El grupo presidido por Santiago Abascal ha presentado una enmienda a la totalidad frente a la Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés
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El presidente de VOX, Santiago Abascal; la portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán y el diputado de VOX, José María Figaredo, durante un pleno en la Cámara Baja, a 11 de febrero de 2025, en Madrid (España). – Ricardo Rubio – Europa Press
Durante esta mañana de martes el Pleno del Congreso debatirá acerca de la enmienda a la totalidad registrada por el grupo conservador de Vox. Se prevé que la propuesta sea rechazada y por tanto el proyecto de ley vuelva en su forma original al Congreso, dónde continuará su tramitación.
Críticas a la ley
Según exponen en su enmienda de totalidad, a la que ha tenido acceso Europa Press, “lejos de establecer una regulación equilibrada y objetiva“, el texto introduce un marco normativo que “podría derivar en un control administrativo excesivo, dirigido principalmente a la fiscalización de entidades privadas y sectores no alineados con la acción gubernamental”.
No obstante, la principal crítica que el grupo de Abascal realiza sobre la Ley es su “asimetría”, asegurando que la ley pierde su objetivo al no considerar grupo de interés a los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones empresariales.
El temor que residen en el grupo de Abascal es que se quiera imponer “un marco regulatorio estricto” para las entidades privadas que buscan intervenir en la formulación de políticas, pero se deje “vía libre a los partidos políticos para ejercer su presión sobre los empleados públicos sin restricciones ni exigencias de transparencia”.
Vox cree que un objetivo subyacente a la ley: “responde a la voluntad del Gobierno de proteger a sus aliados estratégicos”. Para el grupo, la transparencia debería comenzar en el propio Sánchez: “debería comenzar por hacer públicos los contactos y reuniones del presidente del Gobierno con los dirigentes de las principales empresas españolas“.
Funcionamiento
La Ley prevé que una vez sea aprobada se genere el Registro de Grupos de Interés de la Administración General del Estado (AGE) donde deberán inscribirse y que gestionará la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda.
El objetivo de la Ley es prevenir la corrupción y el conflicto de intereses que se pueda dar a través de los llamados “lobbies”. Estos grupos de interés son entes que buscan influir en la toma de decisiones dentro de la política pública.
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