Un informe del Banco Mundial revela que la legislación laboral y la escasa cualificación de los trabajadores son los mayores obstáculos empresariales en España
The post Las empresas acusan a Yolanda Díaz y la falta de mano de obra de frenar su crecimiento first appeared on Hércules. El entorno laboral en España es, según las empresas, el principal lastre para su expansión. La encuesta Enterprise Surveys del Banco Mundial, presentada este lunes, señala dos obstáculos claros al crecimiento empresarial: la escasez de trabajadores cualificados y un marco laboral restrictivo. Ambos factores sitúan a España en peor posición que países comparables de Europa y Asia Central.
El 35% de las empresas españolas afirma que no encuentra empleados con la formación adecuada para cubrir sus vacantes. El problema es especialmente grave en las empresas grandes, donde el 41% asegura tener serias dificultades para incorporar personal cualificado, pese al elevado número de parados en el país.
“La fuerza laboral debe ser cambiante y adaptarse a las necesidades de sectores dinámicos”, subrayó Jorge Rodríguez, jefe de la Unidad de análisis empresarial del Banco Mundial, durante la presentación del informe. La solución, según Rodríguez, pasa por reforzar la formación profesional y capacitar a los desempleados para conectar oferta y demanda laboral.
Ante la inacción de las políticas públicas, las empresas están optando por formar por su cuenta a sus empleados. Un 73% de las compañías ofrece formación interna, casi 20 puntos más que en la edición anterior del informe, lo que revela que el problema no solo persiste, sino que se agrava.
La legislación laboral, bajo el foco
El segundo obstáculo más citado es la legislación laboral. El 18% de las empresas consideran que las actuales normas de contratación y despido limitan su capacidad de crecimiento, más del doble que hace tres años. Este porcentaje es tres veces superior al de los países de Europa y Asia Central.
Norman Loayza, director del Grupo de indicadores globales del Banco Mundial, fue tajante: “El problema no está en la falta de talento, sino en que el marco regulatorio complica su captación”. A su juicio, las empresas sufren la carga de una legislación rígida que les impide reaccionar con agilidad a los cambios del mercado.
A esta rigidez se suma la judicialización de las relaciones laborales. El 15% de las empresas ha tenido litigios laborales en los últimos tres años, frente al 6% en países desarrollados. Además, el tiempo medio para resolver un conflicto de este tipo en España es de siete meses, frente a los cinco meses que se tarda en otros países con rentas altas.
El capital humano es, para los expertos, el elemento clave para mejorar la productividad y la competitividad de la economía española. Así lo expuso Juan Francisco Jimeno, presidente del Consejo de la Productividad, quien remarcó el déficit formativo en profesiones STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). “Hay tres factores fundamentales para mejorar la productividad de España: capital humano, capital humano y capital humano”, repitió.
Para Jimeno, la mejora del capital humano no solo eleva el rendimiento individual de los trabajadores, sino que también mejora la gestión empresarial y la calidad del voto ciudadano, al permitir distinguir entre buenas y malas políticas públicas.
Más impuestos y más dificultades regulatorias
Otro problema que ha ganado peso desde el anterior informe es la presión fiscal. El 16% de las empresas señalan que los impuestos, incluidas las cotizaciones sociales, frenan su crecimiento, frente al 8% que lo indicaba hace tres años.
No obstante, el estudio también destaca mejoras. El acceso a la financiación, tradicionalmente uno de los principales desafíos del tejido empresarial, ya no lo es. Solo el 5% de las empresas españolas mencionan este problema, un dato muy por debajo de la media europea y asiática.
Los datos del Banco Mundial reflejan una conclusión clara: el mercado laboral español necesita reformas profundas. La desconexión entre oferta y demanda, unida a una regulación percibida como hostil por el tejido empresarial, lastran el crecimiento económico en un contexto de alta competencia internacional.
Rusia usa ataques baratos y persistentes para debilitar a Ucrania y dividir a Occidente, sin lograr avances estratégicos reales
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El reciente ataque aéreo ruso fue el más grande desde el inicio de la invasión. Sin buscar superioridad en el campo, su objetivo parece otro: generar presión mediática y desgaste sostenido. El uso masivo de drones y misiles baratos, en vez de armas de alta precisión, revela una estrategia que combina ahorro, intimidación y resistencia prolongada. La precisión ya no es prioritaria. Rusia opta por la cantidad, usando drones económicos para saturar las defensas ucranianas. Así, fuerza a Kiev a malgastar recursos en cada ataque, aunque el daño sea limitado.
Este método no busca destruir infraestructura de forma inmediata. Se pretende una erosión paulatina, forzando a Ucrania a mantenerse en alerta constante. Moscú pone en escena una ofensiva que no siempre busca objetivos militares claros, sino alimentar la narrativa de control e iniciativa. Todo confluyendo con el desastre de la 155º brigada mecanizada de Ucrania
Además, Rusia aprovecha la atención internacional. Las imágenes de ataques repetidos tienen eco en Occidente, donde se traducen en presión política. En vez de ganar batallas, el Kremlin erosiona la voluntad de los aliados de Ucrania, que ven la guerra como una sangría de recursos.
Improvisación y simbolismo en el frente
Una innovación reciente en el frente ruso revela la precariedad de sus fuerzas: la llamada “compañía de asalto motorizada”. Este nuevo grupo de combate no representa una mejora táctica. Nació de la necesidad, como adaptación a la falta de vehículos blindados modernos. Se trata de una solución improvisada para compensar la elevada tasa de pérdidas. Aunque los medios rusos intentan venderlo como una novedad propia, en realidad copiaron tácticas ucranianas con meses de retraso.
