Categoría: ESPAÑA

La intensidad de la ayuda varía según el tamaño de la empresa, siendo del 40% para grandes empresas y 60% para pequeñas empresas
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Energías renovables en España. Fuente: BBVA

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado la Orden TED/542/2025, de 28 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para las convocatorias de ayudas al impulso de la economía circular de bienes de equipo para energías renovables, en el marco del programa “Renocicla”.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU. El PRTR, aprobado por la Comisión Europea el 16 de julio de 2021, busca modernizar la economía española, recuperar el crecimiento económico y fomentar la creación de empleo, con especial énfasis en la transición ecológica y la transformación digital.

Las ayudas contempladas en esta orden se estructuran en dos programas principales. El Programa 1, enfocado en el fomento del ecodiseño y la circularidad de bienes de equipo para energías renovables, establece una ayuda máxima de 30.000.000 euros.

“Para esta inversión se prevé una contribución climática de hasta el 40 % de acuerdo con la metodología de acción por el clima establecida en el anexo VI del Reglamento EU 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. Para la consecución de la inversión C12.I5 se establecen el hito CID 446 y el objetivo CID 447, que consisten en la entrada en vigor de los instrumentos jurídicos pertinentes antes de que finalice 2024 y la concesión de las ayudas en el 2025”, señala el Boletín Oficial del Estado.

La intensidad de la ayuda varía según el tamaño de la empresa, siendo del 40% para grandes empresas, 50% para medianas empresas y 60% para pequeñas empresas. Adicionalmente, esta intensidad puede incrementarse en 15 puntos porcentuales para inversiones ubicadas en zonas asistidas que cumplan las condiciones del artículo 107, apartado 3, letra a), del Tratado, y en 5 puntos porcentuales para aquellas en zonas asistidas que se ajusten al artículo 107, apartado 3, letra c).

El BOE señala que “las ayudas contempladas en la presente orden incluyen como potenciales entidades beneficiarias a entidades con personalidad jurídica que realicen actividad económica, por lo que se consideran ayudas de Estado”.

Los costes subvencionables se corresponden con las actuaciones e inversiones destinadas al ecodiseño y la circularidad

El Programa 2, por su parte, está dirigido a proyectos de innovación en el ecodiseño de bienes de equipo para energías renovables, con importes de ayuda máxima también de 30.000.000 euros y las mismas intensidades de ayuda por tamaño de empresa que el Programa 1.

En cuanto al ámbito temporal, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha concentrado su primera fase de inversiones en el periodo 2021-2023 para lograr un máximo impacto contracíclico y estructural. Aunque la orden se publica en mayo de 2025, las ayudas se enmarcan en la estrategia global del PRTR y buscan dar continuidad a sus objetivos a largo plazo.

Las entidades beneficiarias de estas ayudas son empresas de distintos tamaños: grandes, medianas y pequeñas empresas. La orden subraya la importancia de la participación de estas entidades en la consecución de los objetivos de la transición ecológica y la economía circular en el sector de las energías renovables.

Los costes subvencionables se corresponden con las actuaciones e inversiones destinadas al ecodiseño y la circularidad, así como a proyectos de innovación en estas áreas. La ayuda máxima por proyecto en ambos programas se establece en 30.000.000 euros, buscando impulsar proyectos de envergadura que generen un impacto significativo en la descarbonización y la sostenibilidad de la economía española.

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Este encuentro se solicita tras la reunión, el pasado 22 de mayo, con Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas
The post SOS Rural y Campiña Norte exigen a la Junta de Andalucía que deje de sacrificar olivos centenarios para favorecer a las macroplantas solares first appeared on Hércules.  El Gobierno andaluz sigue ignorando las voces del mundo rural que claman por la defensa del olivar centenario frente al avance implacable de megaproyectos solares.

SOS Rural y la plataforma Campiña Norte Stop Megaplantas Solares han solicitado una reunión urgente con la consejera de Sostenibilidad, Catalina García, para exigir el fin inmediato de la tala de olivos centenarios en Lopera y reclamar una legislación autonómica que proteja la Superficie Agraria Útil (SAU).

