Amnistía Internacional acusa a la Generalitat de vulnerar el derecho a la vida al dar una respuesta “negligente” a la dana

La organización recuerda que miles de personas “recibieron la alerta cuando la mayoría de ellas se encontraban ya en extremo peligro” y acusa a las instituciones de llevar a cabo “una gestión negligente”
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Imagen de casas devastadas en Paiporta por la dana del 29 de octubre. AMNISTÍA INTERNACIONAL

La Generalitat Valenciana vulneró los derechos humanos el día de la dana de miles de personas al no facilitar a tiempo información sobre la magnitud de la catástrofe. Esta es la principal conclusión del último informe de Amnistía Internacional, un documento en el que la entidad critica que el Ejecutivo autonómico enviara tarde la alerta masiva a móviles, que llegó a las 20:11 horas, cuando ya había decenas de fallecidos y desaparecidos.

Amnistía Internacional también apunta al “Estado español” como responsable de la gestión de la dana ya que, “en sus distintos niveles, no cumplió con sus obligaciones internacionales de derechos humanos”. Esta organización considera que el Gobierno central “no ejerció la facultad que le reconoce la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil para asumir la dirección de la emergencia”. Y recuerda que el Ejecutivo podría haber actuado “por iniciativa propia”, ya que, según la ley, la emergencia afectó a más de una autonomía. No obstante, “el presidente de la Generalitat no asumió de forma directa la dirección de la emergencia, en aplicación de la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias”, zanja la organización.

La información llegó tarde

Amnistía Internacional afirma que la “totalidad” de los testimonios que ha recabado para la elaboración del informe “mencionan expresamente” que el mensaje de alerta “llegó demasiado tarde”. Recuerda además que el protocolo del Ministerio del Interior adjudica a los centros de emergencias de las comunidades autónomas el envío del mensaje de alerta si urge comunicar a la población medidas de autoprotección.

En este sentido, los ayuntamientos consultados para la elaboración del informe (Catarroja, Benetússser, Massanassa, Alfafar, Picanya y Paiporta) aseguraron que no dispusieron de “información suficiente ni precisa” y que la Generalitat “no les informó de la rápida y cuantiosa crecida del caudal” del barranco del Poyo. Los consistorios consideran que no fueron informados por parte de la “autoridad competente en la dirección de la emergencia para haber reaccionado con mayor margen de tiempo frente al desastre”.

“La falta de coordinación entre los distintos niveles del Sistema Nacional de Protección Civil agravó las consecuencias del desastre”, afirma AI, que recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha determinado que la pasividad institucional ante riesgos naturales “constituye una violación del derecho a la vida” y “puede ser constitutiva de responsabilidad estatal”. 

No obstante, el informe descarta “deficiencias” en la legislación de emergencias y protección civil “respecto de lo que indican los estándares internacionales en materia de respuestas frente a catástrofes naturales”. La ONG detecta, por el contrario, fallos en “aspectos clave como la adopción de decisiones adecuadas, en tiempo real, para la protección de la población”.

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