Categoría: ESPAÑA

El ministro de Transportes ha retirado los fondos a Andalucía por incumplir las normas que obligan a indicar el origen del dinero
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^{Imagen: el ministro de Transportes, Óscar Puente I La Sexta}

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por Óscar Puente, continúa financiando descuentos en el transporte público para menores de 15 años en el País Vasco, a pesar de que las autoridades autonómicas no han cumplido con la obligación de mencionar expresamente que se trata de fondos procedentes del Gobierno central.

La medida se mantiene vigente en Gipuzkoa, donde gobierna el PNV en coalición con el PSOE. La diputada foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, difundió recientemente en sus redes sociales la renovación de estas bonificaciones sin hacer referencia directa a la fuente estatal de financiación.

Ampliación de descuentos en Gipuzkoa hasta finales de 2025

Según lo comunicado por Domínguez, las personas menores de 15 años podrán viajar gratuitamente en toda la red del sistema MUGI a partir del 1 de julio de 2025. Además, se mantendrán otros descuentos aplicables: un 50% en el billete para jóvenes de hasta 25 años, y un 40% de rebaja para el resto de los usuarios.

El sistema MUGI también contempla incentivos adicionales como bonificaciones por uso frecuente, transbordos sin coste adicional, descuentos para determinados colectivos y gratuidad para acompañantes de personas dependientes. Las autoridades forales aseguran que estas medidas buscan consolidar un transporte público inclusivo y accesible.

Contraste con la situación en Andalucía: la Junta estudia acciones legales

En contraste con el mantenimiento de las ayudas en el País Vasco, el Ministerio de Transportes anunció la retirada de subvenciones al transporte público en Andalucía, tras una campaña informativa del Gobierno andaluz que sí incluía referencias a la financiación estatal.

La Junta de Andalucía ha calificado esta decisión como un trato desigual y ha anunciado que sus servicios jurídicos están analizando la posibilidad de emprender acciones legales. Entre las opciones que se barajan figura una posible denuncia por la vía penal, aunque por el momento no se han concretado los pasos a seguir.

Condiciones para conseguir la financiación

​Las comunidades autónomas que deseen acceder a la financiación estatal para el transporte público deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Estas condiciones están reguladas principalmente por el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, y otras normativas complementarias. A continuación, se detallan las principales obligaciones:​

• Implantación de descuentos tarifarios: las comunidades autónomas deben haber implementado, desde el 1 de julio de 2023, una reducción mínima del 50% en el precio de los abonos.
• Financiación de los descuentos: los fondos recibidos deben destinarse exclusivamente a compensar a las entidades y operadores de transporte
• Reconocimiento de la financiación estatal: es obligatorio que las comunidades autónomas informen adecuadamente que la financiación del programa proviene del Gobierno central.

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Consideran que el texto rebaja los estándares de exigencia, priorizando criterios que pueden poner en entredicho la calidad y la independencia del Ministerio Fiscal
The post Los fiscales protestan ante la nueva ley de acceso a la carrera fiscal del Gobierno “socava la independencia judicial” first appeared on Hércules.  La mayoría del Consejo Fiscal ha expresado su rechazo al nuevo sistema de acceso a la carrera fiscal propuesto en el anteproyecto de ley del Gobierno. Consideran que el texto rebaja los estándares de exigencia, priorizando criterios que pueden poner en entredicho la calidad y la independencia del Ministerio Fiscal.

La crítica más contundente viene de parte de la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que rechazan la implantación del denominado “cuarto turno” —una vía de acceso que permitiría la incorporación de juristas de reconocido prestigio sin pasar por la oposición tradicional— así como el proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal.

“Abre una puerta de atrás”, afirman las asociaciones, aludiendo a que estos mecanismos pueden debilitar el filtro técnico que garantiza la excelencia y el mérito en el acceso a la función fiscal. A su juicio, el resultado sería una merma en la preparación y, por tanto, en la calidad del servicio público que prestan los fiscales.

