Categoría: ESPAÑA

El bufete Statera Legal ha recurrido ante la Audiencia Nacional la consulta pública abierta por el Gobierno sobre la opa del BBVA al Sabadell. Denuncia falta de garantías jurídicas, posible vulneración de la Constitución y uso indebido de datos
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El proceso abierto por el Gobierno para decidir si traslada al Consejo de Ministros la opa lanzada por el BBVA sobre Banco Sabadell ha desembocado en un contencioso judicial. El despacho Statera Legal ha recurrido ante la Audiencia Nacional el uso de una consulta pública como base para valorar una operación entre entidades privadas, algo inédito en la práctica administrativa española.

La demanda va dirigida contra el procedimiento iniciado por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por entender que carece de justificación legal y presenta deficiencias que podrían comprometer su validez. El recurso incluye una solicitud de medida cautelar para impedir que los resultados de esa consulta sean utilizados en el proceso de toma de decisiones, alegando que ello comprometería tanto el interés público como el respeto a los principios constitucionales.

El Ministerio recibió en su momento un requerimiento formal por parte del bufete, instándole a suspender la consulta. Sin embargo, solo respondió con un acuse de recibo, lo que ha motivado esta acción judicial tras agotarse los plazos administrativos. La consulta, publicada en la web del Ministerio y abierta durante una semana, permitía a ciudadanos y entidades formular observaciones mediante un formulario sin control de identidad.

Esta metodología, habitual para la elaboración de normativa, es completamente ajena al tratamiento de operaciones mercantiles entre empresas, según denuncia el bufete dirigido por Ibor Fernandes. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue quien anunció la iniciativa, que ha sido calificada por los abogados como carente de sustento jurídico y con posibles implicaciones constitucionales.

Statera Legal alega que el procedimiento aplicado vulnera el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución, ya que plantea preguntas distintas en función de si el participante considera que existen criterios de interés general afectados por la operación, más allá de los relativos a la competencia. El recurso sostiene que esa diferenciación genera un tratamiento desigual e impropio para una decisión de este calado.

El texto del recurso también critica que el formulario carece de sistemas de verificación de identidad, lo que convierte los datos recogidos en opiniones potencialmente manipulables y sin trazabilidad. Además, se subraya que la consulta no guarda relación con el procedimiento administrativo que regula este tipo de operaciones, lo que supondría una infracción del artículo 60 de la Ley de Defensa de la Competencia.

El objetivo de la medida cautelar solicitada es evitar que el Gobierno utilice como base los resultados de esta consulta en sus deliberaciones, lo cual, según el bufete, anularía el objeto del recurso y permitiría una posible judicialización ineficaz si la sentencia llegase tarde. Subsidiariamente, los abogados solicitan que se repita la consulta pública, esta vez con la motivación jurídica adecuada.

Carlos Cuerpo tiene hasta este martes para comunicar si eleva la operación al Consejo de Ministros, decisión que puede condicionar el futuro de la opa. Aunque la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya dio luz verde con condiciones, el Ejecutivo puede imponer nuevas exigencias basadas en otros criterios como estabilidad financiera o impacto social, lo que genera un debate jurídico sobre el margen de actuación real del Gobierno.

De fondo, subyace el temor de que una modificación sustancial de los compromisos pactados entre BBVA y Competencia haga que la operación pierda el atractivo económico original y acabe siendo retirada por el banco presidido por Carlos Torres. La disputa sobre el procedimiento añade ahora una capa judicial a un proceso ya de por sí complejo y políticamente sensible.

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España intenta lograr el reconocimiento oficial del catalán, euskera y gallego en la UE desde 2027, pero lo hace renunciando a que la Unión financie los costes y aceptando una aplicación muy limitada
The post España compra la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la UE first appeared on Hércules.  El Gobierno se enfrenta este martes a un difícil reto diplomático: convencer a países reticentes como Italia, Estonia o Lituania para que no bloqueen la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la Unión Europea. El plan busca que estas lenguas sean reconocidas a partir de 2027. Pese a que el alcance sería parcial y sin coste alguno para el presupuesto común europeo.

Este asunto figura como “apto para adopción” en la agenda del Consejo de Asuntos Generales de la UE. Para prosperar, se requiere unanimidad: basta con que ningún Estado vote en contra, aunque puede haber abstenciones. El planteamiento de España pretende esquivar vetos. Ofrece una versión descafeinada del reconocimiento, dilatando la traducción de la mayoría de textos jurídicos y asumiendo íntegramente el coste.