La petición llega tras una decepcionante reunión mantenida el pasado 22 de mayo con Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas, que concluyó sin ningún compromiso concreto. “Recibimos buenas palabras, pero sin concreción alguna”, lamentó Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural. Un nuevo ejemplo de cómo la Junta de Andalucía, encabezada por Juan Manuel Moreno, prefiere plegarse a los intereses de grandes corporaciones energéticas antes que proteger el territorio y su gente.

Actualmente, cuatro macroplantas solares amenazan el término municipal de Lopera. Tres de ellas, promovidas por la empresa Greenalia, ya han sido declaradas de utilidad pública por la Junta. El cuarto proyecto, impulsado por FRV Arroyadas, espera el visto bueno de la Delegación de Medio Ambiente en Jaén para avanzar.

La autorización ambiental, de carácter obligatorio, se encuentra bloqueada por la existencia de alegaciones ambientales contundentes, entre ellas, la presencia del ave protegida Alzacola rojizo, cuyo hábitat podría desaparecer con estos proyectos.

SOS Rural no solo denuncia el abandono institucional, sino que exige medidas concretas: la activación del procedimiento de evaluación ambiental del Plan Especial del Ayuntamiento de Lopera —clave para suspender nuevas licencias— y el rechazo a la Autorización Ambiental Unificada para el cuarto proyecto. Ambas acciones están en manos del Ejecutivo andaluz, que hasta ahora se ha mostrado más receptivo con los intereses de fondos privados que con la ciudadanía.

La falta de compromiso del Gobierno andaluz alimenta la destrucción de un patrimonio agrícola

“De la decisión que adopte el equipo de Catalina García depende, en gran parte, el futuro del olivar de Lopera y la posibilidad real de contener un modelo energético que amenaza el equilibrio entre sostenibilidad, territorio y justicia rural”, advierte Corbalán.

Por su parte, Rafael Alcalá, portavoz de Campiña Norte, denuncia: “No se puede hablar de sostenibilidad mientras se arrancan miles de olivos para beneficiar a fondos privados, algo que la sociedad civil no entiende y a lo que dice basta”.

Más de 90.000 firmas respaldan ya la campaña ‘¡Salvemos los olivos centenarios de Lopera de ser talados para poner placas solares!’, un clamor popular que ha llegado hasta el Parlamento andaluz. Todos los grupos políticos han accedido a reunirse con los portavoces de la iniciativa, salvo el Partido Popular, que sigue esquivando el debate y perpetuando una política ambiental profundamente contradictoria.

Mientras la Junta presume de sostenibilidad y transición energética, permite que se arranquen olivos que han resistido siglos, sustento de familias, símbolo cultural y baluarte ecológico. La energía limpia no puede cimentarse sobre la destrucción del legado rural. Andalucía no puede permitirse seguir sacrificando su tierra en nombre de una falsa modernidad que solo enriquece a unos pocos.

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Desde el Partido Popular, se ha insistido en que los resultados de las urnas fueron ignorados por una izquierda “fracturada y sin proyecto”
The post Dos años de gobierno de Candelaria Testa: promesas incumplidas, gestión cuestionada y un Alcorcón en crisis first appeared on Hércules.  El pasado martes se cumplieron dos años desde las elecciones municipales de 2023 en Alcorcón, unos comicios que dejaron un claro mensaje de las urnas: el Partido Popular fue la fuerza más votada con 35.044 apoyos, lo que representó un 38,79 % del total, casi duplicando al PSOE, que obtuvo 23.390 votos, el peor resultado de su historia en el municipio. Sin embargo, fue la izquierda —PSOE, Ganar Alcorcón y Más Madrid— quien logró sumar fuerzas y formar un gobierno de última hora con un único objetivo: frenar la entrada del Partido Popular al Ayuntamiento.

Desde entonces, la gestión del gobierno de coalición liderado por la socialista Candelaria Testa ha estado marcada por la inestabilidad, la falta de cohesión y el desgaste político. Lejos de constituir un equipo con un proyecto común para la ciudad, las formaciones gobernantes han protagonizado constantes desencuentros internos y han sido incapaces de ofrecer soluciones estructurales a los problemas crónicos de Alcorcón.

El balance de estos dos años es, según numerosos vecinos y medios locales, “profundamente decepcionante”, durante los cuales han destacado por la parálisis institucional, con retrasos reiterados en los pagos a proveedores, deterioro en los servicios públicos y una alarmante falta de planificación urbana.