El Consejo Fiscal también ha cuestionado el nuevo protagonismo del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), que en el anteproyecto pasa a encargarse de la formación de aspirantes y de la concesión de becas. Si bien se valora el objetivo de democratizar el acceso y eliminar barreras socioeconómicas, preocupa que la preparación de opositores recaiga en un órgano que no cuenta con una plena independencia institucional, como también alertó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

“Esta reforma puede generar una carrera a dos velocidades”, advertía el CGPJ en su informe previo, aprobado por unanimidad. Desde el órgano de gobierno de los jueces subrayan el riesgo de que, bajo la apariencia de inclusión, se ponga en cuestión el principio de igualdad y se socave la independencia judicial.

Aprobado con siete votos a favor y cuatro en contra, el informe del Consejo Fiscal se suma así a las crecientes voces críticas en torno a una reforma que, según denuncian varias asociaciones profesionales, podría comprometer la calidad técnica y la neutralidad del Ministerio Fiscal.

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Este plan puede abrir una nueva etapa para las Fuerzas Armadas españolas, siempre que venga acompañado de una ejecución eficaz y un seguimiento constante de su impacto en quienes integran la institución
The post Sánchez promete un aumento de 10.000 millones en defensa first appeared on Hércules.  El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la aprobación del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa marca un punto de inflexión en la estrategia española en este ámbito. La decisión de alcanzar el 2% del PIB en gasto en Defensa ya en 2025 —frente a la previsión inicial de 2029— supone un importante esfuerzo presupuestario, con una inversión adicional de 10.471 millones de euros.

Este plan se alinea con los compromisos internacionales de España como miembro de la OTAN y responde también al contexto geopolítico actual, donde la seguridad y la autonomía estratégica europea han cobrado mayor protagonismo. El incremento en Defensa, además, no se limita a inversión tecnológica o equipamiento, sino que contempla un aumento de efectivos y mejoras en las condiciones laborales de las Fuerzas Armadas.

En este sentido, cabe destacar la voluntad expresada por el Ejecutivo de atender demandas históricas del personal militar, un colectivo que durante años ha sentido cierto abandono institucional. La mejora de las retribuciones, ya iniciada, y los planes para reforzar la formación, modernizar infraestructuras y actualizar equipos pueden suponer un reconocimiento merecido para quienes desempeñan un papel esencial en la seguridad nacional.

No obstante, aunque el discurso político ha puesto el foco en dignificar el trabajo de los soldados, es importante que estas medidas se traduzcan en resultados tangibles a medio y largo plazo. La profesionalización y estabilidad de la tropa y marinería requieren más que una mejora coyuntural: necesitan un compromiso sostenido que garantice no solo salarios dignos, sino también una carrera militar con perspectivas reales.

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A raíz de la muerte del papa Francisco, exploramos cómo el cine y la televisión han retratado la figura papal, desde el drama político hasta la sátira más provocadora. Un recorrido por seis obras que desnudan el Vaticano
The post El Papa en la pantalla, entre la realidad del poder y fuerza de la ficción first appeared on Hércules.  El lunes 21 de abril falleció a los 88 años el papa Francisco, nacido Jorge Bergoglio, quien desde 2013 lideró la Iglesia católica como una figura de renovada apertura y controversia. Su desaparición marca el fin de una era, pero también abre el telón a una sucesión inevitable, terreno fértil para la ficción. A lo largo del tiempo, el cine ha abordado con fascinación —y no sin polémica— el universo del Vaticano, sus rituales secretos, sus conflictos internos y la insondable figura del Sumo Pontífice.

Una de las historias más desgarradoras en torno al poder eclesiástico apareció recientemente en El rapto (2023), de Marco Bellocchio, que retrata el caso real de un niño judío secuestrado por orden papal en 1858 para ser criado como católico. Pero más allá de esta obra testimonial, existen otros filmes y series que han moldeado la percepción del Papa, revelando las sombras y luces de la Santa Sede. Aquí, una selección de seis producciones imperdibles.