El reglamento actual establece que las lenguas oficiales de la UE (24 actualmente) deben ser utilizadas en todas las instituciones y que sus gastos sean sufragados con fondos europeos. España, sin embargo, no ha proporcionado estimaciones oficiales del coste que supondría añadir tres nuevas lenguas. Bruselas calculó en diciembre de 2023 que el modelo podría costar 132 millones anuales, basándose en el precedente del gaélico.

Sin datos económicos sólidos ni evaluaciones legales o operativas, el Gobierno español ha ido sumando escepticismo entre sus socios. Italia, Francia, los países bálticos o Bulgaria han planteado objeciones, al igual que los servicios jurídicos del Consejo, que han advertido de la falta de una base legal clara y del riesgo de abrir un precedente delicado.

Avivar el separatismo dentro de Europa

Los países con minorías nacionales temen que reconocer oficialmente estas lenguas. Algo que puede provocar una cascada de demandas de otras comunidades lingüísticas: rusoparlantes en los bálticos, corsos en Francia o sardos en Italia. El temor a un efecto dominó ha elevado las precauciones en la negociación.

Hasta ahora, España ha optado por negociar bilateralmente con las capitales más críticas, evitando foros multilaterales para acelerar acuerdos. Este enfoque ha generado malestar entre delegaciones que reclaman mayor transparencia y rigor técnico en el debate.

Para calmar las inquietudes, el Gobierno español alega que el caso español es único, al contar con un reconocimiento constitucional y uso parlamentario en ambas cámaras nacionales. Además, se compromete a financiar por completo la implementación, desmarcándose del modelo común europeo.

El documento que ha circulado entre los Estados miembros incluye garantías para evitar precedentes: cualquier futura solicitud de oficialidad deberá pasar un filtro “caso por caso”, sujeto a criterios estrictos, entre ellos que la lengua tenga estatus constitucional desde hace al menos dos décadas y origen histórico en el país.

La entrada en vigor se prevé para el 1 de enero de 2027. Aunque con una cláusula de excepción inmediata: sólo se traducirán los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, que representan apenas un 3 % de los textos legislativos adoptados en un mandato. El grueso de los documentos seguiría sin traducirse a estas lenguas.

Un texto plagado de lagunas legales

No se contempla un plan técnico detallado para ampliar el uso de estas lenguas ni se ha especificado qué personal, tecnología o infraestructuras serían necesarias para gestionar 27 idiomas oficiales. España promete elaborar una propuesta en coordinación con las instituciones europeas “en los próximos meses”, antes de la aplicación del acuerdo, para “reducir progresivamente” la limitación actual.

No obstante, el texto tampoco logra disipar las dudas jurídicas. Los servicios legales del Consejo consideran que la fórmula española carece de fundamentos claros y temen que siente una jurisprudencia indeseada. Sus advertencias orales no son vinculantes, pero pesan en el ánimo de algunos gobiernos que no desean abrir una vía que más adelante se vuelva contra ellos.

Un examen muy riguroso

La estrategia española se apoya en enfatizar la “especificidad” de sus lenguas cooficiales. Subraya que ya se utilizan en el Congreso y Senado y que su reconocimiento es previo incluso a la adhesión de España a la UE. Además, recuerda que España ya tradujo los tratados europeos a estas lenguas y que gran parte de la legislación nacional se publica también en catalán, euskera y gallego.

Para reforzar esta singularidad, el Ejecutivo propone que el Consejo incluya una declaración anexa al reglamento. En ella se explicitaría que toda solicitud futura será objeto de evaluación rigurosa, y sólo prosperará si la lengua en cuestión cumple una serie de requisitos históricos, jurídicos y políticos.

En los debates previos entre embajadores, la iniciativa española ha topado repetidamente con el escepticismo de los juristas del Consejo. A pesar de que su opinión no es vinculante, varios Estados han manifestado que prefieren aplazar cualquier decisión hasta contar con un respaldo técnico más robusto.

Tampoco ha convencido del todo a los países bálticos, que ven en este intento una amenaza velada a su equilibrio interno con las comunidades rusoparlantes. España insiste en que no se trata de una apertura general, sino de un caso excepcional que no debe extrapolarse.

La ausencia de Albares

José Manuel Albares, ministro de Exteriores, no asistirá a la reunión y ha delegado en el secretario de Estado de la UE, Fernando Sampedro. Desde Madrid, el ministro asegura que la propuesta es “muy sólida” y fruto de meses de contactos con delegaciones escépticas. Afirma que se han recogido aportaciones y que el texto ha mejorado sustancialmente desde la versión inicial presentada en septiembre de 2023.

