Categoría: ESPAÑA

La Plataforma Pasarela al RETA convoca una protesta para exigir una integración justa y completa en la Seguridad Social
The post Los mutualistas se movilizan: gran manifestación en Madrid el 27 de septiembre first appeared on Hércules.  La batalla por una jubilación digna entra en su fase decisiva. La Plataforma Pasarela al RETA, que agrupa a miles de profesionales atrapados en el sistema de mutualidades alternativas —principalmente abogados, procuradores, arquitectos, ingenieros, químicos y aparejadores—, ha convocado una manifestación en Madrid para el 27 de septiembre con un mensaje claro: no aceptarán una reforma parcial que deje fuera a parte del colectivo.

Una lucha por la igualdad en derechos

Desde hace años, los afectados por las mutualidades alternativas —entidades que funcionan como alternativa al régimen general de autónomos (RETA)— reclaman poder incorporarse de forma voluntaria e íntegra al sistema público de Seguridad Social, al que no pudieron acceder en su día por exigencias colegiales o normativas restrictivas. Muchos de ellos, tras décadas de cotización en estas mutualidades privadas, han descubierto que sus aportaciones no les garantizan pensiones dignas, ni derechos equiparables al resto de trabajadores por cuenta propia.

El pasado 6 de mayo de 2025, el Grupo Parlamentario Socialista llevó al Pleno del Congreso la admisión a trámite de una Proposición de Ley que permitiría este paso al RETA de manera voluntaria. Aunque se trató de un avance relevante en el plano político, la propuesta fue recibida con frialdad por las plataformas de afectados, al considerar que no contempla las principales demandas del colectivo.

Según denuncia la Plataforma Pasarela al RETA, la proposición del PSOE reconoce el problema, pero ofrece una solución insuficiente. El texto presentado no garantiza la equivalencia 1×1 entre los años cotizados en las mutualidades y los del RETA, lo que supondría que muchos profesionales no alcanzarían una vida laboral completa ni pensiones adecuadas.

Además, deja fuera a los mutualistas pasivos, es decir, a aquellos que ya han cesado su actividad profesional pero que también sufren las consecuencias del sistema alternativo. La exclusión de este grupo, denuncian desde la plataforma, es una injusticia inaceptable, ya que han cotizado durante años en un sistema que ahora demuestra ser inviable.

Pese al rechazo por parte del Congreso a la enmienda a la totalidad presentada por VOX, el proceso legislativo sigue su curso. El plazo para la presentación de enmiendas por parte del resto de grupos parlamentarios se ha ampliado hasta el 3 de septiembre, y desde la plataforma aseguran contar con el respaldo firme de varios partidos que comparten la gravedad del problema.

Con este nuevo horizonte, los colectivos implicados consideran que se está entrando en la fase final de la tramitación parlamentaria, un momento decisivo para presionar y garantizar que nadie quede fuera de la reforma. Por eso han intensificado su campaña y han convocado una gran movilización ciudadana.

27 de septiembre: el día clave

La protesta, prevista para el 27 de septiembre en Madrid, aspira a ser una llamada de atención masiva al Gobierno y a los partidos políticos. Desde la Plataforma Pasarela al RETA piden unidad y firmeza: “No debemos rebajar nuestras exigencias para evitar que ningún afectado quede excluido. Esta es una lucha por la justicia social y por los derechos de miles de profesionales que llevan años olvidados”, aseguran en su comunicado.

Los organizadores hacen un llamamiento a los medios de comunicación para que se sumen a la difusión de esta convocatoria y ayuden a visibilizar una situación que afecta al presente y futuro de miles de trabajadores. En sus palabras, no se trata solo de una cuestión técnica o legislativa, sino de garantizar el derecho a una jubilación justa, digna y en igualdad de condiciones para todos.

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El nuevo protocolo de la Policía Nacional también prevé apartarlos de unidades de violencia de género y limitar el contacto con las víctimas
The post Los policías acusados de acoso sexual perderán el acceso a bases de datos sensibles first appeared on Hércules.  La Dirección General de la Policía ha aprobado un protocolo que restringe las funciones de los agentes denunciados por acoso sexual, especialmente su acceso a bases de datos policiales y su participación en unidades sensibles como las que combaten la violencia de género. Esta medida llega tras varios casos de uso indebido de información personal por parte de miembros del cuerpo, y en el marco de una nueva política de tolerancia cero contra el acoso y en defensa de los derechos humanos.

La nueva normativa, elaborada por la Dirección General de la Policía, responde a la necesidad de reforzar la protección de las víctimas y prevenir nuevos casos de acoso en el seno de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Entre las principales medidas destacan la restricción de acceso a bases de datos sensibles a los agentes denunciados, así como su reubicación fuera de unidades como la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer).

El protocolo detalla que cualquier agente acusado formalmente de acoso podrá ser apartado de sus funciones habituales de forma cautelar, siempre priorizando la seguridad y bienestar de la víctima. Además, se impedirá que ambas partes compartan destino o coincidan en procesos de formación, ascenso o práctica profesional.

Casos reales precipitan la reforma

La adopción de este protocolo llega tras varios escándalos recientes. Uno de los más sonados fue el del agente de la Brigada de Información condenado por usar bases policiales para acosar a mujeres, una práctica que también ha generado expedientes disciplinarios en la Guardia Civil. Además, el Tribunal Supremo ratificó la sanción a un comisario principal por acceder a datos sobre la pareja de su exmujer sin justificación profesional.

