Beatriz Biedma critica el blindaje exprés del expresidente de Badajoz y carga contra una figura que solo pervive en España, Rumanía y Bielorrusia
The post Una juez compara el aforamiento de Gallardo con la dictadura bielorrusa first appeared on Hércules. La juez Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, ha arremetido con dureza contra el aforamiento exprés del socialista Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz. En un extenso auto de 102 páginas, la magistrada califica la operación como un “fraude de ley” y lanza una contundente crítica contra la figura del aforamiento, a la que equipara con modelos jurídicos de “estilo Bielorrusia”.
La causa que instruía Biedma contra Gallardo pasará ahora al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, una vez consolidado su blindaje institucional. Todo ello gracias a una maniobra política coordinada: la dimisión simultánea de cuatro posibles sustitutos de una diputada socialista para permitir que Gallardo entrase en la Asamblea de Extremadura y, posteriormente, en su Diputación Permanente.
Una figura en retroceso… salvo en España
En su escrito, Biedma recuerda que solo dos países europeos —Bielorrusia y Rumanía— mantienen aforamientos tan amplios como los de España. Mientras que en la mayoría de los Estados europeos los parlamentarios no están aforados, en España más de 250.000 personas gozan de algún tipo de fuero. El dato contrasta con los 19 aforados en Francia o el único caso en Italia.
Según la juez, esta figura debería entenderse como una garantía funcional y no como un privilegio personal. Cita jurisprudencia del Tribunal Supremo para advertir que el aforamiento no puede usarse como un instrumento para dificultar investigaciones judiciales, especialmente en casos de corrupción política.
El caso de Gallardo reabre el debate sobre una figura que ha sido duramente cuestionada por organismos internacionales. El Consejo de Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), lleva años recomendando a España que eliminen los aforamientos a políticos implicados en delitos, y denunció en su último informe que el Gobierno español no ha dado pasos tangibles para reformar este sistema.
En su informe del 16 de abril, el Greco señalaba que el mantenimiento de los aforamientos obstaculiza la lucha contra la corrupción, y advertía que cualquier reforma implicaría una reforma constitucional que exige consenso político, algo que hoy por hoy parece inviable en el Congreso.
Más allá de políticos, jueces (5.500), fiscales (2.700), policías (más de 230.000), miembros del Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas y la Familia Real también gozan de alguna forma de aforamiento en España. Este escudo judicial, diseñado originalmente para proteger el desempeño institucional, ha degenerado —según numerosas voces— en un sistema de privilegios fuera de control.
La sombra del caso David Sánchez
El trasfondo de la denuncia judicial tiene además una evidente dimensión política. Gallardo fue jefe del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Diputación de Badajoz, y su entrada en la Asamblea extremeña se produjo tras una dimisión orquestada en el grupo parlamentario socialista. La sospecha, avalada por el análisis de la juez Biedma, es que el aforamiento fue calculado para frenar la causa abierta en su contra.
El caso, en el que se investigan presuntas irregularidades durante la gestión de David Sánchez, pone de manifiesto cómo las estrategias parlamentarias pueden convertirse en herramientas para torcer el curso de la justicia. Y lo hace bajo el amparo de un sistema que cada vez más voces califican de anómalo, opaco y antidemocrático.
En palabras de Biedma, “la existencia de un aforamiento tan amplio como el español constituye una absoluta excepción en el Derecho Comparado”, lo que erosiona la confianza en la justicia y mina los principios básicos del Estado de derecho.
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