Una de las novedades del texto final es que desaparece la idea inicial de priorizar el catalán y postergar el reconocimiento del euskera y el gallego. Ahora, la propuesta plantea un avance progresivo pero simultáneo para las tres lenguas, con revisión prevista en 2031 para evaluar si se levanta la derogación que limita su aplicación.

En cualquier caso, el Gobierno ha reiterado su compromiso firme con esta causa, a pesar del contexto europeo adverso y las reticencias jurídicas. El objetivo de oficializar estas lenguas fue pactado con Junts en agosto de 2023, como parte del acuerdo que permitió la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso y facilitó la investidura de Pedro Sánchez.

El reconocimiento de las lenguas cooficiales forma así parte de un paquete político de gran calado interno, pero también con implicaciones comunitarias complejas. La UE, que ha construido su legitimidad sobre la base del equilibrio lingüístico y cultural, ve con recelo cualquier cambio que desestabilice ese frágil sistema. España, decidida a avanzar pese a las dudas, espera que su combinación de excepciones legales, cobertura política y financiación nacional sea suficiente para desbloquear una unanimidad que, por ahora, se perfila improbable sin más cesiones.

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El sobrepeso, la obesidad y el VIH serán los principales problemas que los adolescentes tendrán que afrontar en los próximos años
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^{Imagen: un selfie de gente joven I Getty Images}

Un reciente informe publicado por la revista médica ‘The Lancet’ lanza una seria advertencia sobre el futuro de la salud adolescente a nivel global. Según la segunda Comisión sobre Salud y Bienestar de los adolescentes, para el año 2030 más de 1.000 millones de jóvenes, la mitad de la población mundial de entre 10 y 24 años, vivirán en países donde estarán expuestos a problemas de salud prevenibles y tratables, pero que siguen en aumento.

Obesidad, VIH y salud mental

El estudio, que ha contado con la participación de jóvenes de 36 países, revela que, pese a los avances en la reducción del consumo de tabaco y alcohol y el aumento de la escolarización, los adolescentes se enfrentan a amenazas crecientes como la obesidad, el VIH, los embarazos precoces, la depresión y otros trastornos de salud mental. De hecho, el sobrepeso y la obesidad se han multiplicado hasta por ocho en algunos países de África y Asia en las últimas tres décadas, mientras que los trastornos mentales han aumentado de forma significativa, especialmente tras la pandemia de Covid-19.

Factores agravantes: clima y digitalización

La Comisión destaca que los adolescentes de hoy son la primera generación que crece bajo el impacto de condiciones climáticas adversas y una digitalización acelerada, factores que agravan los riesgos para su bienestar físico y mental. Además, la falta de financiación y de políticas públicas específicas para este grupo de población contribuye a que los problemas de salud sigan creciendo: aunque los adolescentes representan el 25% de la población mundial y el 9% de la carga global de enfermedades, solo reciben el 2,4% de la ayuda internacional destinada a salud.

Llamada urgente a la acción

Entre los principales desafíos identificados por el informe se encuentran el aumento de infecciones de transmisión sexual, la mala nutrición, la depresión y la ansiedad, muchas veces exacerbadas por la crisis climática, los conflictos internacionales y la transición hacia un mundo más digitalizado. Los expertos advierten que, sin una acción decidida y coordinada, la próxima generación de jóvenes podría perder años de vida saludable, lo que tendría un impacto profundo en el desarrollo social y económico de los países.

La Comisión de ‘The Lancet’ urge a los gobiernos y organismos internacionales a priorizar la salud adolescente, destinando más recursos y diseñando políticas que respondan a las necesidades reales de los jóvenes en un mundo en constante cambio.

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La disputa entre India y Pakistán ha pasado del campo militar al control del agua. La suspensión del Tratado del Indo convierte los ríos compartidos en nuevas herramientas de coerción, con consecuencias devastadoras para la región
The post India convierte el Indo en arma contra Pakistán first appeared on Hércules.  La vieja rivalidad entre India y Pakistán ha superado las fronteras tradicionales del conflicto armado. El control del sistema fluvial del Indo se ha convertido en el nuevo frente de batalla, uno que amenaza tanto la estabilidad regional como la seguridad humana.