La resiliencia de Ucrania, mientras tanto, se apoya en la adaptabilidad, el aprendizaje logístico y una movilización social constante. La tecnología queda en segundo plano. Lo que mantiene viva su defensa es la capacidad de reorganizarse rápidamente ante las circunstancias. Según expertos como Ruslan Leviev, estos vehículos improvisados son más un riesgo que una ventaja. Carecen de protección, son fáciles de detectar y de destruir. No hay maniobrabilidad, ni redundancia. La región de Toretsk-Pokrovsk lo demuestra. Allí, los avances rusos son mínimos y aislados. A lo largo del frente, las ganancias son superficiales. No se traduce en control sostenido ni se rompe la defensa enemiga.
Avance sin profundidad, presión sin dirección
A lo largo de todo el frente, las fuerzas rusas se mueven como una maquinaria lenta. Lanzan ataques dispersos sin lograr avances decisivos. Cambian de línea, pero no de estrategia. El objetivo parece ser mantener la ilusión de movimiento. Los focos principales están en Toretsk, Pokrovsk y Kostiantynivka. Ninguno de estos ejes cuenta con logística suficiente ni operaciones bien coordinadas. Sin masa crítica ni velocidad, cualquier ofensiva de envergadura resulta inviable.
Estos avances no buscan cortar vías de retirada ucranianas ni romper líneas de defensa con contundencia. Son, en esencia, simulaciones de ofensivas. Escaramuzas seguidas de largos periodos de estancamiento. En Pokrovsk, por ejemplo, los ataques desde el sureste provienen de unidades poco numerosas, sin apoyo suficiente. El intento de rodear posiciones clave se queda en amagos.
El mismo patrón se repite en Toretsk: ataques simbólicos que no derivan en ocupaciones sostenidas. Los ucranianos usan el terreno a su favor, aprovechando zonas minadas y áreas urbanas para frenar a sus enemigos y lanzar contraataques. En muchos lugares, el frente se convierte en un páramo. Solo drones y artillería tienen protagonismo, pero no logran generar profundidad ni cambios estratégicos.
Drones, artillería y desgaste como norma
Otro factor crítico: el deterioro logístico ruso. Confiar en rutas improvisadas de suministro, vehículos antiguos y depósitos regionales limita la duración de cada fase ofensiva. En muchas áreas, la infantería ligera reemplaza a las formaciones pesadas. No por estrategia, sino por escasez. Esta sustitución alimenta la percepción de una guerra que se mueve, pero no avanza.
La artillería sigue siendo el arma predilecta de Rusia, pero su ventaja disminuye. Aunque tiene suficientes proyectiles de 122 y 152 mm, su industria está al límite. Para mantener el ritmo, combinan viejos sistemas soviéticos con plataformas modernas. Esto no es una táctica pragmática, sino reflejo de una economía de guerra estancada. La producción no crece. Las armas nuevas se ensamblan a partir de lo que queda.
Incluso Ucrania recurre a soluciones similares, como el obús Bohdana, construido con partes modulares. En ambos lados, la improvisación sustituye a la innovación tecnológica.
Paz fingida, guerra perpetuada
Moscú no busca una salida negociada real. La oferta de un “borrador de paz”, anunciada por Lavrov, fue más una puesta en escena. Las condiciones propuestas equivalen a la rendición de Kiev. El anuncio coincidió con un intercambio de prisioneros, presentado como gesto humanitario. Pero detrás se esconde una narrativa: Rusia finge estar dispuesta a negociar mientras sigue intensificando el conflicto.
Mientras Medvédev habla abiertamente de ocupar toda Ucrania, el Kremlin mantiene una doble postura. Habla de paz, pero actúa por guerra. Mientras analistas occidentales estudian posibles salidas al conflicto, Moscú hace lo contrario. Se esfuerza por mantener la guerra abierta, sin escalarla, pero tampoco clausurarla.
Esta estrategia cumple un doble propósito: sostiene la cohesión interna en Rusia y amplía el margen de maniobra del gobierno. En una sociedad fatigada, el relato de “amenaza externa” se convierte en escudo político. Putin no espera ganar pronto. Apuesta a largo plazo: minar la resistencia ucraniana, desgastar a Occidente y sembrar divisiones internas entre los aliados.
Occidente reacciona, Moscú calcula
El verdadero riesgo no es un avance ruso repentino, sino la erosión prolongada del apoyo occidental. Cuanto más se extiende la guerra, más crecen las contradicciones entre el discurso político y el compromiso militar. Para romper esta lógica, se necesitaría una doctrina de paciencia estratégica. Pero ahí radica la debilidad de Occidente. En muchos lugares, el miedo a una escalada ha reemplazado la reflexión estratégica.
En Berlín, Bruselas o Washington, se reacciona según lo que pueda hacer Putin, no en base a una agenda propia. Moscú marca el ritmo, el resto responde. Así, mientras el Kremlin piensa a largo plazo, los aliados de Ucrania actúan en ciclos cortos. Esta asimetría es la verdadera ventaja rusa.
El crecimiento de esta comunidad ha sido notable en el país pasando de 1,2 millones a 4 millones en apenas 10 años
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Imagen: protesta en Reino Unido I La Nación
La ciudad de Liverpool vivió momentos de pánico durante la celebración del título de la Premier League del Liverpool FC, cuando un vehículo arrolló a decenas de personas en pleno centro, dejando al menos 47 heridos, entre ellos varios niños, y obligando a la intervención urgente de los servicios de emergencia. El conductor, un hombre británico de 53 años residente en la zona, fue detenido en el lugar de los hechos, mientras la policía acordonaba la zona e iniciaba una investigación a gran escala.
