La administración Trump reactivó medidas para auditar el financiamiento extranjero en universidades estadounidenses, con foco en China. Críticos lo interpretan como un movimiento electoral más que un esfuerzo genuino de protección nacional
The post Al descubierto el lobby de injerencia del Partido Comunista Chino en las universidades de EEUU first appeared on Hércules. A medida que se intensifica el panorama político en Estados Unidos, la administración de Donald Trump ha reactivado un conjunto de medidas destinadas a fiscalizar los vínculos financieros entre universidades estadounidenses y actores extranjeros, con especial atención a China. Lo que en el discurso oficial se presenta como una política de vigilancia académica y transparencia, es interpretado por muchos como una maniobra ideológica con fines electorales.
En abril, el expresidente firmó una orden ejecutiva que refuerza la aplicación de la Sección 117 de la Ley de Educación Superior. Esta norma obliga a las universidades a declarar cualquier donación o contrato extranjero que supere los 250.000 dólares. Aunque la disposición existía desde hace años, su cumplimiento había sido laxo. Ahora, el Gobierno ha comenzado a movilizar recursos federales para investigar e incluso sancionar a instituciones que hayan incumplido esta obligación.
Entre las universidades investigadas figuran pesos pesados como Harvard, la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de Pensilvania. Las pesquisas apuntan a presuntas omisiones o inexactitudes en la declaración de fondos procedentes del extranjero, en particular desde entidades con sede en China o con vínculos con el Partido Comunista Chino. Trump ha descrito estos flujos como un “caballo de Troya intelectual” diseñado para infiltrarse en el sistema educativo estadounidense.
Al frente del operativo se encuentran figuras cercanas al expresidente. Linda McMahon, exsecretaria de Educación, lidera la reestructuración del área de cumplimiento del Departamento de Educación. A su lado está Pam Bondi, exfiscal general de Florida, coordinando las auditorías legales. Ambas impulsan un modelo de fiscalización más rígido y centralizado, eliminando los márgenes de interpretación normativa que caracterizaron a la administración Biden.
En paralelo, el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino, controlado por republicanos, ha solicitado explicaciones formales a una decena de universidades sobre la procedencia de determinados fondos. El foco se ha puesto especialmente en los Institutos Confucio, percibidos por Washington como herramientas de propaganda bajo apariencia de cooperación cultural.
Las medidas no se limitan a la supervisión: en el Congreso se han presentado proyectos como la “Ley DISUASORIA”, que pretende bajar drásticamente los umbrales de divulgación financiera y restringir las relaciones académicas con organizaciones vinculadas a países considerados rivales estratégicos, como China, Irán o Rusia. De aprobarse, estas normativas podrían redibujar el mapa de la colaboración académica internacional en Estados Unidos.
Pero el giro legislativo ha generado críticas. Diversos sectores académicos y organizaciones de derechos civiles alertan sobre el riesgo de una “caza de brujas” disfrazada de legalidad, donde se criminalicen relaciones legítimas y se restrinja la libertad académica. Temen un ambiente de sospecha permanente hacia investigadores y estudiantes extranjeros, especialmente de origen asiático.
En el fondo, la estrategia de Trump combina cálculo electoral con una narrativa de confrontación geopolítica. El discurso de “protección nacional” y “defensa de la soberanía intelectual” resuena entre sectores conservadores que desconfían de la globalización del sistema universitario. No es casual que este endurecimiento coincida con el inicio de la campaña electoral: cada gesto simbólico refuerza su posicionamiento.
Así, lo que se plantea como una ofensiva por la transparencia podría derivar en un cambio estructural —y posiblemente restrictivo— para la vida académica en EE.UU. El reto será encontrar un punto de equilibrio entre los legítimos intereses de seguridad nacional y el espíritu crítico, abierto y cosmopolita que ha hecho de las universidades estadounidenses un referente global.
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