Tras el ataque en abril en Cachemira controlada por la India, que causó 26 muertes, Nueva Delhi optó por una medida radical: suspender su participación en el Tratado de las Aguas del Indo, firmado en 1960. El primer ministro Narendra Modi instruyó al gobierno a intensificar la construcción de represas clave en los ríos Chenab, Jhelum e Indo. “Pakistán no recibirá ni una sola gota de agua que pertenezca a la India”, declaró Modi, y esta vez no fue una amenaza: fue una política activa.

Aunque el 10 de mayo se acordó un alto el fuego, el canciller indio Subrahmanyam Jaishankar fue tajante: no habrá vuelta al tratado sin acciones concretas contra la militancia transfronteriza por parte de Pakistán. India también interrumpió el intercambio de datos hidrológicos, aumentando el riesgo de desastres aguas abajo. Islamabad respondió con una acusación contundente: la suspensión equivale a “un acto de guerra”.

Este giro marca un cambio estructural en la política regional. El agua, antes símbolo de cooperación precaria, ha sido transformada en un instrumento de presión. Aunque no es la primera vez que India politiza este recurso, nunca antes lo había hecho con esta escala. Ya en 2016, tras el ataque de Uri, Modi advirtió que “la sangre y el agua no pueden fluir juntas”.

El tratado, mediado por el Banco Mundial, repartía seis ríos entre los dos países. India controlaba tres orientales; Pakistán, tres occidentales. Durante más de seis décadas, el acuerdo sobrevivió guerras y crisis políticas. Ese equilibrio comenzó a romperse cuando India inició grandes proyectos hidroeléctricos como Baglihar (2008) y Kishanganga (2018), que derivaron en disputas legales internacionales. La reciente aceleración de las obras y la tentativa de desviar el Chenab a través del canal Ranbir, justificadas por necesidades internas, han sido interpretadas en Islamabad como una amenaza directa a su supervivencia agrícola y soberanía.

Más del 80% de las tierras agrícolas paquistaníes dependen de los ríos occidentales. Solo el Indo sostiene más del 20% del PIB del país y garantiza el sustento del 68% de la población rural. Interrumpir ese flujo significa provocar una crisis alimentaria de gran escala.

Las primeras señales ya son alarmantes: estaciones hidrológicas en Pakistán han registrado caídas de hasta el 90% en los niveles de agua. Punjab, el corazón agrícola del país, está en primera línea de esta catástrofe. La caída de las cosechas, el alza de los precios y el desempleo rural no son meras estadísticas: son desestabilizadores sociales.

Con menos agua en los campos, la migración interna se intensifica. Las ciudades, ya sobrecargadas, reciben oleadas de desplazados rurales. La presión sobre los servicios básicos se agrava, y las tensiones urbanas se amplifican.

Todo esto ocurre bajo un contexto climático adverso. El derretimiento acelerado de los glaciares del Himalaya, junto con precipitaciones erráticas, crea un ciclo caótico de inundaciones y sequías. Los sistemas de almacenamiento tradicionales, diseñados para una climatología estable, son ahora inútiles ante la volatilidad.

El uso estratégico del agua por parte de India no es improvisado. Según el analista Rajesh Rajagopalan, se encuadra dentro de una evolución doctrinal: de la “represalia masiva” a la “disuasión gradual”. Es una estrategia no militar de coerción sostenida. “Una válvula de presa ahora cumple el papel de un misil”, señala un observador. Desde 1998, el equilibrio nuclear ha disuadido una guerra total. Pero la manipulación hídrica sortea ese equilibrio: no provoca una explosión, pero causa desestabilización profunda. Es, en palabras de los expertos, “una forma de infligir daño sin declararlo”.

Lo preocupante es que esta doctrina puede escalar y multiplicarse. China, aliado clave de Pakistán, controla el nacimiento del río Brahmaputra. En un contexto de tensión, Pekín también podría usar el agua como herramienta de presión sobre el noreste de la India. Así, se perfila una peligrosa “disuasión del agua” multilateral, en la que los caudales se convierten en armas silenciosas, y las compuertas, en botones rojos.

La creciente militarización del agua en el sur de Asia marca un antes y un después en los conflictos internacionales. En una región plagada de fronteras disputadas y disparidades económicas, el uso del agua como arma no solo amenaza con desatar crisis humanitarias, sino que podría encender el próximo gran conflicto del siglo XXI.

La cuenca del Indo, alguna vez símbolo de cooperación forzada, ahora está al borde de ser el epicentro de una guerra hídrica sin precedentes. Si no se frena esta tendencia, el agua no será solo motivo de disputa, sino la chispa de una tormenta geopolítica.