Un incidente que despierta temores
El suceso ocurrió en Water Street, poco después de las seis de la tarde, cuando la ciudad aún celebraba la histórica victoria de su equipo. Testigos relataron escenas de caos y angustia, con personas atrapadas bajo el vehículo y decenas de heridos atendidos en el lugar y trasladados a hospitales cercanos. La rápida actuación policial permitió detener al sospechoso y asegurar la zona en minutos, evitando una tragedia aún mayor.
Aunque la magnitud y el contexto del atropello hicieron temer inicialmente un posible atentado terrorista, la Policía de Merseyside y los servicios de emergencia han descartado esta hipótesis tras las primeras investigaciones. El incidente, que también está siendo revisado por las unidades antiterroristas, se investiga como un accidente o acto aislado, sin indicios claros de motivación extremista.
Reino Unido y la amenaza terrorista
El Reino Unido mantiene desde hace años un alto nivel de alerta antiterrorista, especialmente en grandes concentraciones públicas. El recuerdo de atentados como el de Manchester Arena en 2017, el ataque en el puente de Londres o los recientes intentos frustrados en estaciones y aeropuertos, han consolidado la percepción de vulnerabilidad ante el terrorismo yihadista y de extrema derecha.
En los últimos años, los servicios de seguridad británicos han frustrado decenas de complots y han reforzado la vigilancia en eventos masivos, estadios y espacios públicos. Sin embargo, la mayoría de los ataques recientes han sido perpetrados por individuos aislados, conocidos como “lobos solitarios”, lo que dificulta la prevención y genera alarma ante cualquier incidente de gran impacto mediático.
Comunidad musulmana en Reino Unido
En el Reino Unido, la comunidad musulmana representa aproximadamente el 6,5% de la población total, lo que equivale a unos 3,9 millones de personas según el censo nacional de 2021. El islam es la segunda religión más grande del país, con una presencia especialmente significativa en Londres, donde los musulmanes constituyen alrededor del 15% de la población. Además, el crecimiento de esta comunidad ha sido notable en la última década, pasando de 1,2 millones en 2011 a casi 4 millones en 2021.
El año pasado un total de 154 bebés concebidos por esta técnica de reproducción asistida fueron inscritos en el Registro Civil
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Imagen: un bebé I Onda Cero
La gestación subrogada, o maternidad subrogada, es una técnica de reproducción asistida que permite a personas o parejas tener hijos a través de una mujer gestante. Su regulación es uno de los debates bioéticos y jurídicos más complejos del siglo XXI, con profundas diferencias entre países y una situación especialmente polémica en España, donde la práctica está prohibida pero cada año cientos de familias recurren a ella en el extranjero.
La situación legal en España
En España, la gestación subrogada está prohibida desde 2006 por la Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida. El artículo 10 declara nulos de pleno derecho los contratos de gestación subrogada, tanto si hay compensación económica como si no la hay, y establece que la filiación se determina por el parto: la madre legal es la mujer que da a luz al bebé.
Hasta 2025, muchas familias españolas acudían a la subrogación en el extranjero y, tras el nacimiento, solicitaban la inscripción del menor en el Registro Civil español presentando resoluciones judiciales extranjeras. Sin embargo, una nueva instrucción del Gobierno, publicada en abril de 2025, ha endurecido el acceso al registro: los bebés nacidos por gestación subrogada fuera de España ya no pueden ser inscritos directamente en consulados españoles, aunque exista una resolución judicial extranjera. Ahora, la filiación debe establecerse por vínculo biológico o por adopción posterior, y se suspenden las inscripciones pendientes.
Esta medida responde a una sentencia del Tribunal Supremo de 2024, que consideró que los contratos de gestación subrogada “cosifican a la mujer gestante y al menor” y son contrarios a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico español. El Gobierno justifica la instrucción como un paso más en la protección de las mujeres y la infancia, y para evitar que ciudadanos españoles burlen la prohibición recurriendo al extranjero.
Opiniones de expertos
El debate sobre la gestación subrogada en España es especialmente intenso y polarizado, con posturas encontradas entre expertos legales, autoridades, colectivos sociales y asociaciones de familias. Ana Miramontes, abogada especializada en gestación subrogada y miembro de la asociación “Son Nuestros Hijos”, destaca que la falta de regulación internacional genera una profunda inseguridad jurídica tanto para los menores como para las familias que recurren a este método. Miramontes subraya que la ausencia de un marco legal armonizado dificulta el reconocimiento de la filiación en España cuando el proceso se realiza en el extranjero, y advierte que la Conferencia de La Haya está trabajando en un convenio internacional que podría facilitar el reconocimiento de la filiación por subrogación, aportando mayor seguridad y claridad jurídica para todas las partes implicadas.
Desde el Ministerio de Justicia, la reciente instrucción de 2025 que impide el registro directo de menores nacidos por gestación subrogada en el extranjero se defiende como una medida necesaria para proteger a las mujeres de la explotación y garantizar el cumplimiento de la legislación española y europea. El Gobierno argumenta que esta decisión responde a la doctrina del Tribunal Supremo, que considera que los vientres de alquiler constituyen una mercantilización y privan de dignidad tanto a las mujeres gestantes como a los menores. Por ello, la filiación de estos niños solo podrá establecerse por vía biológica o mediante adopción posterior, reforzando así la postura restrictiva de España frente a esta práctica.