Estos casos han demostrado que el acceso privilegiado a bases de datos puede convertirse en una herramienta de acoso, y han acelerado la necesidad de establecer límites claros al uso de la información confidencial por parte de los agentes investigados.

El protocolo se inspira en el Real Decreto 247/2024, que regula los protocolos contra el acoso sexual en la Administración General del Estado, y se enmarca en el I Plan de Igualdad de la Policía Nacional. Además, se apoya en la Ley Orgánica 4/2010, que considera el acoso sexual una falta grave o muy grave en el régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.

La Dirección General afirma que el texto refleja su compromiso con la igualdad real y la protección de los derechos humanos, y promueve una política de tolerancia cero frente a cualquier forma de acoso, independientemente del rango o situación de la persona implicada.

Asesoría confidencial y protección de la víctima

El protocolo también crea un sistema de asesorías confidenciales, a las que pueden acudir las víctimas para recibir orientación, apoyo y presentar denuncias. Este mecanismo garantiza la discreción y confidencialidad, evitando una segunda victimización y asegurando que se respeten los derechos de ambas partes.

Asimismo, se especifica que la activación del protocolo no supone por sí misma una sanción, pero sí puede desencadenar medidas preventivas como la separación física del agresor y la víctima o la reasignación de funciones.

Desde la Dirección General se subraya que los responsables de mando deberán promover “relaciones basadas en la igualdad, el respeto mutuo y la colaboración”, con el objetivo de generar un entorno profesional seguro y libre de discriminación.

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Duke es investigada por criterios de promoción que priorizan raza y diversidad, en posible conflicto con leyes de derechos civiles en EE.UU
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La Facultad de Medicina de la Universidad de Duke se encuentra en el centro de una creciente controversia tras implementar nuevas políticas de promoción que priorizan criterios basados en la raza y la diversidad, desatando acusaciones de violaciones a la ley de derechos civiles. Las directrices, conocidas como el “Marco de Nombramiento, Promoción y Permanencia para la Erudición en Justicia, Equidad, Diversidad, Antirracismo e Inclusión” (JEDAI), fueron publicadas el 3 de julio y ya han sido retiradas del sitio web tras las consultas de medios nacionales.

Las políticas permiten a los docentes avanzar profesionalmente al involucrarse en actividades como asesorar a estudiantes BIPOC (negros, indígenas y personas de color), fortalecer relaciones con universidades históricamente negras o diseñar programas para aumentar el ingreso de minorías en la medicina. Estas iniciativas han sido descritas por Duke como una respuesta al llamado “impuesto a los negros”, que implica la sobrecarga institucional sobre personas racializadas para representar a sus comunidades en tareas académicas. “Las personas BIPOC son frecuentemente asignadas a roles de representación sin recibir crédito formal”, señala el documento.

Sin embargo, organizaciones legales han reaccionado con firmeza. Dan Morenoff, director ejecutivo del Proyecto Estadounidense de Derechos Civiles, advirtió que estas directrices podrían constituir una discriminación racial abierta, lo que pondría a Duke en la mira del actual gobierno federal, que ya investiga prácticas similares en universidades como Harvard y Columbia. “Esto no parece una zona gris. Es una infracción directa a la ley federal”, afirmó Morenoff.

Por su parte, David Bernstein, experto en derecho constitucional de la Universidad George Mason, calificó las políticas como “ideológicas” e “inapropiadas” para una institución médica, argumentando que desvirtúan los méritos tradicionales como la investigación clínica.

Preferencias raciales también alcanzan a la Facultad de Derecho

Las críticas no se limitan a Medicina. En 2023, la revista de leyes de Duke fue señalada por enviar instrucciones confidenciales a aspirantes de minorías, alentándolos a revelar su raza para mejorar sus posibilidades de admisión. El memorándum interno, revelado por el Washington Free Beacon, incluía ejemplos de declaraciones personales donde la identidad racial era destacada desde la primera línea.

Estos hechos se suman a una investigación federal activa que involucra a Duke y otras 44 universidades por presuntos programas de postgrado diseñados exclusivamente para minorías raciales, en aparente conflicto con el principio de igualdad de oportunidades.

Crecen los cuestionamientos a las políticas DEI en la educación superior

Las directrices de Duke forman parte de una tendencia más amplia en las facultades de medicina que priorizan valores de diversidad, equidad e inclusión (DEI) sobre los criterios académicos tradicionales. Por ejemplo, el Departamento de Medicina de la Universidad de Brown otorga más peso a la experiencia en iniciativas DEI que a las habilidades clínicas de excelencia.

Entre las actividades que pueden sumar puntos en los procesos de promoción académica, según las guías de Duke, se encuentran el diseño de cursos sobre microagresiones, análisis de racismo sistémico en Estados Unidos y participación en la beca JEDAI, orientada a revisar patrones de representación e inclusión.

Pese al revuelo, la universidad no ha emitido comentarios públicos sobre el tema, lo que ha aumentado la incertidumbre en la comunidad académica y legal sobre el futuro de estas políticas.

