscalía revisó uno a uno los casos denunciados
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, avanzó este martes que se están revisando uno a uno los más de 100 casos comprendidos en la denuncia colectiva presentada por asociaciones de víctimas por el trato recibido en residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la pandemia del COVID-19.
Durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Senado, García Ortiz recordó que el pasado 31 de octubre de 2024, Marea de Residencias y la Asociación Verdad y Justicia para las Víctimas en las Residencias remitieron copia de la denuncia colectiva que había sido entregada a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Madrid. Esta denuncia, que fue remitida a cada fiscalía territorial, fue presentada en nombre de 109 familiares de 115 personas que en marzo de 2020 vivían en residencias de la Comunidad.
Según los datos actualizados de noviembre de 2024 de la Comunidad de Madrid, todavía 27 procedimientos se encuentran en tramitación. Ocho de ellos están pendientes de resolución de los recursos de apelación interpuestos contra el sobreseimiento provisional.
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