Por su parte, los colectivos feministas y de protección de la infancia mantienen una postura abolicionista. Consideran que la gestación subrogada supone una forma de mercantilización y cosificación del cuerpo femenino y de los menores, y reclaman la prohibición total de la práctica, incluyendo la inscripción de los niños nacidos en el extranjero. Argumentan que esta técnica instrumentaliza a la mujer, especialmente cuando existen condiciones de vulnerabilidad económica, y la reduce a la función de “vasija” o “incubadora”, lo que consideran contrario a la dignidad y a la igualdad de género.
En el lado opuesto, las asociaciones de familias que han recurrido a la gestación subrogada denuncian la inseguridad jurídica y el desamparo en el que quedan los menores nacidos por este método. Estas asociaciones reclaman una regulación que garantice los derechos y la seguridad de todas las partes implicadas, y advierten que la falta de reconocimiento legal en España puede dejar a los niños en una situación de indefensión, sin acceso a derechos básicos como la nacionalidad o la filiación reconocida. Además, insisten en que la demanda de gestación subrogada por parte de familias españolas seguirá creciendo mientras no existan alternativas legales en el país.
¿Dónde es legal la gestación subrogada?
La legalidad de la gestación subrogada varía enormemente en el mundo y, en muchos casos, incluso dentro de un mismo país. Existen dos modelos principales: la gestación subrogada comercial (con compensación económica) y la altruista (sin compensación, solo reembolso de gastos).
Estados Unidos: es el destino más habitual para extranjeros, aunque la legislación varía por estado. California, por ejemplo, la permite y regula, mientras que otros la prohíben. Un cambio reciente limita la concesión de ciudadanía a los bebés nacidos por subrogación de padres extranjeros, complicando su registro.
Rusia y Ucrania: permiten la gestación subrogada comercial, aunque Ucrania solo para parejas heterosexuales casadas. La guerra ha afectado la disponibilidad y seguridad de estos procesos.
Georgia, Kazajistán, Armenia, Albania: también permiten la gestación subrogada comercial con diferentes requisitos de acceso, generalmente restringidos a parejas heterosexuales.
Canadá, Reino Unido, Grecia, Australia, Sudáfrica: solo permiten la gestación subrogada altruista. En Canadá y Reino Unido, está abierta a parejas homosexuales y solteros, pero en Grecia, por ejemplo, exige la aprobación judicial y certificado de infertilidad.
México: solo los estados de Tabasco y Sinaloa regulan la gestación subrogada, mientras que otros la prohíben o no la contemplan, creando un mosaico legal. En el resto del país, se recurre a la justicia para inscribir a los niños nacidos por esta vía.
Brasil y Uruguay: permiten la subrogación altruista bajo condiciones muy restrictivas, como que la gestante sea familiar cercana y ya madre de al menos un hijo.
Leyes clave en el ámbito español
La legislación española en esta materia es clara y restrictiva. El principal marco legal se encuentra en la Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, cuyo artículo 10 establece que los contratos de gestación por sustitución, ya sean con o sin compensación económica, son nulos de pleno derecho. Esta disposición implica que cualquier acuerdo que transfiera la filiación de la gestante a terceros carece de validez legal en España, y que la madre legal será siempre la mujer que da a luz al niño. La finalidad de esta prohibición es proteger los derechos tanto de las mujeres gestantes como de los menores, evitando situaciones de explotación y mercantilización del cuerpo femenino.
Un cambio significativo en la aplicación de esta normativa llegó con la Instrucción del 28 de abril de 2025, emitida por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Esta instrucción endurece el tratamiento registral de los nacimientos por gestación subrogada realizados en el extranjero. A partir de su entrada en vigor, se prohíbe la inscripción directa en el Registro Civil español de menores nacidos por gestación subrogada fuera del país, incluso si se presenta una sentencia firme de las autoridades judiciales del país de origen. Las solicitudes pendientes de inscripción a la fecha de publicación de la instrucción tampoco se practicarán. Para que los menores puedan ser reconocidos legalmente en España, la filiación deberá establecerse por vía biológica respecto de alguno de los progenitores de intención, o bien a través de un proceso de adopción posterior, siempre que se acredite la existencia de un núcleo familiar con suficientes garantías.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reforzado recientemente esta postura restrictiva. En una sentencia de diciembre de 2024, el alto tribunal rechazó la regularización de niños nacidos por gestación subrogada, incluso en casos en los que existía una sentencia extranjera que reconocía la filiación. El Tribunal consideró que los contratos de gestación subrogada son contrarios al orden público español, ya que vulneran los derechos fundamentales de la mujer gestante y del menor, y, por tanto, no pueden ser reconocidos ni producir efectos legales en España. Esta doctrina se impone sobre criterios anteriores, más flexibles, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, y consolida una interpretación muy restrictiva en materia de filiación derivada de gestación subrogada.
En conjunto, la legislación y jurisprudencia españolas configuran un marco legal que no solo prohíbe la gestación subrogada en territorio nacional, sino que también dificulta el reconocimiento de la filiación de menores nacidos por este método en el extranjero, priorizando la protección de los derechos de las mujeres y los niños frente a los intereses de los padres de intención.
¿Cuánto cuesta este proceso?
El coste de la gestación subrogada varía considerablemente según el país donde se realice el proceso, debido a factores como la legislación local, el tipo de compensación a la gestante, los honorarios médicos y los servicios de agencia.