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El Tribunal de Cuentas detecta 227.990 expedientes irregulares en ayudas sociales entre 2016 y 2024 y alerta de pagos indebidos sistemáticos
The post Cataluña pierde 167 millones en fraudes sociales sin que Illa impulse cambios first appeared on Hércules.  La Sindicatura de Cuentas ha destapado un monumental agujero en las prestaciones sociales de la Generalitat de Cataluña: 167,5 millones de euros en pagos indebidos durante el periodo 2016-2024. Lejos de impulsar una revisión profunda del sistema, el gobierno de Salvador Illa ha optado por minimizar el impacto del informe, descartando una reforma estructural y limitándose a declaraciones genéricas sobre la dificultad de gestionar estas políticas.

Un sistema opaco y sin control

El informe del órgano fiscalizador autonómico revela que 227.990 expedientes presentan irregularidades. El desglose es demoledor: 70,6 millones de euros en errores o fraudes relacionados con ayudas por dependencia, 43,7 millones en pensiones no contributivas mal abonadas y otros 36,1 millones vinculados a programas de renta garantizada. Según la Sindicatura, el modelo catalán adolece de falta de controles efectivos, duplicidades, pagos incompatibles y adjudicaciones sin que los beneficiarios cumplan los requisitos legales.

La gestión del sistema se califica en el informe como “excesivamente compleja” y “carente de mecanismos de verificación adecuados”. Esta combinación de burocracia y laxitud ha convertido a las prestaciones sociales catalanas en un coladero para el fraude y el clientelismo político, con efectos tanto financieros como sociales.

Illa evita actuar tras el escándalo

Pese a la gravedad de los datos, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha descartado una auditoría a fondo del sistema. En declaraciones recientes, ha admitido la necesidad de “replantear” algunos aspectos, pero descarta revisar en profundidad el modelo actual, asegurando que lo importante es “mirar hacia adelante”. Esta actitud contrasta con la magnitud del problema y con el riesgo de que la situación se perpetúe o incluso se agrave.

Mientras tanto, la consejera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, ha propuesto una amnistía parcial para los cobros indebidos, evitando exigir responsabilidades a los beneficiarios irregulares o al entramado político-administrativo que permitió el descontrol.

El precedente de Navarra: más gasto, peores resultados

El caso catalán no es único. Navarra, con un modelo similar basado en ayudas directas y rentas garantizadas, gasta un 69% más que Madrid en políticas sociales pero registra más pobreza y menor renta por hogar. En esa comunidad, los fraudes en programas asistenciales llegan al 81% según los datos más recientes. A pesar del volumen creciente de recursos públicos, los indicadores sociales no mejoran.

Este fenómeno, que afecta a toda España, ya ha sido analizado por expertos como el economista Ángel de la Fuente, que cifra en más de siete millones los beneficiarios de algún subsidio estatal. El coste agregado de estas políticas supera los 28.000 millones de euros anuales, una cifra que no se está traduciendo en mejoras sostenidas de calidad de vida ni en inserción laboral.

Las conclusiones del informe y la inacción del Govern han reavivado el debate sobre el uso político del gasto social. Las políticas asistenciales, diseñadas para aliviar la pobreza y favorecer la inclusión, se han convertido en muchos casos en herramientas de fidelización electoral, sin exigencia de resultados ni controles reales. La ausencia de consecuencias judiciales o administrativas para los responsables de los pagos indebidos refuerza esta percepción.

El Tribunal de Cuentas no descarta responsabilidades judiciales por el fraude, aunque no se ha anunciado ninguna investigación formal hasta la fecha. La situación de la antigua DGAIA, entidad pública encargada de la protección de menores, añade más leña al fuego: su sustitución por una nueva dirección general ha venido acompañada de nuevas denuncias por adjudicaciones irregulares y reparto opaco de fondos.

En lugar de asumir responsabilidades o revisar el sistema, la Generalitat ha optado por el inmovilismo. El discurso oficial insiste en que “las políticas sociales son de las más difíciles que existen”, pero evita enfrentar el problema con decisiones concretas. La magnitud del fraude, sin embargo, exige algo más que retórica: requiere controles, transparencia y una política que priorice resultados sobre ideología.

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Los de Luis Enrique sentenciaron en 23 minutos con tres goles y dejaron en evidencia al proyecto inacabado de Xabi Alonso
The post El PSG humilla al Madrid y lo echa del Mundial de Clubes con un 4-0 demoledor first appeared on Hércules.  Un baño de realidad. Así puede resumirse la dolorosa eliminación del Real Madrid ante un PSG arrollador (4-0) en las semifinales del nuevo Mundial de Clubes disputadas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. En apenas 23 minutos, los franceses, dirigidos por un Luis Enrique en estado de gracia, fulminaron a un equipo blanco desorganizado, errático y superado desde el primer minuto. Los errores de Asencio y Rüdiger allanaron el camino, y el doblete de Fabián Ruiz coronó una de las derrotas más duras del Madrid en el escenario internacional reciente.

Desastre en diez minutos

La debacle comenzó antes de que el partido encontrara su ritmo. Asencio se durmió en el área en el minuto 6, perdió el balón ante un Dembélé eléctrico, y el rebote acabó en los pies de Fabián, que marcó a placer. Tres minutos más tarde, Rüdiger cometió un error aún más grave: regaló un balón siendo el último hombre, y Dembélé, de nuevo decisivo, lo convirtió en el 2-0 con una definición rasa ante Courtois.