Cónclave

Basada en la novela de Robert Harris, esta intriga ambientada tras la repentina muerte del Papa nos introduce en el interior del cónclave. Con el cardenal Lawrence (Ralph Fiennes) al frente del proceso de sucesión, se despliega una batalla entre facciones que luchan por influir en la elección del nuevo pontífice. Secretos, tensiones ideológicas y una revelación final demoledora dan cuerpo a este thriller eclesiástico dirigido por Edward Berger, quien reconstruyó fielmente el Vaticano en Cinecittà. La película se alzó con varios premios internacionales, incluyendo el Oscar y el Bafta al Mejor Guion Adaptado.

Habemus Papam

Dirigida por Nanni Moretti, esta comedia dramática se adentra en la mente de un nuevo Papa (Michel Piccoli) que, presa de una crisis existencial, rechaza su destino. Se niega a asomarse al balcón tras la elección y abandona el Vaticano en busca de sí mismo. La película aborda con delicadeza el peso espiritual del cargo, anticipando incluso la renuncia de Benedicto XVI años después. Melancólica y reflexiva, es una mirada poco común sobre la fragilidad del poder.

Ángeles y demonios

En esta precuela de El código Da Vinci, Ron Howard arma una vertiginosa caza de símbolos en el corazón del Vaticano tras la muerte sospechosa del Papa. Tom Hanks encarna al profesor Langdon, quien debe descifrar una conspiración de los Illuminati que amenaza con dinamitar la Santa Sede. Con ritmo frenético, locaciones reconstruidas digitalmente y una tensión constante entre ciencia y fe, este thriller encontró la oposición del Vaticano y sedujo a millones de espectadores.

Amén

El cine político de Costa-Gavras toca una de las fibras más sensibles del siglo XX: la pasividad del Vaticano ante el Holocausto. Basada en la obra El vicario, la película denuncia el silencio del papa Pío XII frente al genocidio judío. Con gran sobriedad, la cinta se convierte en un testimonio de denuncia moral, reforzado por un controvertido cartel que comparaba la cruz con la esvástica. Una película que invita a no mirar hacia otro lado ante las injusticias de la historia.

The Young Pope / The New Pope

Con Jude Law como Pío XIII, Paolo Sorrentino imaginó un pontífice joven, enigmático y autoritario, cuyo estilo contrasta con las tradiciones vaticanas. Entre el lujo barroco, el sarcasmo teológico y una visión estética impactante, la serie pinta a un Papa tan divino como perturbador. En su secuela, The New Pope, John Malkovich asume el papel de un pontífice interino, mientras el anterior yace en coma. Aunque menos intensa que la primera entrega, la serie se atreve a abordar temas como el extremismo religioso y el espectáculo del poder espiritual.

Así, entre lo real y lo simbólico, el cine ha convertido al Papa en un personaje tan mítico como humano. Un espejo deformante donde la fe, el poder y el misterio se cruzan, invitando al espectador a mirar más allá de los muros sagrados.

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El Ejecutivo lleva tres años sin cumplir con una sentencia europea que le obliga a reformar la ley de responsabilidad patrimonial del Estado
The post El Gobierno retrasa la ley para indemnizar a los ciudadanos por los errores de la Administración first appeared on Hércules.  El Gobierno español continúa con un retraso de tres años en la reforma de la ley de responsabilidad patrimonial del Estado, destinada a facilitar que los ciudadanos puedan exigir indemnizaciones por los errores de la Administración. Esta demora ha sido resultado de la falta de cumplimiento de la sentencia dictada en junio de 2022 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que instaba a España a modificar la ley. El Tribunal dictó una resolución en la que consideraba que el procedimiento actual resultaba excesivamente complejo para que los ciudadanos pudieran recibir indemnizaciones por actos de la Administración contrarios al Derecho europeo.

En su sentencia, el TJUE criticó que el proceso judicial en España supeditara el pago de indemnizaciones a una decisión en contra de la justicia europea, lo que obligaba a los ciudadanos a agotar la vía judicial nacional antes de poder acceder a una indemnización. Este procedimiento, según el Tribunal, dificultaba enormemente que los afectados pudieran obtener compensaciones, lo que fue considerado como una vulneración de los derechos de los ciudadanos.

