El Senado de Berlín se niega a divulgar los nombres de pila de sospechosos con cuchillo, pese a presiones legales de la AfD. El conflicto llega a la justicia
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El debate no es nuevo, pero se ha vuelto más afilado que nunca. En una ciudad cada vez más tensionada por los temas de seguridad y migración, la derecha radical de Alternativa para Alemania (AfD) ha vuelto a encender una mecha delicada: la exigencia de conocer los nombres de pila más comunes entre los sospechosos de ataques con cuchillo registrados en Berlín.
¿Un intento legítimo de control parlamentario o una estrategia velada de discriminación étnica? Esa es la línea que ahora se discute, no solo en el hemiciclo berlinés, sino también en los pasillos del Tribunal Constitucional del Estado y en la opinión pública.
Una pregunta que incomoda
Todo comenzó en mayo de 2024. El diputado de la AfD Marc Vallendar presentó una pregunta parlamentaria en la que solicitaba conocer los 20 nombres de pila más frecuentes entre 1197 sospechosos con ciudadanía alemana investigados por delitos con arma blanca durante 2023.
La respuesta del Senado, encabezado por la socialdemócrata Iris Spranger, fue tajante: no se proporcionaría esa información por respeto a la privacidad de los implicados. Argumentaban que esos datos, aunque aparentemente neutros, podrían hacer identificables a los sospechosos y contribuir a su estigmatización.
Vallendar no se conformó. Alegó que la negativa violaba su derecho parlamentario a ser informado y llevó el caso ante el Tribunal Constitucional. A mediados de junio, cuatro de los nueve jueces dieron la razón al Senado, pero la mayoría falló en contra: el derecho del diputado fue vulnerado.
Eso sí, el tribunal no obligó al Senado a entregar los datos, dejando abierta una puerta que ahora nadie quiere cruzar del todo.
El Gobierno endurece su negativa
La pelota ha vuelto al tejado del Senado, pero esta vez el equipo legal de la Administración del Interior ha blindado su postura con argumentos más amplios. Ya no se trata solo del riesgo de identificación. Ahora hablan de riesgo constitucional, de daños al bienestar del Estado, y de una posible instrumentalización política de los nombres para alimentar discursos de odio.
En un documento que parece más un manifiesto político que una simple respuesta legal, se argumenta que facilitar esa información podría reforzar la narrativa de que ciertos ciudadanos –a pesar de tener pasaporte alemán– nunca serán considerados verdaderos miembros del “pueblo alemán”. “Existe un peligro real de estigmatización y degradación generalizada de grupos enteros de población”, se lee en el escrito.
El temor no es infundado. En redes sociales y declaraciones públicas, miembros de la AfD han vinculado directamente el origen étnico con la propensión al delito, aunque lo hagan usando datos oficiales de criminalidad. Desde el Senado lo interpretan como una campaña estructurada para minar el tejido social y legitimar una ciudadanía de dos velocidades.
Más cuchillos, más presión
Mientras se cruzan recursos legales, la violencia continúa. En los meses de febrero, marzo y abril de 2025, se registraron en Berlín 746 ataques con arma blanca. La cifra la obtuvo el diputado Thorsten Weiß (AfD), que también intentó obtener los nombres de pila de los sospechosos, sin éxito.
La respuesta sí detalló que 257 de los implicados tenían ciudadanía alemana, mientras que otros procedían de Turquía, Siria, Afganistán, Bulgaria y Rusia, entre otros. También se identificaron los puntos más conflictivos: Alexanderplatz, Wedding Zentrum, Osloer Straße, entre otros.
En esos tres meses, hubo 186 heridos leves, 29 graves y 3 muertos. 17 agentes de policía fueron víctimas de estos ataques. Weiß acusa al Senado de “inacción” y exige mano dura: remigración de extranjeros delincuentes, sentencias más rápidas y cambios en la política migratoria.
¿Un dato inocente?
La pregunta que resuena es incómoda: ¿es un simple nombre de pila una herramienta estadística o una carga simbólica con poder para dividir?
Vallendar insiste: “Ocultar estos datos es un sinsentido. El tribunal ya dijo que tengo derecho a saberlo”. Ahora prepara un nuevo recurso, y también solicitará acceso a los archivos internos para conocer quién tomó la decisión de negarle la información.
El Senado, por su parte, se atrinchera: permitir el uso de nombres para alimentar discursos identitarios y racistas sería, en su opinión, una traición a los valores constitucionales.
Lo que está en juego
Lo que comenzó como una disputa técnica entre un parlamentario y una administración pública, ha terminado por convertirse en un choque ideológico sobre la identidad nacional, la transparencia institucional y los límites de la democracia frente al populismo.
La próxima batalla será de nuevo en los tribunales. Y esta vez, los jueces tendrán que responder no solo a una pregunta parlamentaria, sino a una cuestión mucho más difícil: ¿puede una democracia limitar el acceso a datos para evitar que se usen con fines discriminatorios?
Porque si bien un nombre puede parecer inofensivo, en los tiempos actuales, puede llevar dentro una carga política de alto voltaje.
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