Dos errores, dos goles. El Madrid no tuvo tiempo ni de pestañear. El equipo, debilitado por la baja de última hora de Alexander-Arnold, que obligó a Valverde a jugar como lateral, quedó desnudo ante un rival que presiona, corre y mata sin piedad.

Lejos de reaccionar, el conjunto de Xabi Alonso se fue disolviendo entre imprecisiones y desajustes. Con un centro del campo partido, sin ayudas en banda y con un tridente ofensivo estático —Vinicius, Mbappé y Gonzalo—, el PSG dominó a placer. Vitinha y Fabián controlaron el ritmo del partido desde la medular, mientras Kvaratskhelia y Doué explotaban sin oposición las espaldas de Valverde y Fran García.

En el minuto 23, una brillante jugada colectiva desde el córner acabó con Fabián empujando su segundo gol de la noche. Una obra coral que evidenció la distancia entre dos proyectos: el PSG de Luis Enrique, sólido, trabajado y colectivo, frente al Madrid de Xabi, aún en fase embrionaria y plagado de dudas.

Con el 3-0 al descanso, el técnico blanco buscó un revulsivo en la segunda mitad, pero ya era demasiado tarde. Las sustituciones —Militao, Modric, Brahim, Carvajal, Lucas— no cambiaron el guion. El Madrid respiró por la relajación del PSG, que incluso vio anulado un gol a Doué. Pero en el minuto 87, Sergio Ramos, exmadridista, rubricó la goleada con el 4-0 definitivo, tras un contraataque fulminante.

Xabi señala sin disimulo

La actuación blanca fue tan decepcionante como reveladora. Xabi Alonso, en su primer gran reto al mando del Real Madrid, terminó mandando mensajes claros a su plantilla: sentó a Vinicius y Bellingham a la hora de juego, claramente superados por el escenario. El Madrid volvió a tropezar con problemas estructurales que ya se vieron con Ancelotti: desequilibrio en defensa, desconexión entre líneas y una fragilidad alarmante ante rivales de élite.

El PSG, por su parte, se postula como el gran favorito a conquistar el nuevo Mundial de Clubes, tras haber barrido también al Inter en Champions por 5-0. Luis Enrique ha construido una máquina perfecta, que combina presión alta, velocidad y calidad técnica en todas sus líneas.

La imagen del Madrid tras el pitido final —con Modric cabizbajo, Courtois abatido y Xabi pensativo— resume el sentimiento de fracaso de un equipo que llegó con ilusión y se marcha goleado. El baño táctico y físico del PSG deja a los blancos fuera de la final y obliga a replantear prioridades. El proyecto de Xabi necesitará tiempo, ajustes y refuerzos si quiere competir con los grandes monstruos del continente.

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EE.UU. lanza un plan agrícola ante la compra de tierras por China cerca de bases militares. Defensa y USDA alertan de amenazas a la seguridad nacional
The post EE.UU. refuerza seguridad ante compra china de tierras first appeared on Hércules.  El Pentágono ha elevado el nivel de alerta tras detectar un incremento en la compra china de tierras agrícolas cercanas a bases militares estadounidenses. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció esta semana que el Departamento de Defensa se está tomando “muy en serio” esta amenaza, subrayando que “la seguridad alimentaria es seguridad nacional”.

A su lado, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, presentó el nuevo Plan de Acción Nacional de Seguridad Agrícola, una hoja de ruta ambiciosa que busca blindar los intereses agrícolas y estratégicos del país. “Este plan pone a Estados Unidos primero”, declaró Hegseth, quien advirtió que el control extranjero de tierras críticas compromete la soberanía y defensa de la nación.

Un riesgo geopolítico que rodea las instalaciones clave

El Departamento de Defensa reveló que entidades chinas poseen terrenos cercanos a al menos 17 bases militares, entre ellas Fort Hood (Texas), Fort Benning (Georgia), y Grand Forks (Dakota del Norte). Esta última ha sido foco de controversia por la adquisición de 370 acres por parte del Fufeng Group, una empresa china con vínculos con el Partido Comunista.

Ese terreno, adquirido para la construcción de un molino de maíz húmedo, está ubicado a escasos kilómetros de la base aérea Grand Forks, hogar de la 319ª Ala de Reconocimiento, responsable de operaciones de inteligencia de alta altitud.

Ciberataques, espionaje y riesgos biológicos

Más allá de la tierra, la estrategia de Beijing abarca el espionaje biotecnológico. El Departamento de Justicia acusó recientemente a dos científicos chinos, Yunqing Jian y Zunyong Liu, de intentar contrabandear un hongo clasificado como arma potencial de agroterrorismo, que ataca cultivos como el trigo, maíz y arroz.

El USDA aprovechó este caso para advertir que “los adversarios extranjeros están infiltrándose en nuestra investigación, robando tecnología, comprando tierras agrícolas y lanzando ciberataques contra nuestra cadena alimentaria”. Según el informe, se trata de una estrategia a largo plazo para debilitar la infraestructura agrícola de EE.UU.