El Plan Normativo de 2025 y los plazos incumplidos

El Plan Anual Normativo de 2025, recientemente presentado por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, incluye la modificación de la ley de responsabilidad patrimonial como uno de los objetivos para este año. Sin embargo, este no es el primer intento del Gobierno por cumplir con la sentencia europea. Tanto en 2023 como en 2024, la reforma de esta ley también fue incluida en los planes legislativos, pero nuevamente no se logró su aprobación.

El retraso en la reforma ha generado inquietud, ya que la Comisión Europea ha advertido en diversas ocasiones sobre la necesidad de cumplir con los compromisos adquiridos en la sentencia del TJUE. Este incumplimiento sigue siendo un obstáculo para que los ciudadanos puedan recibir compensaciones adecuadas en caso de perjuicios causados por la administración pública.

Las prioridades legislativas del Gobierno en 2025

El Gobierno ha establecido para este año una agenda legislativa ambiciosa que incluye 199 iniciativas, de las cuales 16 son leyes orgánicas, 43 son leyes ordinarias y 140, reales decretos. Sin embargo, gran parte de las medidas más destacadas están relacionadas con el Ministerio de Trabajo, como la reforma en la indemnización por despido improcedente, la mejora de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, y la adecuación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y las pensiones para 2026.

A pesar de este enfoque en otras áreas, la reforma de la ley de responsabilidad patrimonial del Estado sigue siendo una tarea pendiente que ha quedado relegada frente a otros proyectos legislativos que parecen tener mayor prioridad, como la reforma fiscal, la legislación laboral y las reformas en los medios de comunicación.

La controversia en torno al cumplimiento de los compromisos fiscales

Uno de los principales problemas que enfrenta el Gobierno para avanzar en la reforma de la ley es la dificultad para cumplir con los hitos fiscales establecidos por Bruselas. En particular, el impuesto al diésel, que es una de las medidas clave del quinto tramo del Plan de Recuperación, sigue siendo un punto de fricción. El rechazo de la medida por parte de los partidos de la oposición y la falta de apoyo suficiente en el Congreso han hecho que el Gobierno se vea obligado a posponer su presentación, lo que también ha afectado a la evaluación de los fondos Next Generation EU.

A pesar de estas dificultades, el Gobierno de Pedro Sánchez ha enviado nuevas propuestas a Bruselas con la esperanza de que se pueda llegar a un acuerdo que permita avanzar en la ejecución de las reformas necesarias para cumplir con los compromisos europeos.

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Alfonso Serrano (PP) acusó a Defensa de excluir al Ejército de los actos del Dos de Mayo por animadversión hacia Ayuso. Robles respondió tildando de machista su comentario y defendió que no hubo veto, sino razones operativas.
The post Choque en el Senado: Defensa acusa de “machismo” al PP por su crítica a Ayuso quedando fuera de la parada militar first appeared on Hércules.  En una tensa sesión de control al Gobierno en el Senado, el popular Alfonso Serrano, mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, ha cuestionado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por la exclusión del desfile militar en los actos del Dos de Mayo en Madrid. Durante su intervención, Serrano insinuó que el motivo de esta ausencia era político, al plantear si “una mujer con un vestido, presidenta, no puede pasar revista a las tropas”.

Robles, visiblemente molesta, le respondió que ese comentario le había parecido “absolutamente machista” y “chusco”. “He preferido no escuchar nada respecto a la ropa de nadie”, ha zanjado, reprochándole a Serrano que intentara congraciarse con Ayuso mediante una alusión que, según dijo, ni siquiera a ella le parecería adecuada.

El senador del PP denunció que Defensa ha “vetado” la participación del Ejército y de la Patrulla Águila en el homenaje del Dos de Mayo, pese a que la efeméride conmemora el alzamiento de 1808 y está recogida en un decreto de 1811. Según él, los militares han estado presentes en todos los actos de esta festividad desde la presidencia de Joaquín Leguina, y su exclusión este año es un gesto de desprecio hacia los madrileños motivado, aseguró, por un enfrentamiento con Ayuso.