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El nuevo centro de geopolítica de JPMorganChase prevé un alto el fuego en Ucrania antes de julio de 2025, pero sin recuperación total del territorio ni ingreso a la OTAN. Cuatro escenarios plantean futuros inciertos, donde Rusia sigue influyendo y la seguridad de Ucrania queda comprometida
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El gigante financiero JPMorganChase ha lanzado su propio centro de análisis geopolítico, con la intención de ofrecer a sus clientes una brújula estratégica ante riesgos globales. Su primer informe se centra en la guerra entre Rusia y Ucrania y lanza una predicción rotunda: el conflicto está entrando en su tramo final y podría concluir con un alto el fuego antes del cierre del segundo trimestre de 2025.

Los analistas trazan cuatro escenarios posibles para el desenlace, cada uno acompañado de ejemplos históricos similares y de una probabilidad estimada. La variable determinante en cada hipótesis es el nivel de respaldo en materia de seguridad que Estados Unidos y Europa estén dispuestos a ofrecer a Ucrania. Ninguna de las rutas prevé la restauración territorial plena ni la adhesión de Ucrania a la OTAN.

Dos escenarios están considerados como los menos probables, con apenas un 15% de posibilidad cada uno. El primero, denominado “Corea del Sur”, imagina a tropas europeas estacionadas en Ucrania, con inteligencia estadounidense y promesas de defensa activas. Esto otorgaría una protección relativamente sólida y reduciría el riesgo para los inversores. El segundo, “Bielorrusia”, representa el peor escenario para Kiev: ni EE.UU. ni Europa garantizan su defensa, Rusia impone sus condiciones y transforma a Ucrania en un estado subordinado.

Más viable, aunque todavía limitado, es el escenario “Israel”, con un 20% de probabilidad. Ucrania mantendría una defensa robusta gracias al respaldo occidental, pero sin tropas extranjeras en su suelo, obligándola a vivir en permanente estado de alerta militar.

El escenario que los analistas consideran más probable, con un 50% de probabilidad, es “Georgia”. Según esta proyección, tras el alto el fuego, Ucrania quedaría sin garantías reales, en una situación de inestabilidad política prolongada. Eventualmente, uno o dos cambios de liderazgo podrían bastar para que el país sea absorbido de nuevo dentro de la órbita rusa.

Este análisis, que busca orientar decisiones de inversión, ofrece una visión cruda del desenlace del conflicto: aunque cesen las armas, no habrá una victoria clara para Ucrania. Los equilibrios geopolíticos seguirán jugando en su contra, con un futuro sin soberanía plena ni integración occidental.

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El último informe de inteligencia estadounidense, marcado por el regreso de Trump a la Casa Blanca, señala a los criminales transnacionales y a los actores no estatales como amenazas prioritarias
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Distintos informes respecto de amenazas globales y terrorismo han proliferado en estas semanas. La semana pasada hablamos del informe de la inteligencia francesa, en el que se ponía en el foco el peligro de la infiltración de la Hermandad Musulmana en la sociedad francesa, así como la islamización del país. Esta semana un nuevo informe nos advierte de los peligros globales que afectan al mundo además de la disección de distintas amenazas.

Publicado tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el nuevo informe de amenazas de la inteligencia estadounidense marca un cambio de rumbo. Redactado en marzo y a publicarse en francés por Éditions des Équateurs bajo el título Le Monde à venir vu par la CIA, el documento prioriza temas internos, como el tráfico de fentanilo, la inmigración ilegal y el crimen organizado, todos ejes centrales en el discurso político de Trump. El informe también lleva la impronta del expresidente al haber colocado al frente de la CIA y el FBI a perfiles elegidos por su lealtad personal y alineación ideológica, lo que refuerza el enfoque nacionalista y securitario del texto.

Más de 52.000 estadounidenses murieron por sobredosis de opioides sintéticos en los 12 meses previos a octubre de 2024, aunque el informe señala un descenso del 33% respecto al año anterior. Pese a esta mejora, la crisis del fentanilo sigue siendo presentada como una amenaza mayor para la salud pública y como justificación para presionar a China, México y Canadá mediante aranceles y medidas diplomáticas.

El informe destaca la fragmentación del mercado del fentanilo en México, con productores independientes al margen de los grandes cárteles, atraídos por la facilidad de producción y las altas ganancias. China e India siguen siendo los principales países de origen de los precursores químicos y del equipo de prensado.

Las organizaciones criminales transnacionales están ampliando sus actividades mediante corrupción, violencia, tecnología y subcontratación, lo que les permite diversificar ingresos y eludir controles financieros. Además del tráfico de drogas, participan en ciberdelincuencia, trata de personas, lavado de dinero y estafas financieras.