Estados Unidos: es el destino más caro, con precios que oscilan entre 110.000 y 180.000 euros (algunas fuentes citan hasta 250.000 dólares para programas ampliados). Este alto coste se debe principalmente a la sanidad privada y a la compensación elevada para la gestante.
Canadá: el coste ronda entre 80.000 y 120.000 euros, aunque la gestación subrogada solo puede ser altruista, por lo que la compensación a la gestante es para cubrir gastos y no como salario directo.
Ucrania: es uno de los países más económicos, con precios entre 37.500 y 80.000 euros en 2025. La compensación para la gestante ha subido por la reducción de candidatas debido a la guerra, situándose entre 20.000 y 30.000 dólares.
Georgia: el precio del programa básico ronda los 54.000 dólares (unos 50.000 euros) y puede llegar a 80.000 dólares para programas ampliados.
Grecia: el coste se sitúa entre 70.000 y 85.000 euros.
México y Colombia: los precios en 2025 van de 50.000 a 60.000 dólares para el programa básico, y hasta 80.000 dólares para el ampliado. La compensación a la gestante suele estar entre 10.000 y 15.000 dólares.
Reino Unido: el precio de la gestación subrogada ha aumentado hasta 100.000 libras (unos 115.000 euros) o más para programas básicos, y hasta 135.000 libras para programas ampliados.
Chipre: el programa básico comienza en 60.000 euros, y el ampliado puede superar los 100.000 euros.
India: antes de la prohibición para extranjeros, el coste era de entre 20.000 y 30.000 euros, pero actualmente no está disponible para ciudadanos no indios.
Tabla de elaboración propia
El futuro: ¿Hacia un consenso internacional?
La ausencia de una regulación internacional unificada sigue generando incertidumbre. La Conferencia de La Haya está trabajando en un posible convenio internacional sobre gestación subrogada, que podría establecer procedimientos claros para el reconocimiento de la filiación transfronteriza. Sin embargo, la ratificación y aplicación de este acuerdo dependerá de la voluntad política de cada país.
En España, la polémica está lejos de resolverse. El endurecimiento de la ley ha generado un nuevo escenario de inseguridad jurídica para las familias y menores nacidos por gestación subrogada en el extranjero, mientras el debate social y ético continúa dividiendo a la sociedad.
En su carrera política se ha conocido que la llamada “fontanera” del PSOE fue concejala en el Ayuntamiento de Vega de Pas (Cantabria) desde 2011 hasta 2014
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Recopilación de imágenes de Leire Díez con miembros del PSOE
Leire Díez Castro, conocida como la “fontanera” del PSOE, se ha vuelto las protagonistas de los informativos tras haber sido la principal impulsora de un operativo para desacreditar a la Unidad Central Operativo de la Guardia Civil (UCO), la unidad de élite de la Guardia Civil y sobre todo, a su jefe, Antonio Balas.
Balas es la persona encargada de dirigir las causas que afectan al entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la que afecta a su hermano David Sánchez, su esposa, Begoña Gómez, y la trama Koldo, la cual afecta directamente a miembros del partido socialista.
Díez Castro es licenciada en Ciencias Sociales Sociales e Información, y es periodista de profesión. A ello se le suma que, en febrero de 2022, y hasta 2024, asumió la dirección de Relaciones Institucionales, Filatelia, Estudios y Futuros, un cargo que se enmarca dentro de la empresa pública Correos.
En su carrera política, la llamada “fontanera” del PSOE fue concejala en el Ayuntamiento de Vega de Pas (Cantabria) desde 2011 hasta 2014. Posteriormente, fue teniente alcalde de la misma localidad. Según se ha conocido, este último cargo lo compaginó con la vicepresidencia de la Mancomunidad Valles Pasiegos.
Entre 2018 y 2021, Leire Díez fue responsable de comunicación del grupo ENUSA Industrias Avanzadas, SA, SME. Esta es una empresa pública española que se encarga del diseño, fabricación y abastecimiento de combustible nuclear. Tras este periodo en la empresa pública, asumió responsabilidades en Correos, otra empresa de carácter público.
El papel de Begoña Gómez era recabar información sobre los “enemigos del Gobierno”
El nombre de Leire Díez no es nuevo en el panorama político, pues en septiembre de 2024 se comenzó a hablar de ella, después de que el medio digital ‘El Confidencial’ revelase que el partido socialista se encontraba preparando una campaña contra los jueces, la UCO y periodistas. El fin de esta campaña era tapar las informaciones que se estaban publicando sobre el caso de la esposa del presidente del Gobierno.
El papel de Leire Díez en esta campaña sobre Begoña Gómez era la de recabar informaciones sobre los llamados “enemigos del Gobierno”, llamados así por el PSOE, con el fin de desacreditar sus versiones acerca de los presuntos casos de corrupción que rodean al PSOE.
La periodista de profesión sería la encargada de recabar esta información y el centro de mando de esta misión impuesta por el PSOE sería la sede del partido situada en Ferraz (Madrid). Todo ello, gestionado por las órdenes procedentes de “El 1”.
El Ejecutivo intercedió ante Bruselas para lograr el aval europeo en plena depreciación de la aerolínea y con dudas por parte de la Comisión
The post El Gobierno ayudó a mantener el valor de Air Europa para facilitar su venta a Iberia first appeared on Hércules. El Gobierno de Pedro Sánchez intercedió activamente ante Bruselas para que Air Europa no perdiera atractivo como activo de compra para Iberia, justo en el momento previo al rescate público por valor de 475 millones de euros. Esta maniobra tenía como objetivo evitar que se hundiera una operación valorada en 1.000 millones en 2019 y que, tras la pandemia, había perdido la mitad de su valor.