Robles respondió que la unidad militar prevista tiene ya programado un despliegue en Letonia, y que “una revista con pasodobles” quizá no sea la mejor forma de honrar a las Fuerzas Armadas. Añadió que sí habrá presencia militar en la tradicional retreta y en el homenaje a los caídos, y que el Ministerio no ha querido privar a los ciudadanos de Madrid de actos conmemorativos.

La ministra también recalcó que las celebraciones deben centrarse en la ciudadanía y no politizarse, y lamentó el uso partidista que, a su juicio, ha hecho el PP de este tema. Frente a las acusaciones de Serrano, Robles defendió que no hay veto alguno, sino un ajuste operativo debido a compromisos internacionales, y subrayó la voluntad de que la jornada sea un tributo a los valores que representa el Dos de Mayo, más allá de disputas políticas

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La Comisión Europea pospone indefinidamente la evaluación del quinto tramo de las ayudas europeas, crucial para la economía española
The post Bruselas frena el pago de 25.000 millones de los fondos Next Generation a España first appeared on Hércules.  Bruselas ha decidido dejar sin una fecha concreta la evaluación del quinto desembolso de los fondos Next Generation destinados a España, un tramo que asciende a 25.000 millones de euros. Esta decisión, confirmada por fuentes del Ejecutivo comunitario a elEconomista.es, implica que el Gobierno español aún no tiene luz verde para recibir estas importantes ayudas, compuestas por transferencias a fondo perdido y créditos.

La razón principal de esta pausa en la evaluación formal radica, según las mismas fuentes, en la necesidad de completar un intercambio exhaustivo de información entre la Comisión y las autoridades españolas. Aunque Bruselas evita mencionarlo explícitamente, la subida fiscal al diésel, uno de los hitos clave pendientes, se perfila como un escollo importante. La falta de apoyo parlamentario para esta medida sitúa su futuro en una nebulosa, generando preocupación en Bruselas. La Comisión argumenta que la magnitud de la petición de pago exige una revisión minuciosa.

Retrasos acumulados

Este retraso se suma a la ya dilatada espera para este quinto tramo, inicialmente previsto para el segundo semestre de 2023. No fue hasta diciembre de 2024 cuando el Gobierno de Pedro Sánchez formalizó la solicitud de pago a Bruselas. El único avance reciente fue la aprobación por parte de la Comisión, el pasado 11 de abril, de las modificaciones solicitadas por Moncloa en su petición.

A pesar de estos contratiempos, el plazo límite de agosto de 2026 para que España solicite la financiación del plan de recuperación post-pandemia se mantiene inalterable. La acumulación de retrasos supone un desafío considerable para el Gobierno español.

Tras la evaluación de la última adenda al plan de Recuperación, aún será necesario el visto bueno de los Estados miembro, lo que podría postergar el pago, como muy pronto, hasta el verano.

Paradójicamente, esta demora podría ofrecer una ventana de oportunidad al Ejecutivo de Sánchez. El quinto pago está condicionado al cumplimiento del impuesto al diésel. La actual dificultad para obtener el respaldo parlamentario necesario podría llevar a Bruselas a aplicar un pago parcial, un mecanismo previsto cuando no se cumplen todos los hitos. Este respiro temporal permitiría al Gobierno intentar recabar apoyos, especialmente de Podemos, aunque la oposición de la derecha se antoja probable. Esta es la razón por la que la medida aún no ha sido presentada en el Congreso.

El impuesto al diésel no es un elemento aislado; forma parte de la reforma fiscal comprometida con Bruselas, que será objeto de un escrutinio exhaustivo por parte de la Comisión. Esta reforma debe traducirse en un aumento de la recaudación equivalente al 0,3% del PIB.