Fufeng, una advertencia ignorada

La polémica en Dakota del Norte ha sido uno de los casos más ilustrativos. Pese a las advertencias de la Fuerza Aérea y del Congreso, el Comité de Inversión Extranjera en EE.UU. (CFIUS) no bloqueó el proyecto de Fufeng. Solo después de la presión pública, el ayuntamiento de Grand Forks canceló la inversión.

La Comisión de Revisión Económica y de Seguridad EE.UU.-China ya había advertido en 2022 de los vínculos entre la empresa y el gobierno chino, remarcando el peligro de tener presencia extranjera tan cerca de instalaciones estratégicas de vigilancia.

Medidas urgentes y un nuevo portal de denuncias

El USDA aseguró que tomará medidas agresivas en siete áreas críticas, entre ellas:

• Prohibición de propiedad extranjera directa o indirecta de tierras agrícolas por parte de adversarios extranjeros
• Refuerzo legal con penas más duras y transparencia obligatoria
• Protección contra amenazas biológicas
• Defensa de la infraestructura alimentaria como activo de seguridad nacional

Además, se ha lanzado un portal en línea para que agricultores y ciudadanos denuncien casos de compras sospechosas o incumplimientos de la Ley de Divulgación de Inversiones Extranjeras Agrícolas (AFIDA).

Datos oficiales: China tiene menos tierra que Canadá, pero el riesgo no desaparece

Según el último informe del USDA, al cierre de 2023 los inversores extranjeros poseían 45 millones de acres en EE.UU., lo que representa el 3,5% del total privado. Canadá es el principal propietario extranjero con el 33% de esa superficie, mientras que China controla 277.336 acres, menos del 1% del total extranjero.

Sin embargo, el informe advierte que estas cifras pueden estar subestimadas debido a estructuras empresariales complejas que dificultan la trazabilidad de la verdadera nacionalidad de los propietarios. Texas, Carolina del Norte, Missouri, Utah y Florida concentran el 93% de las tierras controladas por entidades chinas.

El Pentágono exige más transparencia al USDA

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) criticó en 2024 al USDA por su manejo de los datos sobre propiedad extranjera. Según el Pentágono, la información proporcionada por AFIDA no es “ni oportuna ni detallada”, dificultando la detección temprana de riesgos.

El secretario Hegseth concluyó con un mensaje firme: “No podemos permitirnos mirar hacia otro lado. Ya no estamos dormidos al volante. Estamos actuando, y vamos a proteger tanto nuestras bases como nuestra producción agrícola”.

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Europa diseña una red de defensa militar y logística ante el riesgo de conflicto con Rusia. Róterdam y Amberes, en el centro del plan
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La Unión Europea avanza hacia una nueva era de rearme. En respuesta a las exigencias del presidente estadounidense Donald Trump y la creciente amenaza del Kremlin, Bruselas estudia activar un plan de defensa europea que podría alcanzar los 800.000 millones de euros. La prioridad: garantizar la autonomía estratégica del continente y disuadir cualquier posible agresión, en especial por parte de Rusia, cuyo conflicto con Ucrania entra ya en su tercer año.

En un contexto marcado por las advertencias de la OTAN, el bloque europeo se prepara para lo que podría ser una nueva fase de confrontación geopolítica. En junio de 2025, el nuevo secretario general de la Alianza, Mark Rutte, alertó de que Rusia podría lanzar un ataque directo contra algún Estado miembro antes del año 2030. En consecuencia, los líderes aliados acordaron que al menos 300.000 soldados estén en condiciones de desplegarse rápidamente en caso de conflicto.

El puerto de Róterdam, clave logística militar

Dentro de esta estrategia, los Países Bajos han tomado la delantera. Además de comprometerse a elevar su gasto en defensa hasta el 5% del PIB, tal y como ha exigido Trump, el Gobierno neerlandés está adaptando su principal infraestructura portuaria a necesidades bélicas. El puerto de Róterdam, el más grande de Europa, se prepara para recibir carga militar con regularidad.

El ministro de Defensa holandés, Rubén Brekelmans, confirmó que la infraestructura deberá estar lista para acoger buques militares de forma periódica. Según el Financial Times, se están delimitando zonas específicas para el atraque de barcos cargados con suministros militares, mientras se diseñan planes logísticos para desviar mercancías civiles en caso de emergencia.

Según Boudewijn Siemons, director de la Autoridad Portuaria de Róterdam, ya existe una coordinación activa con el puerto belga de Amberes, segundo en volumen en la UE. El objetivo es gestionar el tráfico de vehículos y suministros de origen estadounidense, canadiense y británico. “Si recibimos grandes volúmenes de material militar, delegaríamos parte de la carga en Amberes u otros puertos”, declaró.

Siemons añadió que el plan contempla ejercicios militares anfibios regulares, así como mantener atracados buques de guerra en el muelle durante varias semanas, entre cuatro y cinco veces al año. Además, destacó que las zonas adyacentes al puerto, con sólidas redes de distribución, son estratégicas para almacenar recursos críticos como petróleo, gas, cobre, litio y grafito. Parte de las reservas energéticas estratégicas de los Países Bajos ya se encuentran allí.

La OTAN diseña corredores terrestres para el despliegue

Desde 2024, la OTAN ha trabajado discretamente en la creación de una red de corredores logísticos a lo largo de Europa para acelerar el despliegue de tropas y material pesado. En caso de conflicto con Rusia, estos caminos permitirían movilizar con rapidez a las fuerzas estadounidenses que desembarquen en Róterdam hacia el este del continente.