Además, medios como Alcorcón Hoy se han hecho eco de la creciente frustración ciudadana por el abandono de barrios enteros, el colapso del transporte público y la opacidad en la gestión de recursos municipales.

Candelaria Testa incumple sus promesas electorales

Las promesas de regeneración y progreso que Testa anunciaron durante la campaña han quedado lejos de cumplirse. En su lugar, Alcorcón se encuentra, según palabras de varios portavoces vecinales, “en la UCI”.

La inseguridad ha aumentado, la limpieza urbana sigue siendo una asignatura pendiente, y el tejido comercial local, lejos de reactivarse, sufre una lenta agonía ante la falta de apoyo institucional.

A todo ello se suma la percepción de que el actual gobierno carece de una hoja de ruta clara. A pesar de los esfuerzos comunicativos del equipo de la alcaldesa, las decisiones más relevantes se han tomado con escasa transparencia y sin una visión de futuro. La política municipal parece girar en torno a la supervivencia del pacto de gobierno, más que al bienestar de los ciudadanos.

Desde el Partido Popular, que continúa liderando la oposición, se ha insistido en que los resultados de las urnas fueron ignorados por una izquierda “fracturada y sin proyecto”, unida únicamente por su rechazo al cambio que muchos vecinos reclamaron en las urnas. Dos años después, ese rechazo ha dado paso a una descomposición política que, a juicio de muchos, amenaza con llevar a Alcorcón a una situación aún más crítica.

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Leire Díez niega actuar por encargo del PSOE y apunta a Alejandro Hamlyn como responsable de las grabaciones difundidas desde un despacho
The post La “fontanera” del PSOE asume que Hamlyn es el responsable de las filtraciones sobre la UCO first appeared on Hércules.  Leire Díez, militante socialista y periodista, ha sido relacionada con una polémica grabación. En ella ofrece un supuesto pacto con la Fiscalía. A cambio, pide información sensible sobre la Unidad Central Operativa (UCO). La conversación tuvo lugar con el empresario Alejandro Hamlyn, imputado en el caso hidrocarburos.

Según informó Confidencial Digital, Díez sospecha que la grabación se originó en el entorno de Hamlyn. Muestra su sorpresa ante el hecho de que se grabara una conversación confidencial en un despacho de abogados.

En el audio difundido se escucha cómo compara a la UCO con la Camorra napolitana, mientras negocia con Hamlyn. Él está acusado de un fraude de 154 millones de euros en IVA y se encontraba fuera de España cuando se grabó la conversación.

El PSOE reacciona y Leire Díez se defiende

La filtración coincidió con el inicio del juicio a Hafesa, la empresa de Hamlyn. Desde el entorno de Díez se señala que no es casual. Según Fuentes de Ferraz, el empresario “se escucha perfectamente” en la grabación, lo que refuerza la hipótesis de que proviene de su círculo.

La Fiscalía lo considera cabeza de una organización criminal, junto con el exconsejero delegado José Norberto Uzal. Díez se enteró por la prensa de que el PSOE le abría un expediente informativo. Más tarde, Juan Francisco Serrano, secretario adjunto de Organización, la llamó para confirmarlo. Ella sostiene que su trabajo formaba parte de una investigación periodística para un libro.

Apariciones públicas, militancia y acusaciones cruzadas

Insiste en que no actúa bajo órdenes del PSOE. Las imágenes de ella entrando en la sede de Ferraz no desmienten su militancia. Asegura que visitaba a una compañera del partido, no a Santos Cerdán, quien ese día estaba en el Congreso de los Diputados.

En su defensa, recalca que investiga presuntas prácticas corruptas de agentes de la UCO. En las grabaciones, también Hamlyn lanza acusaciones contra ciertos miembros de esta unidad. Se refiere a supuestas conexiones con el narcotráfico. Díez afirma que se defenderá de todo y niega cualquier intento de manipular la causa judicial.

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La ley antitabaco amplía zonas sin humo, incluye cigarrillos electrónicos y busca reducir la exposición al humo en espacios públicos y laborales
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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido con firmeza la nueva Ley Antitabaco que impulsa el Gobierno. Según ella, la política llega después de la sociedad, que lleva tiempo pidiendo estas medidas. García subraya que la ley responde a un reclamo social en favor de la salud pública y está alineada con las recomendaciones de la Unión Europea.

