El Tribunal Supremo investiga a directivos de Servinabar y Acciona por presuntas comisiones en el caso Koldo, que salpica a Ábalos y Cerdán
The post Caso Koldo: Servinabar y Acciona, en la mira del Supremo first appeared on Hércules. El magistrado Leopoldo Puente, a cargo del conocido caso Koldo en el Tribunal Supremo, continúa este lunes con las declaraciones de empresarios investigados por el presunto pago de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. Entre los citados figuran Joseba Antxón Alonso, responsable de Servinabar, y Fernando Merino, antiguo directivo de Acciona en Navarra.
La investigación busca esclarecer si se realizaron pagos ilícitos que habrían beneficiado al exministro José Luis Ábalos, al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y a su entonces asesor Koldo García, considerados parte central de una supuesta red de corrupción.
Hallazgos clave: contratos, grabaciones y millones públicos
El juez considera que Alonso, Merino, José Ruz y los hermanos Fernández Menéndez “pudieron participar en adjudicaciones irregulares” mediante pagos indebidos. La base de la imputación está en un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que incluye grabaciones realizadas por el propio Koldo García entre 2019 y 2023.
Uno de los indicios más comprometidos es un contrato privado encontrado en la vivienda de Alonso. En el documento, firmado por Cerdán y fechado sin elevar a escritura pública, se establece la venta del 45% de Servinabar (1.350 participaciones) a cambio de 6.000 euros. La UCO destaca que esta empresa logró contratos con el Gobierno de Navarra valorados en más de 75 millones de euros.
Pese a que el contrato incluye firmas y el sello de la sociedad, la defensa de Cerdán insiste en que carece de valor legal, al no haberse oficializado ante notario. El propio exdiputado confirmó su existencia, pero sostuvo que nunca llegó a abonar el importe ni a ejercer como socio.
Amistad y política: el nexo entre Cerdán y Alonso
Durante su comparecencia, Cerdán reconoció su amistad con Alonso, que comenzó en 2006 y se consolidó hacia 2011. Según su testimonio, compartían interés político y colaboraban en análisis estratégicos para evitar que “las derechas gobernaran en Navarra”. Alonso habría sido clave en el contacto con PNV y EH Bildu, gracias a su proximidad con Arnaldo Otegi.
Cerdán relató que, tras el batacazo electoral del PSOE en Navarra, barajó dejar la política y Alonso le ofreció entrar en Servinabar como socio. Aceptó y firmaron el contrato, pero tras consultarlo con su esposa desistió y ordenó su destrucción. También confirmó que, en 2017, compartió un piso con Alonso en Madrid por una renta de 800 euros mensuales, sin que esa convivencia tuviera relación con intereses empresariales.
El exlíder socialista negó cualquier mediación a favor de Servinabar y recalcó que, en el momento de su creación en 2015, su partido se encontraba en la oposición: “No podía ayudar a ninguna empresa”, aseguró.
Las conexiones entre Servinabar, Acciona y contratos millonarios
El informe de la UCO subraya que Servinabar y Acciona formaron parte de varias Uniones Temporales de Empresas (UTE) para acceder a adjudicaciones públicas en Navarra. Una de las más destacadas fue la del túnel de Belate, por un valor de 76 millones de euros, considerada una de las mayores obras públicas en la comunidad foral en la última década, según la acusación de UPN.
En el registro al domicilio de Fernando Merino, exjefe del departamento navarro de Acciona, los investigadores hallaron documentación que confirma vínculos empresariales estrechos con Servinabar. Entre los papeles figuran cesiones de participaciones, modificaciones estatutarias y la constitución notarial de UTE conjuntas en los años 2018 y 2019, también con otra sociedad, Alegure.
Además, la Guardia Civil detectó documentos relativos a otras adjudicaciones como la autovía de Recajo y el pabellón Navarra, todas con participación de Servinabar o Acciona. A raíz de estos indicios, el Supremo ha reclamado toda la documentación vinculada a cinco adjudicaciones de Acciona Construcción, valoradas en 537 millones de euros, ejecutadas en Murcia, La Rioja, Andalucía y Cataluña, cuatro de ellas bajo formato de UTE.
Cerdán reconoció haber conocido a Merino en 2014, cuando este se presentó en su despacho en Pamplona como representante de Acciona. Su contacto, aseguró, cesó al trasladarse a Madrid en 2017.
Reacciones y medidas cautelares
Las declaraciones de Alonso y Merino se producen tras las comparecencias del pasado viernes, donde otros tres empresarios implicados —José Ruz (Levantina Ingeniería y Construcción) y los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez (Obras Públicas y Regadíos)— negaron haber abonado comisiones ilegales.
Tras sus declaraciones, el magistrado Puente impuso comparecencias quincenales en sede judicial a los tres. En el caso de Ruz, se sumó la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el país, medidas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción y apoyadas por la acusación popular.
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