El Telegraph británico reveló que estos corredores de transporte militar se extenderían también a otros puertos europeos para evitar cuellos de botella o interrupciones por ataques rusos. Así, además de Róterdam y Hamburgo, se contemplan rutas a través de Génova, La Spezia, Atenas y diversos puertos de Turquía.

El plan logístico se basa en la hipótesis de que los puertos del norte de Europa son más vulnerables a ataques con misiles balísticos rusos. Por ello, la Alianza explora alternativas en el sur del continente. Asimismo, el informe del Telegraph menciona la posibilidad de utilizar puertos de los Balcanes, además de corredores desde Noruega, Suecia y Finlandia.

Esta red pretende garantizar que las líneas de comunicación terrestre se mantengan activas incluso en escenarios de guerra intensa. Cada enlace logístico ha sido diseñado para facilitar una respuesta rápida y coordinada ante cualquier ofensiva rusa, reforzando así el compromiso de la Alianza Atlántica con la defensa de Europa.

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El Gobierno francés lanza nuevas medidas regulatorias y financieras para desmantelar redes ligadas al islamismo político y los Hermanos Musulmanes
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En un contexto marcado por la discreción, el presidente Emmanuel Macron presidió el pasado 7 de julio una reunión clave del Consejo de Defensa, centrada en la lucha contra el islamismo político y los Hermanos Musulmanes. Este segundo encuentro, tras el realizado el 21 de mayo, deja atrás los discursos y entra en una fase operativa. La sesión contó con la participación del ministro del Interior Bruno Retailleau, la titular de Educación Élisabeth Borne y la ministra de Deportes Marie Barsacq.

Aunque las medidas no fueron espectaculares, según fuentes del Elíseo, se dirigen con precisión a actores islámicos organizados y discretos, que han adaptado su estrategia para esquivar la acción del Estado. Marine Le Pen, desde la Agrupación Nacional, calificó las acciones como simples “medidas administrativas”, restándoles peso político.

Tácticas legales ante el islamismo camuflado

Un informe publicado en mayo por el think tank Fondapol y firmado por el prefecto de Hauts-de-Seine, Alexandre Brugère, alerta sobre el uso de taqîya (la práctica de disimulo religioso) como escudo legal. Según el documento, algunas mezquitas hacen revisar sus sermones por abogados para evitar que se consideren delitos perseguibles. En este escenario de dobles discursos, la administración debe actuar con prudencia y precisión.

El arma: el acoso normativo

Frente al islamismo legalista, las autoridades están empleando el acoso regulatorio. En Nièvre, el Instituto Europeo de Ciencias Humanas de Saint-Léger-de-Fougeret —vinculado a la Hermandad Musulmana— fue sometido a inspecciones que revelaron graves fallos de seguridad. A ello siguió un registro en diciembre de 2024 y, en junio de 2025, un decreto de congelación de activos que también alcanzó a sus directivos.

Acciones similares se tomaron contra el Instituto Lissen, una escuela coránica de Colombes, cerrada en mayo tras detectarse violaciones “muy graves” en materia de seguridad contra incendios. Aunque los informes oficiales no mencionan su contenido doctrinal, el enfoque apunta claramente a estructuras asociadas al islamismo radical.

Fondos de dotación bajo la lupa

Uno de los focos centrales es la supervisión de los fondos de dotación, mecanismos pensados para el mecenazgo cultural o religioso, que han sido manipulados por redes islamistas para captar financiamiento —incluso desde el extranjero—. Aunque la ley de separatismo de 2021 aumentó los controles, la disolución de estos fondos solo puede decretarse judicialmente. El Gobierno quiere introducir ahora la disolución administrativa, lo que acortaría los plazos y daría ventaja al Ejecutivo.

Los fondos afectados podrían apelar ante tribunales administrativos, pero la carga de la prueba recaería en ellos, no en el Estado. Según fuentes oficiales, ya se han iniciado 18 procesos judiciales, con nueve disoluciones efectivas.

Sanciones económicas y control fiscal a asociaciones

Además, el Ejecutivo anunció castigos financieros a asociaciones que violen el contrato de compromiso republicano. También se intensificará el control sobre el régimen fiscal de la filantropía, cuya laxitud ha permitido que organizaciones islamistas se beneficien de deducciones fiscales, incluso con la etiqueta de “interés general”.

Un informe del Tribunal de Cuentas de 2021 denunció ya este problema. Las donaciones que se canalizan hacia entidades sospechosas pueden reducir hasta dos tercios del ingreso imponible de quien las hace, sin un control adecuado.

Congelación de activos y control patrimonial

La normativa vigente solo obliga a declarar donaciones extranjeras superiores a 15.300 euros, umbral que el Gobierno planea reducir. También se está diseñando un régimen coercitivo que permita incautar los bienes de asociaciones disueltas, para evitar su reaparición bajo otra identidad jurídica en el extranjero.

Casos como Barakacity y el Colectivo contra la Islamofobia en Francia, disueltos en 2020, muestran cómo estructuras similares pueden emerger en Londres o Bruselas con los mismos recursos económicos que se buscaba neutralizar.