Un ejemplo crítico fue el ataque de ransomware en 2024 al mayor procesador de pagos sanitarios de EE. UU., que afectó hospitales, historiales médicos y sistemas de urgencias. También han comenzado a atacar infraestructura hídrica, inspirados en tácticas vistas en ataques rusos e iraníes previos.

La CIA advierte que grupos como ISIS y Al-Qaeda siguen planeando atentados y reclutando activamente. ISIS-K (la rama más activa en Asia Central) fue responsable de atentados en Irán y Rusia en 2024, y mantiene capacidad para atacar en EE. UU. y Europa. Además, el atentado en Nueva Orleans en Nochevieja fue atribuido a un lobo solitario influenciado por propaganda del Estado Islámico.

Por su parte, Al-Qaeda mantiene su intención de atacar a EE. UU. a través de sus filiales, destacando su reaparición mediática con la revista Inspire, que instruye en la fabricación de explosivos y promueve ataques contra intereses judíos, estadounidenses y europeos.

El informe subraya la expansión de ISIS y Al-Qaeda en África. ISIS-Somalia ha duplicado su tamaño, mientras que ISIS en el Sahel y África Occidental lidera en número de ataques. Al Shabaab, filial de Al-Qaeda, sigue siendo la más rica y ha reforzado sus vínculos con los hutíes, accediendo a armamento más avanzado. La CIA teme también que ambas organizaciones aprovechen el eventual colapso del régimen de Assad en Siria para liberar prisioneros y reconstruir redes.

La inmigración ilegal es presentada como un doble riesgo: humanitario y de seguridad nacional. La inteligencia estadounidense alerta del uso de las rutas migratorias por parte de traficantes de personas y posibles terroristas. Denuncia que los migrantes son frecuentemente secuestrados, esclavizados o forzados a trabajar en condiciones inhumanas en EE. UU., especialmente en sectores como la agricultura, el procesamiento de carne y los cultivos ilegales.

Este informe marca una ruptura con anteriores evaluaciones de inteligencia: da prioridad a amenazas internas y no estatales, en línea con los discursos de campaña de Trump. El fentanilo, la inmigración, el crimen y el terrorismo son utilizados no solo como preocupaciones reales, sino también como herramientas políticas para justificar medidas restrictivas y nacionalistas en política exterior y de seguridad.

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La Agencia Tributaria intensifica la presión sobre proveedores e inversores de criptomonedas en plena ofensiva regulatoria europea
The post Hacienda estrecha el cerco sobre los criptoactivos con inspecciones masivas first appeared on Hércules.  La Agencia Tributaria ha lanzado una campaña sin precedentes de inspecciones y requerimientos sobre el mundo de las criptomonedas. El objetivo es claro: obtener trazabilidad total de los movimientos y detectar posibles fraudes fiscales. Tanto los proveedores de servicios como los propios inversores están bajo la lupa, en un contexto marcado por la entrada en vigor de nuevas normativas europeas y una creciente exigencia informativa.

La ofensiva tiene como punto de apoyo el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2025, que pone el foco en captar datos de empresas que intermedian en operaciones con monedas virtuales. El propósito es conocer la fuente de las rentas, el patrimonio y las posibles plusvalías derivadas de estas inversiones. Según fuentes de la AEAT, ya se están enviando requerimientos tanto a brókeres nacionales como a operadores extranjeros activos en España.

En 2025 llega la regulación europea

Este año marca un punto de inflexión en la fiscalidad cripto. A la entrada en vigor del reglamento europeo MiCA, que regula la solvencia y comportamiento de los proveedores, se suma la inminente implementación de la directiva DAC 8, que obligará desde 2026 a todas las plataformas a reportar los movimientos de sus clientes a las autoridades fiscales europeas.

Aunque su transposición está prevista para final de este año, Hacienda ya ha comenzado a exigir información a los operadores, adelantándose a su entrada en vigor. Según los expertos, esta proactividad podría generar un aluvión de sanciones por errores u omisiones en la información aportada.

“Algunos proveedores ya están siendo inspeccionados, al igual que tenedores de criptoactivos a quienes se han abierto comprobaciones”, explican Cristina y Ana Mayo, socias del despacho FinReg. A medida que Hacienda accede a más datos, aumenta su capacidad para contrastar las rentas declaradas con la realidad, lo que se traduce en más litigios y multas.

