Ahora, con la incorporación de Vox como parte interesada en el procedimiento, se intensifica la presión política en torno a un caso que ha generado tensiones entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid, y que amenaza con reavivar el debate sobre la imparcialidad y los límites institucionales del Ministerio Fiscal
The post Vox reclama intervenir como acusación popular en el caso contra el fiscal general por la filtración sobre la pareja de Ayuso first appeared on Hércules. Vox ha solicitado al Tribunal Supremo personarse como acusación popular en la investigación abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por una presunta revelación de secretos que afectaría a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
El partido ha registrado un escrito —al que ha tenido acceso Europa Press— dirigido al magistrado Ángel Hurtado, que instruye la causa. Será este quien decida si acepta o no la personación de la formación política.
La causa se encuentra ya en una fase avanzada, según fuentes jurídicas, y se suma así a las iniciativas ya impulsadas por otras entidades. Hasta ahora, figuran como acusaciones populares organizaciones como la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Manos Limpias, Hazte Oír y el Foro Libertad y Alternativa. Las dos últimas, por decisión del instructor, comparten representación legal bajo la dirección del citado foro.
El núcleo de la investigación gira en torno a la divulgación de información reservada sobre la situación procesal de González Amador. Las pesquisas indagan si la Fiscalía pudo vulnerar la confidencialidad de la causa al revelar —mediante un comunicado oficial del 14 de marzo de 2024— el contenido de correos intercambiados entre el abogado del empresario y el fiscal del caso, Julián Salto. La nota buscaba desmentir una noticia publicada la noche anterior por El Mundo, en la que se aseguraba que había sido el fiscal quien propuso un pacto.
La defensa de González Amador denunció que dicha nota de prensa revelaba detalles confidenciales, al hacerse eco de las conversaciones mantenidas con el Ministerio Público, relativas a la posibilidad de reconocer delitos fiscales a cambio de un acuerdo.
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