Cambios en la legislación sobre publicaciones islamistas

El Consejo de Defensa también explora ampliar el plazo de prescripción de publicaciones que incitan al odio religioso. Actualmente, el periodo legal es de solo un año desde la publicación de una obra, lo que deja margen para la distribución digital de textos radicales. Ejemplo de ello es la obra “Las Reglas de la Legislación Islámica Iluminada por la Tradición Profética”, de Sayed Sabiq, aún disponible en línea.

Aunque útil, esta ampliación tendría implicaciones constitucionales, ya que afectaría a todo tipo de publicaciones y no solo a las religiosas.

Educación: vigilancia reforzada a la formación islámica

En el frente educativo, el Gobierno lanzará un plan para controlar más de cerca a las organizaciones de educación a distancia. Desde 2022, el modelo de educación en el hogar ya requiere autorización previa. También están en el radar las escuelas musulmanas privadas, algunas de las cuales se presentan bajo nombres como “escuelas Montessori” para eludir inspecciones.

Macron confirmó además la creación de una estructura estatal específica contra el islamismo, que trabajará junto a la Dirección Nacional de Inteligencia Territorial (DNRT).

Las Clir: un modelo que se expandirá

Esta nueva unidad coordinará esfuerzos con las Células Departamentales de Lucha contra el Islamismo y el Repliegue Comunitario (Clir), una iniciativa que ha dado frutos en varias regiones. Su función: detectar, prevenir y desmantelar redes islamistas locales, actuando de forma discreta pero eficaz.

El Gobierno quiere presentar una ley en otoño para permitir la plena ejecución de estas medidas. Si el calendario legislativo se cumple, el arsenal legal de Francia contra el islamismo político se ampliará de forma significativa antes de que finalice 2025.

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La política de Trump sobre medicamentos amenaza el suministro europeo, presiona a subir precios y pone en riesgo la salud pública y la industria farmacéutica
The post Trump presiona a Europa con su cruzada farmacéutica first appeared on Hércules.  La ausencia de un CONTROL ESTATAL DE PRECIOS en Estados Unidos ha convertido al país en el mayor generador de beneficios para la Industria farmacéutica mundial. Los precios de los medicamentos allí triplican el promedio de los países de la OCDE, favoreciendo los márgenes de las grandes compañías. Sin embargo, la política sanitaria de Trump apunta ahora a redibujar ese escenario y, en el proceso, desestabilizar el equilibrio global.

El decreto de Trump: más que una promesa

A mediados de mayo, el expresidente Donald Trump firmó un decreto que promete reducir los precios de los medicamentos hasta en un 80%. Su estrategia no contempla control estatal, sino aplicar en EE.UU. el precio más bajo disponible en otro país industrializado. Si un fármaco cuesta 6 euros en Italia y 20 dólares en EE.UU., ese será el nuevo tope.

Aunque parezca una victoria para el consumidor, el sector farmacéutico ve riesgos. “Los precios bajos no garantizan el suministro, pueden generar colapsos en las cadenas de distribución”, alerta Dorothee Brakmann, directora general de Pharma Deutschland. Para ella, sin un precio justo no hay innovación ni producción local.

Redistribuir la carga: el verdadero objetivo

Trump medicamentos no busca intervenir el mercado, sino obligar a Europa a asumir más costes. Según su lógica, EE.UU. asume gran parte de los gastos de investigación. Su propuesta: Europa debe pagar más. La idea ha encontrado eco en ejecutivos de Sanofi y Novartis, quienes reclaman un reajuste en los precios europeos por la presión de las regulaciones locales.

Riesgo de importar la crisis estadounidense

Expertos advierten que seguir el modelo de precios de EE.UU. sería perjudicial. “El sistema de salud europeo depende de precios regulados para equilibrar innovación y acceso”, afirma Jo Seldeslachts, economista de la Universidad de Ámsterdam. Subir precios en Europa para igualar a EE.UU. desestabilizaría ese equilibrio y sobrecargaría los presupuestos públicos.

Trump amenaza con introducir los precios farmacéuticos en las negociaciones comerciales con Europa. El acuerdo podría cerrarse antes del 9 de julio. Si Europa no cede, podrían llegar aranceles punitivos. A corto plazo, los laboratorios ganarían más; los ciudadanos pagarían la diferencia. Alemania exportó medicamentos por valor de 28.000 millones de euros a EE. UU. en 2024, Irlanda incluso más. El impacto sería generalizado.

El “tsunami farmacéutico” que se avecina

Los especialistas anticipan retrasos en la llegada de nuevas terapias a Europa, así como un endurecimiento de las evaluaciones de coste-beneficio. Menos fármacos, más restricciones. Esto no solo golpearía a los pacientes, también a la industria farmacéutica europea, que perdería competitividad y confianza social.

Ya hoy, en Alemania faltan cientos de medicamentos esenciales, desde fármacos para el corazón hasta tratamientos para el TDAH. “Si los mecanismos de mercado fallan, el Estado debe intervenir”, advierte Seldeslachts. Propuestas como almacenamiento estratégico, incentivos o compras anticipadas podrían evitar desabastecimientos.