Sanciones severas para proveedores e inversores

El régimen sancionador que se perfila en el anteproyecto para transponer DAC 8 es especialmente riguroso: 200 euros por cada persona sobre la que falte información y 300 euros si los datos son falsos o inexactos. Además, tras dos requerimientos fallidos, Hacienda podrá ordenar la baja cautelar en el censo del proveedor en un plazo de 90 días.

Las inspecciones no se limitan a datos informativos: también se revisan cuestiones de IVA, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre el Patrimonio, así como el nuevo Impuesto de Solidaridad para Grandes Fortunas. La alta volatilidad de las criptomonedas puede hacer que un contribuyente cruce umbrales fiscales de forma puntual, incurriendo en obligaciones de declaración que no siempre se cumplen.

La tensión entre la naturaleza anónima del ecosistema cripto y la exigencia de transparencia por parte del fisco es evidente. “Se está intensificando el control, y cada vez hay más requerimientos por ejercicios no prescritos desde 2020”, advierte Nazario Mendoza, socio de Zadal. La situación se complica especialmente para plataformas extranjeras o wallets autoalojadas, donde el control administrativo es más difícil y la resistencia a compartir datos es mayor.

Los modelos 721, 172 y 173, que obligan a declarar tanto saldos como movimientos de criptomonedas, están siendo utilizados para abrir comprobaciones. Expertos en fiscalidad recomiendan a los contribuyentes revisar su situación antes de ser inspeccionados para evitar sanciones.

La CNMV toma el relevo del Banco de España en la supervisión

En el ámbito financiero, el reglamento MiCA transfiere la supervisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Hasta ahora, los proveedores solo necesitaban registrarse en el Banco de España, pero ahora deben presentar un plan de negocio detallado y cumplir requisitos de solvencia y transparencia.

El cambio ya ha movilizado al sector bancario. BBVA ha recibido autorización para operar con criptoactivos, y entidades como Openbank, CaixaBank o Kutxabank planean entrar en este mercado. Cecabank, por su parte, lanzará una plataforma en alianza con Bit2Me, disponible para otros bancos.

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El gobernador reorganiza el organismo tras la dimisión de Gavilán y potencia la sede catalana junto al centro de innovación financiera
The post Escrivá reestructura el Banco de España para darle el poder a la delegación en Barcelona first appeared on Hércules.  Nueve meses después de asumir el cargo como gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá ha puesto en marcha la mayor reestructuración interna del organismo en décadas. El detonante ha sido la reciente dimisión de Ángel Gavilán, hasta ahora director general del área de Economía, que se produjo tan solo seis días después de la presentación del informe anual del supervisor. Gavilán abandonó su puesto tras una fuerte discrepancia con Escrivá por las modificaciones introducidas en el texto, en las que se suavizaron las críticas macroeconómicas y se omitieron capítulos clave, incluido el apartado sobre pensiones, uno de los temas más sensibles para el exministro.

Este conflicto no solo ha marcado el fin de una etapa dentro del regulador, sino que abre la puerta a una ambiciosa operación de redistribución territorial. Escrivá aprovechará la vacante dejada por Gavilán para dividir el área de Economía entre la sede central de Madrid y la delegación de Barcelona, una decisión que implica el traslado de funciones, responsables y analistas.

Refuerzo de la sede catalana bajo el paraguas de la innovación

Este paso no es aislado. Se enmarca en una estrategia más amplia del gobernador para dar mayor peso a la sede barcelonesa del Banco de España, coincidiendo con el inicio del mandato de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. En febrero, Escrivá ya anunció la creación en Barcelona de un centro de innovación en inteligencia artificial y nuevas tecnologías aplicadas a la economía, el primero de su tipo en la institución.

Ahora, con el traslado de competencias del área económica, Barcelona consolida su papel como centro estratégico, no solo tecnológico, sino también de análisis económico. Fuentes internas del regulador advierten de que esta descentralización provocará una pérdida real de poder para la sede madrileña y podría conllevar nuevas salidas entre el personal técnico.

Relevo en la cúpula tras una semana convulsa

Carlos Thomas, designado en abril de 2022 por el anterior gobernador, Pablo Hernández de Cos, fue durante más de dos años el número dos del área encargada de asesorar al gobernador en las reuniones del Banco Central Europeo. Su recolocación en Estabilidad Financiera, división responsable de velar por la salud del sistema bancario, se justifica oficialmente por razones de “movilidad interna”, pero fuentes internas apuntan a una reestructuración planificada para diluir el poder de Economía.