Las conversaciones y presiones al más alto nivel se aceleraron en el verano de 2020. El 31 de julio, Luis Gallego, consejero delegado de IAG, el hólding al que pertenece Iberia, dejó clara su postura: “la transacción ya no tiene sentido en estos términos”. En paralelo, el precio ofrecido por la aerolínea se derrumbaba hasta los 500 millones, y el rescate sirvió como garantía para sostener esa venta en curso, según se desprende de los documentos intervenidos por la Guardia Civil a raíz del caso Koldo.
Una venta pendiente del visto bueno europeo
En aquellos días, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez mostró inquietud directa por la operación, como reflejan mensajes enviados a José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes. “A mí la operación de IAG, salvo que me convenzas de lo contrario, no me convence”, llegó a escribir Sánchez. Ábalos intentó tranquilizarle, asegurando que le explicaría la estrategia antes de reunirse con Iberia.
La situación era compleja. Iberia necesitaba que Air Europa presentara una contabilidad saneada para completar la compra, pero esa fachada se sostenía gracias al rescate público que gestionaba la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), dependiente de Hacienda. Una complicación adicional fue que los Hidalgo habían cobrado un dividendo de 35 millones de euros poco antes, lo que generó reservas en Nadia Calviño, que finalmente se apartó del proceso y dejó la responsabilidad en manos de la SEPI.
Mientras tanto, Bruselas cuestionaba la legalidad de la compra por posibles efectos negativos sobre la libre competencia. Ahí entró en juego Pedro Saura, secretario de Estado de Transporte y mano derecha de Ábalos. Saura viajó a Bruselas y mantuvo reuniones con el director general de Competencia de la Comisión Europea, Olivier Guersent, para convencerle de las bondades de la operación y obtener el aval comunitario.
Aunque el argumento defendido por Saura —potenciar el hub del aeropuerto Madrid-Barajas— tenía eco en IAG, resultó poco convincente ante Competencia. En mayo de 2021, cuando IAG formalizó la notificación de la operación, las exigencias europeas se endurecieron: se solicitaba deshacerse del 52% de las rutas operadas por Air Europa para evitar un monopolio de facto.
IAG, que había comprado un 20% de la aerolínea en 2022 por 100 millones, decidió cancelar la operación en agosto de 2024, alegando que “las condiciones regulatorias ya no hacían viable la operación desde el punto de vista empresarial”. Aunque mantenía una participación financiera, no participaba en la gestión directa de Air Europa, según explicó Gallego.
La intervención del Ejecutivo en esta operación está ahora bajo el foco público, especialmente tras el estallido del caso Koldo, que salpica al entorno del Ministerio de Transportes durante la pandemia. Aunque desde IAG aseguran que su implicación con Air Europa es meramente financiera, el contexto judicial y político complica aún más la percepción pública de la operación.
Un grupo de países pide más tiempo ante dudas jurídicas y políticas, lo que obliga a aplazar la votación impulsada por el Gobierno de Sánchez
The post España fracasa en su intento de oficializar el catalán en la UE por falta de apoyos first appeared on Hércules. El intento del Gobierno español de oficializar el catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea ha fracasado, al menos por ahora. La votación prevista en el Consejo de Asuntos Generales ha sido pospuesta por la presidencia rotatoria del Consejo, que ostenta Polonia, ante la falta de consenso necesario. Aunque el Ejecutivo asegura que se han logrado “grandes avances”, admite que “un grupo reducido de países ha pedido más tiempo”, y que España aceptará continuar el diálogo.
En realidad, fueron hasta siete Estados miembros los que expresaron claramente su rechazo o sus dudas. Países como Finlandia, Dinamarca, Austria, Chipre, Alemania, Hungría, la República Checa, Países Bajos o Italia no estaban convencidos de aprobar una medida que requiere unanimidad. El Gobierno de España ha tratado de minimizar el alcance del fracaso, pero en La Moncloa ya se asumía desde primera hora de la mañana que la votación tendría que aplazarse.
Finlandia, firme en su negativa
Entre los países más reticentes, Finlandia se mostró especialmente firme. Su ministro de Asuntos Europeos, Joakim Strand, afirmó que esperaba que no se llegara a votar, ya que el asunto no estaba “maduro” y había “preocupaciones jurídicas serias” que debían ser consideradas con cautela. “La diversidad lingüística es importante”, afirmó Strand, pero añadió que aún era necesario debatir más para alcanzar un consenso real.
Austria, Hungría o Chipre también aludieron a la falta de claridad legal y al impacto que esta decisión podría tener como precedente en el marco de los tratados europeos. Otro motivo de fricción fue el coste económico de la medida: la Comisión Europea ha calculado un gasto de 132 millones de euros, que el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a asumir por completo.
El Gobierno ha desplegado una intensa campaña diplomática para lograr la oficialidad de las lenguas cooficiales, una iniciativa que el propio Pedro Sánchez ha calificado como “crucial para salvar el Rubicón con Junts”. Se trata de una cesión clave en las negociaciones con Carles Puigdemont para garantizar la estabilidad parlamentaria del Ejecutivo. Sin embargo, ni la presión institucional ni los contactos bilaterales han sido suficientes para vencer las resistencias.
