El ministro de Justicia abandona la neutralidad institucional para convertirse en ariete del Ejecutivo contra magistrados que investigan la corrupción
The post Bolaños lidera los ataques del Gobierno a los jueces y el poder judicial responde first appeared on Hércules. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha pasado en pocos meses de declararse defensor de los jueces a convertirse en la voz más hostil del Gobierno contra la independencia judicial. Su reciente reacción tras la imputación del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha evidenciado un cambio de tono que preocupa a magistrados, fiscales y expertos en Derecho. En lugar de respetar la labor judicial, Bolaños acusó implícitamente al juez Juan Carlos Peinado de falta de imparcialidad, sembrando dudas sobre su actuación sin pruebas concretas y desde una posición institucional que exige, precisamente, contención y respeto.
El Gobierno señala a los jueces tras cada imputación
El trasfondo es claro: la Justicia ha comenzado a cercar judicialmente al entorno más próximo del presidente Pedro Sánchez. Las investigaciones afectan no solo al propio Aguirre, sino también a la esposa del presidente, Begoña Gómez, a su hermano David Sánchez y a figuras del pasado Ejecutivo como José Luis Ábalos. La respuesta del Gobierno ha sido culpar a los jueces en lugar de garantizar la limpieza del proceso. Y el encargado de verbalizar ese malestar ha sido, paradójicamente, quien debería proteger la separación de poderes: el ministro de Justicia.
Desde que el juez Peinado comenzó a instruir la causa sobre la presunta financiación irregular de la cátedra de Begoña Gómez en la UCM, el Ejecutivo ha intensificado sus ataques contra los tribunales, denunciando un supuesto “lawfare” sin aportar evidencias. La reacción del propio Bolaños tras conocer la imputación formal de su exsubordinado Aguirre, mano derecha en su etapa como secretario general de Presidencia, fue centrar su “preocupación” en el juez, no en los hechos investigados. Así, deslizó la idea de una posible prevaricación, sin mencionarla explícitamente.
Las asociaciones judiciales alzan la voz
Los ataques no han pasado desapercibidos para las asociaciones de jueces y fiscales, que ven en esta actitud un intento del Gobierno por controlar el poder judicial mediante la presión y la reforma institucional. La reforma legal anunciada esta semana, que busca desvincular el mandato del fiscal general del del Gobierno, ha sido recibida con recelo por asociaciones como la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
Cristina Dexeus, presidenta de la AF, ha sido tajante: “Los fiscales siguen sin ser independientes”. La jerarquía interna sigue vigente y la posibilidad de que el fiscal jefe designe y aparte a quien instruya las causas abre la puerta a interferencias directas. Por su parte, María Jesús del Barco (APM) advierte que la reforma no fortalece a la Fiscalía como institución, sino únicamente al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, estrechamente vinculado al Ejecutivo.
Una reforma que no convence a Europa
El Consejo de Europa ha sido reiterativo en su exigencia de que España modifique el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una demanda que el Gobierno continúa ignorando. Aunque la reforma del Ministerio Fiscal es una respuesta parcial a las advertencias europeas, expertos como Fernando Portillo, del Foro Judicial Independiente, denuncian que el verdadero objetivo es “quitarse de en medio a los jueces incómodos” y que, para ello, se está utilizando a la Fiscalía como nuevo brazo ejecutor.
Incluso desde sectores progresistas de la judicatura se admite que la independencia plena del fiscal instructor sigue siendo una quimera. La figura del juez de garantías que valide su actuación, lejos de blindar el sistema, podría suponer una rebaja en la protección judicial efectiva si no se asegura la autonomía real del fiscal frente a su superior jerárquico.
El papel de Bolaños en esta ofensiva política contra la justicia marca un punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Su rol, como ministro de Justicia, exige neutralidad, respeto y defensa de la institucionalidad. Sin embargo, sus declaraciones y su participación activa en el señalamiento de jueces lo convierten, según numerosas voces críticas, en el máximo exponente de una deriva gubernamental que amenaza los pilares del Estado de Derecho.
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