El puesto de Thomas será ocupado por Galo Nuño, quien hasta ahora ejercía como director general adjunto de Estabilidad Financiera. Con este movimiento, Escrivá intercambia a los segundos de dos direcciones clave, reorganizando así a su medida los principales centros de análisis del banco. Nuño es un veterano de la casa, con una larga trayectoria en el área de política monetaria, y goza de la confianza directa del actual gobernador.

Este relevo se suma a otros movimientos previos que han debilitado el peso estructural de Economía: parte de sus funciones ya fueron absorbidas por las direcciones de Estrategia y Relaciones Institucionales, reduciendo sus competencias y capacidad operativa. La Dirección General de Economía, que era uno de los pilares técnicos más relevantes del Banco de España, queda ahora en un limbo a la espera del nombramiento de un nuevo director general. Fuentes internas sostienen que Escrivá busca un perfil externo para ese puesto, con el proceso de selección supervisado por un comité en el que participa el prestigioso economista Andreu Mas-Colell.

La crisis comenzó con el choque frontal entre Gavilán y el Consejo del Banco, tras la censura parcial del informe anual, que implicó la eliminación de un capítulo completo y la reescritura de partes del documento final. El informe, que tradicionalmente ha sido un ejercicio técnico de independencia y rigor, fue suavizado tras la intervención directa de Escrivá y su equipo más cercano, generando una ola de desconfianza sobre la autonomía del análisis económico de la institución.

Esta serie de cambios ha alimentado las dudas sobre la independencia política del gobernador, cuya llegada al cargo estuvo rodeada de polémica por su nombramiento directo por el presidente Pedro Sánchez, cuando aún era ministro. Aunque Escrivá insiste en que mantiene una “genuina independencia”, cada decisión refuerza el argumento de quienes consideran que el regulador ha perdido neutralidad bajo su mandato.

El trasfondo de esta crisis interna también conecta con la estrategia más amplia de Escrivá de redistribuir el poder interno del Banco de España, con un creciente protagonismo de la sede de Barcelona. Tras anunciar en febrero que la capital catalana albergará el nuevo centro de innovación en inteligencia artificial aplicada a la economía, ahora se proyecta el traslado de parte del área de Economía a dicha sede.

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Los que quieren gobernar están en campaña, pero es que los que están gobernando también lo están
The post No pueden gobernar, están en campaña first appeared on Hércules.  No pude evitar sentir cierta ternura cuando el otro día Alberto Nuñéz Feijóo se puso a hacer promesas cuando llegara al gobierno. Daban ganas de coger una libreta y apuntar cada una de las ocurrencias que soltaba por la boca. El líder del PP sabe que Pedro Sánchez está atornillado en la silla de su despacho en Moncloa, entre otras cosas porque también sabe, que es más inteligente que sus colegas, y que ya le gustaría tener a varios Sánchez en su equipo. Como dice tantas veces Arturo Pérez Reverte, el presidente del Gobierno representa al político por antonomasia. Así, como buen Maquiavelo que es es consciente de que todavía es demasiado pronto para apretar el botón de adelanto electoral, también sabe de buena tinta que la mejor guarida para aguantar el chaparrón que acecha a su entorno es cobijado en La Moncloa. Se hizo hincapié hace un tiempo de cuando el año pasado el presidente se confesó ante la bendición profana de la opinión publicada ante el cerco judicial a su esposa, la baja voluntaria de tres días para reflexionar su futuro. En realidad no ha dejado ese tiempo de asueto, de meditación catártica versada en su manual de resistencia con toques de Marco Aurelio.  Desde que llegó a la presidencia no ha hecho más que resistir, es su modo de vida, los intentos del PP no dejan de ser una especie de choque a la desesperada contra su ego que con el paso de los tiempos se engrandece erigiéndose como icono pop mundial favorecido por la caída de otros líderes progresistas como Justin Trudeau.   

A la par que Feijóo hace promesas en su sueño húmedo en el que lleva inmerso desde el 2023 cuando perdió las elecciones con alevosía y ensañamiento, Pedro Sánchez hace lo propio, saca a relucir la billetera de las deudas que no se pueden saldar y le promete a la gente el oro, el moro y vivienda pública. Cuando se dé cuenta de que es él el que gobierna será demasiado tarde. Los que quieren gobernar están en campaña, pero es que los que están gobernando también lo están. Eso provoca una especie de saldo ilimitado de promesas que nunca se llegan a ejecutar, no se cumplen porque no pueden hacer nada, están en campaña, ya hará lo que hay que hacer el que gobierne. 

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