Ingredientes activos bajo amenaza

Algunos ingredientes clave, como el salbutamol para el asma, se importan desde EE. UU. o Asia. Una alteración arancelaria afectaría a toda la cadena de producción. En 2018, el cierre de una planta de BASF en Texas ya generó una crisis mundial de ibuprofeno. Solo seis empresas fabrican su principio activo; dos están en EE. UU.

Los medicamentos innovadores, como los oncológicos, cuestan más de 1.500 euros por unidad. Aunque representan el 1% de las ventas, suponen el 40% del gasto en Alemania. En EE. UU., los precios son aún más altos. Igualar precios elevaría su coste o retrasaría su llegada a Europa.

Genéricos: el eslabón débil

Los medicamentos genéricos, más del 80% del mercado alemán, son especialmente sensibles. Las compañías de seguros presionan sus precios a la baja, haciendo poco rentable su producción. “Si un antibiótico cuesta menos que un café, es difícil que haya fabricantes”, apunta Thomas Preis, presidente de ABDA.

Trump medicamentos y su posible arancel podrían afectar tanto a exportaciones europeas como a empresas locales. Algunas tendrían que producir menos o subir precios. Incluso si se excluyen los ingredientes activos, los componentes y envases seguirán sujetos a tarifas. Eso afectaría directamente a los consumidores.

Europa busca independencia, pero a largo plazo

La UE quiere repatriar la producción farmacéutica, pero el proceso llevará años. Mientras tanto, es vital fortalecer el papel de las farmacias. Preis destaca que estas necesitan más autonomía para sustituir medicamentos escasos por equivalentes. Hoy dedican más de 20 horas semanales a gestionar faltantes, tiempo que se resta a la atención directa.

La dependencia farmacéutica de EE. UU. y Asia, agravada por crisis y tensiones comerciales, se ha convertido en un problema estructural. La estrategia de Trump, con sus aranceles farmacéuticos, podría desatar una tormenta perfecta: escasez, precios al alza y un golpe al corazón del sistema de salud europeo.

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Pedro Sánchez anuncia 15 medidas contra la corrupción política tras el escándalo de Cerdán y Ábalos. Busca recuperar la confianza y evitar dimitir
The post Pedro Sánchez esquiva responsabilidades por corrupción first appeared on Hércules.  El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado este miércoles un mensaje contundente desde el Congreso: no dimitirá y está decidido a “recuperar la confianza” tras la imputación de sus exsecretarios de Organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, por presunta corrupción política.

La comparecencia del líder del PSOE ha estado marcada por un tono firme, autocrítico y regenerador. Sánchez ha reconocido sentirse “profundamente decepcionado” consigo mismo por haber confiado en ambos dirigentes, pero ha recalcado que mantiene la seguridad de ser “un político limpio”.

“Decepción personal, pero firmeza política”

“Subo a esta tribuna con una honda sensación de decepción”, ha dicho al inicio de su intervención. “Primero conmigo mismo, y sobre todo con aquellos en quienes nunca debí confiar”. Pese a todo, insistió: “No tengo dudas sobre mi integridad”.

En plena tormenta mediática por el llamado “caso Cerdán”, Sánchez ha recalcado que comprende las “dudas legítimas” de la ciudadanía, pero ha criticado el “torrente de insultos” contra los cargos socialistas: “No todo vale en política”.

Paquete anticorrupción con 15 medidas clave

Para enfrentar el escándalo, el jefe del Ejecutivo ha anunciado un ambicioso paquete de 15 medidas anticorrupción, elaborado junto a Sumar y con asesoría técnica de la OCDE.

Entre las acciones más destacadas:

• Endurecimiento de penas por delitos de corrupción.
• Duplicar los plazos de prescripción penal.
• Crear listas negras de empresas sancionadas para impedirles contratar con el Estado.
• Establecer una agencia anticorrupción independiente.
• Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para proteger a denunciantes.

También se contempla la creación de juzgados especializados en delitos contra la administración pública y procedimientos sumarios que eviten dilaciones indebidas, claves para “restaurar la confianza”.

Sánchez descarta dimitir: “No tiraré la toalla”

Durante su discurso, Sánchez confesó que “llegó a plantearse dimitir y convocar elecciones” tras estallar el caso. Sin embargo, afirmó que eso habría sido la salida “más sencilla” para él y su familia, pero “nunca una opción”.

“Estoy aquí por tres razones”, sentenció. La primera, reafirmar su limpieza como político. Admitió que es difícil convencer de que “no sabía nada” sobre los supuestos delitos de Cerdán y Ábalos, pero insistió: “Yo no tengo dudas”.

La segunda razón es su compromiso de recuperar la confianza de los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno. Prometió “cumplir todos los compromisos” adquiridos y “estar a la altura” en tiempos difíciles. La tercera, que su proyecto político “va mucho más allá de su persona” y aún no ha culminado.

Críticas a la oposición y reivindicación de su mandato

Sánchez cargó duramente contra el bloque de PP y Vox, acusándolos de alimentar una caricatura de él como “presidente megalómano aferrado al poder”.

“Quieren hacer creer que esto es un privilegio, y no lo es. Es una gran responsabilidad”, dijo, defendiendo su visión de la Presidencia como “una oportunidad de transformar la vida de la gente”.

Recordó que millones de ciudadanos depositaron su confianza en su Gobierno para avanzar en derechos, libertades, y convertir a España en un referente en transición verde, bienestar social y crecimiento económico.

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