Entre las novedades, se prohíbe fumar en vehículos laborales, centros educativos, incluidos patios y campus universitarios. También en instalaciones deportivas, piscinas colectivas, marquesinas de transporte público y zonas de ocio al aire libre, como terrazas o salas de fiestas exteriores.

La ministra recuerda que ya entre 2007 y 2010 la población se adaptó a espacios libres de humo sin grandes conflictos. “No provocaron el Apocalipsis, sino más salud”, asegura. De hecho, añade que incluso muchos fumadores apoyan la idea de ampliar estas zonas sin humo.

Exposición pasiva y salud: el objetivo de fondo

Según la ministra, la ley parte de dos principios: proteger espacios con alta concentración de personas y reducir la exposición involuntaria al humo. Este humo, advierte, está detrás de hasta el 30% de los cánceres en la población expuesta sin ser fumadora.

La normativa se está desarrollando en un Real Decreto, actualmente en fase de revisión europea. Las alegaciones están previstas para finales de julio, como parte del procedimiento regulatorio común en la UE.

Esta ley no es un hecho aislado. Se inscribe en una estrategia nacional más amplia contra el tabaquismo. La estrategia incluye subvenciones para tratamientos para dejar de fumar y regulación de nuevos dispositivos de consumo.

Equiparación de productos y más impuestos

Uno de los puntos más destacados es la equiparación normativa de los cigarrillos electrónicos y los dispositivos de tabaco calentado al tabaco convencional. En la práctica, esto significa que estarán sujetos a las mismas restricciones en lugares públicos.

Además, se contempla aumentar la fiscalidad sobre todos los productos relacionados con el tabaco. Esta medida busca desincentivar el consumo, sobre todo entre los jóvenes, que son los principales usuarios de cigarrillos electrónicos.

En palabras de García, el objetivo es claro: proteger la salud colectiva frente a la exposición a humo, directa o indirectamente. El gobierno confía en que este nuevo marco legal siente las bases para una generación libre de humo.

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Los universitarios procedentes de China suponen un 30% del total de estudiantes extranjeros con una cifra de 290.000 personas
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^{Imagen: el presidente de EE.UU., Donald Trump I Reuters}

El gobierno de Estados Unidos ha iniciado una nueva ofensiva diplomática y académica contra China con la revocación masiva de visados para estudiantes e investigadores vinculados al Partido Comunista Chino (PCCh) o inscritos en programas educativos considerados “críticos” para la seguridad nacional. La decisión, anunciada por el senador republicano Marco Rubio, responde a una estrategia de “protección frente al espionaje académico e industrial” y refuerza las tensiones bilaterales en un momento de creciente rivalidad entre ambas potencias.

La medida no es general: afectará a perfiles específicos

Fuentes del Departamento de Estado confirmaron que no todos los estudiantes chinos se verán afectados, sino aquellos con conexiones documentadas con instituciones militares o gubernamentales del régimen chino, así como quienes cursen estudios en áreas tecnológicas o científicas sensibles como inteligencia artificial, robótica, aeronáutica, criptografía, telecomunicaciones o energía nuclear.

La política recuerda a la orden ejecutiva firmada por Donald Trump en 2020, que prohibía visados a estudiantes e investigadores chinos considerados un riesgo para la seguridad nacional. Aquella medida provocó la expulsión de más de 1.000 estudiantes y fue muy criticada por las universidades estadounidenses por su impacto en la investigación internacional.

Espionaje y transferencia de tecnología

El nuevo paquete de restricciones se enmarca en una narrativa sostenida por diversos organismos de inteligencia estadounidenses, como el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, que han alertado reiteradamente sobre el uso de estudiantes e investigadores como instrumentos de transferencia tecnológica no autorizada por parte del gobierno chino. Christopher Wray, director del FBI, ha señalado en varias ocasiones que “cada diez horas se abre una investigación sobre espionaje económico vinculado a China en suelo estadounidense”.

“Una caza de brujas ideológica”

El Ministerio de Exteriores chino ha reaccionado con dureza, acusando a Washington de promover una “caza de brujas ideológica” y “discriminar sistemáticamente a los ciudadanos chinos por motivos políticos”. Según la portavoz Mao Ning, esta decisión “socava gravemente el intercambio educativo y científico entre ambos países” y representa una “instrumentalización de la seguridad nacional para justificar el racismo institucionalizado contra los estudiantes chinos”.