El quinto tramo de los fondos Next Generation es significativo no solo por su cuantía, sino también por el número de medidas que engloba. Inicialmente, este desembolso, junto con los dos primeros tramos de préstamos, comprendía 32 medidas. Sin embargo, tras la decisión del Gobierno de adelantar 55 hitos y objetivos de tramos posteriores al considerarlos ya cumplidos, el quinto tramo ahora aglutina un total de 84 medidas, manteniendo la cuantía total de 25.000 millones de euros (9.100 millones en transferencias y 16.000 millones en préstamos).

El último pago recibido por España data de junio de 2024 y también llegó con un retraso de medio año respecto al calendario inicial. En aquella ocasión, el obstáculo fue el incumplimiento del hito relativo al subsidio por desempleo, tras su no convalidación en el Congreso. Finalmente, las prórrogas y concesiones de la Comisión permitieron desbloquear el pago.

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La prensa se opone al Gobierno por su intento de controlar las audiencias digitales a través de un medidor que favorecería a medios afines
The post La AMI teme que Moncloa imponga el EGM como medidor de consumo de medios cuando acabe el contrato con GfK first appeared on Hércules.  La patronal de los medios de comunicación ha levantado la voz ante lo que considera un intento del Gobierno por controlar la medición de audiencias digitales en España. El temor radica en que el Ejecutivo imponga el sistema del Estudio General de Medios (EGM), un modelo basado en encuestas, como único referente oficial cuando expire a finales de año el contrato con GfK DAM, la empresa que actualmente audita las audiencias.

Preocupación en el sector: “quieren controlar los datos”

La Asociación de Medios de Información (AMI) ha iniciado un proceso de reflexión sobre el futuro de la medición en España. El contrato con GfK DAM, en vigor hasta diciembre de 2025, está próximo a expirar, y la industria busca una solución que garantice independencia y rigor metodológico.

Las alternativas sobre la mesa son tres: renovar el contrato actual con mejoras técnicas, buscar un nuevo proveedor externo o crear un sistema propio, gestionado conjuntamente por los principales actores del sector. La AMI ya ha contratado una firma de consultoría –posiblemente KPMG– para diseñar una nueva metodología validada por expertos externos.

Sin embargo, la preocupación no es solo técnica. En septiembre de 2024, el Gobierno aprobó el Plan de Acción por la Democracia, que contempla una reforma de la Ley de Publicidad Institucional, la creación de un registro oficial de medios y la imposición de criterios uniformes para medir audiencias. El sector teme que esos “criterios” estén orientados a beneficiar a medios afines a Moncloa en el reparto de fondos públicos.

El fantasma del EGM: encuestas bajo sospecha

Lo que más alarma a las grandes cabeceras es que el Gobierno se incline por el EGM como herramienta oficial. Este modelo, basado en encuestas telefónicas y presenciales, podría permitir –según denuncian fuentes de la patronal– modificar los resultados de audiencia a medida, alterando así el reparto de la publicidad institucional.

“El riesgo es que el Estado pague con dinero público a un medidor que favorezca a medios ideológicamente alineados con el Ejecutivo“, lamenta una fuente del sector. La sombra del clientelismo mediático se cierne sobre el nuevo sistema, justo cuando la competencia digital es más feroz que nunca y la sostenibilidad económica de los medios está en entredicho.

Las reuniones entre las principales asociaciones del sector –AMI, AIMC, AEA, RTVE y UTECA– se han intensificado. El objetivo común: garantizar que el futuro sistema sea transparente, independiente y consensuado.

La preocupación no es trivial. El medidor oficial condicionará no solo el acceso a la publicidad pública, sino también la credibilidad de los medios ante los anunciantes privados y la ciudadanía. En juego está la pluralidad informativa y el equilibrio económico de un sector que ya ha sufrido duros ajustes en los últimos años.

Una amenaza para la prensa libre

Para muchos editores, lo que se esconde tras este movimiento es una estrategia del Gobierno para intervenir en el ecosistema mediático, consolidando un modelo donde los medios críticos pierdan peso y financiación.

La AMI exige que cualquier decisión sea tomada con participación activa del sector y de los anunciantes. “No se trata solo de elegir un proveedor –advierten–, sino de defender la independencia de la prensa en un momento político especialmente delicado“.

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