Algunas fuentes diplomáticas apuntan a que la oposición del Partido Popular, que ha presionado para frenar la iniciativa, también ha complicado las cosas. El Gobierno ya había tenido que afrontar el escepticismo de Bruselas desde que presentó la propuesta, pero las gestiones del PP en varias capitales europeas terminaron de enfriar el ambiente.
El Ejecutivo insiste en volver a plantear la cuestión
Desde el Ejecutivo insisten en que este no es un rechazo definitivo, sino una petición de prórroga para seguir negociando. “España va a aceptar esta petición de seguir dialogando y trabajando”, aseguran fuentes gubernamentales. La intención es volver a plantear el tema en una futura reunión, aunque sin una fecha concreta, y con el compromiso de aportar nuevos argumentos jurídicos y técnicos que resuelvan las dudas expuestas.
Pese al revés, desde Moncloa se subraya que el debate ha servido para “visibilizar la riqueza lingüística de España” y reforzar la legitimidad de su propuesta. Sin embargo, en el ámbito político, el fracaso supone un golpe simbólico a uno de los principales compromisos de Pedro Sánchez con el independentismo catalán y los partidos nacionalistas.
Economía traslada la operación al Consejo de Ministros, que podrá imponer nuevas condiciones a BBVA tras una consulta pública sin precedentes
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El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante una rueda de prensa posterior a una reunión con la comisaria europea de Servicios Financieros, en la sede del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, a 26 de mayo de 2025, en Madrid // Alejandro Martínez Vélez – Europa Press
El Gobierno ha decidido intervenir de manera directa en la oferta pública de adquisición (opa) lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell, al considerar que plantea riesgos de interés general que trascienden los criterios de competencia ya evaluados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha elevado el expediente al Consejo de Ministros, que dispone ahora de 30 días naturales para estudiar el caso y decidir si impone condiciones adicionales a las ya establecidas por la CNMC.
La decisión, según ha explicado el Ministerio, se fundamenta en los resultados de una consulta pública inédita realizada entre el 6 y el 16 de mayo, y en reuniones con otros ministerios dentro de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. El informe de Economía detecta riesgos vinculados al impacto que la operación podría tener en la regulación sectorial, la protección del empleo, la cohesión territorial, la I+D y la política social.
El precedente de Antena 3 y La Sexta abre todas las posibilidades
Aunque el análisis se eleva a una nueva instancia, desde el Ejecutivo se aclara que esta decisión no prejuzga el resultado final. El Consejo de Ministros podría ratificar la resolución de la CNMC, imponer nuevas condiciones o incluso suavizarlas, como ya sucedió en 2012 con la fusión de Antena 3 y La Sexta, cuando el Gobierno rebajó las restricciones para facilitar la operación.
Sin embargo, la actitud del Gobierno hacia esta opa ha sido crítica desde el inicio. El propio presidente, Pedro Sánchez, ha señalado los riesgos para la cohesión territorial, y varios ministros han alertado sobre sus posibles consecuencias en materia de exclusión financiera y destrucción de empleo. Se teme que la operación agrave la alta concentración bancaria ya existente en el sistema financiero español, una situación heredada de la crisis financiera y acentuada tras la pandemia.
Por su parte, BBVA mantiene que su propuesta contempla todas las preocupaciones expresadas por el Gobierno. El banco vasco sostiene que sus compromisos con la CNMC garantizan la inclusión financiera, el apoyo a pymes y autónomos y la competencia efectiva en territorios sensibles, como Cataluña, donde la presencia del grupo se vería reforzada.
El banco también ha subrayado que su operación incluye medidas para preservar el empleo y fomentar la innovación, pilares que considera alineados con los objetivos del Ejecutivo. En su planteamiento inicial, BBVA confiaba en resolver la opa en un plazo de entre seis y ocho meses, pero la nueva intervención gubernamental podría retrasar los plazos y reformular las condiciones del acuerdo.
Una opa bajo escrutinio político y social sin precedentes
El caso de BBVA y Sabadell se ha convertido en el primer gran proceso de concentración bancaria en España que pasa por un triple filtro: CNMC, consulta pública y Consejo de Ministros. Este procedimiento resalta la creciente preocupación por el impacto social y territorial de las decisiones corporativas en sectores estratégicos.
Además, supone una señal clara de que el Gobierno pretende jugar un papel más activo en operaciones que, aunque privadas, afectan al equilibrio económico nacional. La Ley de Defensa de la Competencia ampara este enfoque, al permitir al Ejecutivo actuar cuando existan razones de interés general más allá de la competencia pura.
La concesión judicial dispara el número de VTC y fractura tanto al gremio del taxi como a las plataformas de transporte
The post Huelga del taxi el miércoles en Madrid por las 8.500 nuevas licencias de VTC otorgadas a Cabify first appeared on Hércules. El próximo 28 de mayo, el gremio del taxi en Madrid vivirá una jornada de protesta con una manifestación convocada por la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM). La marcha, que recorrerá el paseo de la Castellana, es la respuesta a la concesión judicial de 8.500 nuevas licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC) a Cabify, una decisión que cambia el equilibrio del sector en la capital: por primera vez, los VTC superarán en número a los taxis.
Pese a la gravedad del momento, el sector del taxi no muestra una postura unánime. La Asociación Gremial del Taxi y Plataforma Caracol han decidido no secundar la protesta, calificándola de innecesaria y mal planteada. Esta división interna debilita la posición de los taxistas en una batalla que lleva años librándose tanto en la calle como en los tribunales.
