La Comisión Europea exige cambiar el impuesto a no residentes, pero su defensa de la «no discriminación» acaba beneficiando a los ricos y perjudicando a los españoles
The post Bruselas expedienta a España por discriminar fiscalmente a propietarios extranjeros de viviendas first appeared on Hércules. La Comisión Europea ha abierto un expediente contra España por “imposición discriminatoria” a los propietarios extranjeros de viviendas no alquiladas. La medida afecta a los llamados “contribuyentes no residentes”, que están obligados a declarar una renta ficticia del 2% del valor catastral de su inmueble, algo que no se exige a quienes residen en el país. Desde Bruselas se exige ahora una reforma que elimine esa diferencia, en nombre de la igualdad de trato. Sin embargo, esa “igualdad” no solo protege al inversor extranjero de clase alta, sino que puede tener efectos muy negativos para el acceso a la vivienda de los propios ciudadanos españoles.
Un impuesto “discriminatorio”… solo para los extranjeros ricos
El origen del conflicto está en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR), que impone a quienes tienen una propiedad en España —pero no la habitan ni la alquilan— la obligación de declarar un ingreso ficticio del 2% del valor catastral, o del 1,1% si este ha sido actualizado. Esta carga fiscal, inexistente para residentes en la misma situación, ha sido señalada por la Comisión como una infracción del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y del Espacio Económico Europeo (EEE).
Bruselas afirma que esta norma obstaculiza la libre circulación de capitales al penalizar con mayor carga tributaria a los extranjeros. Y, aunque el procedimiento abierto por la Comisión es legalmente comprensible y previsible, plantea una paradoja preocupante: la UE impide que España proteja su mercado inmobiliario de la presión especulativa de grandes patrimonios no residentes que acumulan propiedades sin ningún uso social.
Si bien el principio de no discriminación es un pilar del derecho comunitario, su aplicación estricta en este caso beneficia de forma directa a ciudadanos no residentes —en su mayoría millonarios— frente a los españoles de a pie. El IRNR trataba de equilibrar mínimamente una situación profundamente asimétrica: inversores con poder adquisitivo adquieren viviendas que no utilizan, mientras los precios se disparan en zonas como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga, dificultando el acceso a la vivienda a la población local.
Lo que Bruselas interpreta como discriminación es, en realidad, una forma de contención de los efectos negativos de la presión extranjera sobre un mercado altamente tensionado. Sin esta herramienta fiscal, España pierde margen de maniobra para frenar una burbuja inmobiliaria alentada por el capital foráneo, que convierte barrios enteros en inversiones de lujo deshabitadas.
Un país turístico
La decisión de la Comisión, pese a su envoltorio legalista, consolida una idea preocupante sobre el lugar de España en Europa: el de mercado turístico, destino vacacional o refugio fiscal, pero no país soberano con derecho a proteger a su ciudadanía. Se impide gravar a quien acapara propiedades sin usarlas, mientras no se ofrecen mecanismos para garantizar vivienda asequible o equilibrar los efectos del turismo de lujo.
En lugares como Madrid, barrios como Salamanca o Chamberí viven una transformación radical impulsada por fortunas extranjeras. El precio del metro cuadrado ha crecido un 24% interanual, y miles de pisos quedan vacíos o infrautilizados.
La paradoja es clara: la igualdad formal entre residentes y no residentes acaba protegiendo a los más privilegiados, porque solo ellos pueden permitirse tener segundas viviendas vacías en Madrid, Marbella o Ibiza. Mientras, miles de jóvenes y familias españolas ven cada vez más lejos la posibilidad de acceder a una vivienda digna.
El expediente abierto por la Comisión puede parecer menor, pero su carga política es profunda: delimita el tipo de políticas públicas que España puede adoptar en su propio territorio, en nombre de un principio de no discriminación que, en la práctica, perpetúa la desigualdad. Bruselas defiende la movilidad y la inversión, pero no parece tener en cuenta el impacto social que estas generan en los países receptores.
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