Medios oficiales como el Global Times han advertido que esta nueva política podría provocar represalias en forma de restricciones a estudiantes estadounidenses en China, así como un retroceso en las ya frágiles relaciones bilaterales.

Impacto en la educación y la diplomacia

Estados Unidos es el destino más popular para los estudiantes internacionales chinos. Según el Institute of International Education, en 2023 había más de 290.000 estudiantes chinos matriculados en instituciones educativas estadounidenses, lo que representa cerca del 30% del total de estudiantes extranjeros en el país. Las universidades han advertido que medidas de este tipo podrían deteriorar la cooperación científica y reducir los ingresos por matrícula, especialmente en carreras STEM.

Universidades como MIT, Stanford o UC Berkeley, que cuentan con una elevada presencia de alumnos e investigadores de origen chino, han pedido transparencia en los criterios de revocación de visados y garantías legales para los afectados. Algunas asociaciones como la Asian American Scholars Forum denuncian que estas decisiones podrían fomentar la vigilancia étnica y el miedo entre los estudiantes de origen asiático.

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Los trabajadores colocados por los socialistas recibían retribuciones económicas ajenas e incompatibles con los salarios estipulados
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^{Imagen: el exdirector de la Faffe, Fernando Villén I Europa Press}

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado que la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) realizó al menos 84 contrataciones irregulares, priorizando vínculos personales y políticos sobre los principios de igualdad, mérito y capacidad. Entre los beneficiarios se encuentran familiares de miembros del PSOE, ex altos cargos de la Junta, sindicalistas y empresarios. Destaca el caso de Carmen Ibanco, esposa del portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, quien obtuvo el puesto y un posterior ascenso sin proceso de selección formal.

Fondos públicos para fines personales

Según ha informado el diario ABC, uno de los empleados contratados por la FAFFE cobraba un salario público mientras en realidad se dedicaba a asesorar y llevar la agenda del entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández García, quien presidía el patronato de la fundación entre 2004 y 2010. Se trata de Blanco Ruiz, fichado formalmente para prestar apoyo técnico a la secretaría general técnica de la Consejería de Empleo. Sin embargo, la UCO considera que los fondos se destinaron a un uso diferente al estipulado en su contrato. En concreto, se habrían desviado 91.252,01 euros del erario público para pagarle su sueldo durante el tiempo en que ejerció de asesor político, en vez de cumplir con sus supuestas funciones técnicas.

Complementos irregulares y sobresueldos encubiertos

El informe de la Guardia Civil también señala que, para sortear los límites internos de la fundación, se utilizaban denominaciones alternativas para justificar los sobresueldos. ABC detalla el caso de Antonio Expósito, quien recibió un suplemento mensual de 192,88 euros bajo el concepto de “Licenciatura”, pese a que dicho complemento no estaba contemplado en el convenio laboral. Entre 2004 y 2009, habría percibido de manera supuestamente indebida un total de 14.027,90 euros. Otra beneficiaria, Milagros Navajas, cobró un plus mensual de 247,98 euros. En todos estos casos, los fondos públicos fueron utilizados para pagos extra ajenos al marco legal.

Causas judiciales y presión política

En este contexto, el juez José Ignacio Vilaplana ha citado a declarar a 21 investigados, entre ellos exdirectores de la FAFFE, por presuntos delitos de malversación y prevaricación administrativa. Entre los imputados figura Fernando Villén, exdirector de la fundación, condenado por gastar fondos en prostíbulos y por prácticas de contratación ilegales. Paralelamente, el PSOE ha abierto un expediente informativo contra la militante Leire Díez por su implicación en un intento de desacreditar a la UCO a través de la búsqueda de información comprometedora contra agentes y mandos policiales.

Con más de 1.200 empleados en su momento de mayor actividad, la FAFFE se ha convertido en un emblema de la mala gestión y la corrupción en la administración andaluza. Las revelaciones de la Guardia Civil y el avance de los procesos judiciales ponen en entredicho la transparencia institucional y la utilización de estructuras públicas para fines partidistas. Se espera que nuevas diligencias saquen a la luz más nombres implicados y prácticas irregulares aún por esclarecer.

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