Una victoria judicial para Cabify
La concesión de estas licencias no es fruto de una decisión política, sino del desenlace de un largo proceso judicial iniciado por Cabify en abril de 2018. Entonces, la empresa solicitó las autorizaciones justo un día antes de que el Gobierno de Rajoy reinstaurara la proporción 1/30 (una licencia de VTC por cada 30 de taxi). La Comunidad de Madrid denegó las peticiones, pero el Supremo dio la razón a Cabify, que ahora recoge los frutos legales de aquella demanda.
Aunque el Gobierno regional ha recurrido las resoluciones judiciales, ha iniciado el procedimiento para conceder las licencias “por imperativo legal”. El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, ha asegurado que “no comparten la decisión” y agotarán todas las vías judiciales para intentar revertirla.
VTC y taxis: dos sectores en guerra… también entre ellos
La irrupción masiva de nuevos VTC no solo ha tensionado al sector del taxi, sino también al de las propias plataformas. Bolt, competidora directa de Cabify, ha alzado la voz contra la medida, advirtiendo que esta decisión concentrará el 70% de las licencias en manos de una sola empresa, rompiendo el equilibrio competitivo en el sector.
Desde Cabify se defienden asegurando que la concesión es “el resultado del cumplimiento de resoluciones judiciales” y que planean introducir los nuevos vehículos de forma escalonada. La Consejería de Transportes les había dado hasta finales de mayo para identificar los vehículos con que operarían, plazo que ha sido ampliado hasta el 17 de junio.
Un conflicto enquistado, con implicaciones económicas y sociales
Las autoridades autonómicas insisten en que el mercado de transporte en Madrid ya está saturado. Actualmente hay más de 16.000 taxis y cerca de 9.000 VTC, una oferta que consideran “suficiente para cubrir la demanda”. Sin embargo, con la llegada de estas nuevas autorizaciones, el número de VTC superará los 17.000, rebasando por primera vez a los taxis en la región.
El Gobierno de la Comunidad ha advertido que esta situación podría generar un “detrimento económico” para miles de familias que dependen del taxi. A su vez, recuerdan que una ley nacional aprobada en 2023 permite a comunidades y ayuntamientos limitar las licencias de VTC por motivos de gestión del tráfico o medioambientales, aunque por ahora, la Justicia sigue avalando a las plataformas.
La manifestación del día 28, que recorrerá desde la plaza de Cuzco hasta Cuatro Caminos, está comunicada a la Delegación del Gobierno, pero su impacto es incierto. La soledad de la FPTM, sin el respaldo de otras asociaciones del taxi, podría diluir la fuerza de la protesta.
Italia ha lanzado esta petición al Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras contar con el apoyo de siete países
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Imagen: la presidenta de Italia, Giorgia Meloni I Getty Images
Italia, Dinamarca y otros siete países europeos han solicitado formalmente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) mayor flexibilidad para repatriar a inmigrantes condenados por delitos y endurecer las normas de asilo. La iniciativa, impulsada por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homóloga danesa, Mette Frederiksen, ha sido respaldada por gobiernos de diferentes perfiles políticos, incluidos Polonia y la República Checa.
Críticas a la interpretación de los derechos humanos
En una carta abierta dirigida al Tribunal de Estrasburgo, los nueve países acusan a la Corte de “ampliar en exceso el ámbito de aplicación de la Convención Europea de Derechos Humanos” y de limitar la capacidad de los Estados para tomar decisiones políticas en materia migratoria y de seguridad. Los firmantes critican especialmente las sentencias que impiden expulsiones por motivos de derecho a la vida familiar o riesgo de trato inhumano en los países de origen, y sostienen que “la seguridad de los ciudadanos respetuosos de la ley y de las víctimas es un derecho fundamental que debe primar sobre otras consideraciones”.
Giorgia Meloni ha defendido que “con demasiada frecuencia, el Convenio Europeo de Derechos Humanos se interpreta de forma que impide a los Estados expulsar a delincuentes extranjeros o proteger sus fronteras”, mientras que Mette Frederiksen ha subrayado que “se ha vuelto demasiado difícil expulsar de nuestras sociedades a los extranjeros que cometen delitos”.
Respuesta del Consejo de Europa
El Consejo de Europa, organismo responsable del TEDH, ha respondido reafirmando el papel de la Corte en la defensa de los derechos fundamentales. El secretario general, Alain Berset, ha recordado que “frente a los complejos desafíos de nuestro tiempo, nuestro papel no es debilitar la Convención, sino al contrario, mantenerla sólida y actual”. El Consejo insiste en que la función del TEDH es consultiva y normativa, pero que sus sentencias son esenciales para garantizar la protección de los derechos humanos en Europa.
Datos de migración en Europa
A fecha de enero de 2023, Europa contaba con aproximadamente 63,6 millones de inmigrantes extranjeros residiendo en los países de la Unión Europea. Esta cifra representa cerca del 14% de la población total de la UE, aunque la distribución es desigual: casi el 26% de todos los inmigrantes en la UE reside en Alemania, seguida de grandes comunidades en Francia, España e Italia.
En el caso de España, los últimos datos oficiales sitúan la población extranjera en torno a 6,9 millones de personas, lo que equivale a más del 14% de la población nacional, y la tendencia sigue en aumento gracias a la llegada constante de nuevos residentes. El crecimiento demográfico en varios países europeos, especialmente en España, se debe en gran medida al aporte de la inmigración, que compensa el envejecimiento y la baja natalidad de la población local.
