Categoría: INTERNACIONAL

Aunque criticó con dureza antes de llegar a Moncloa que no daría la espalda a las Cortes, ha incurrido en los comportamientos que prometió eliminar
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Pedro Sánchez abandona la sesión de control al Gobierno del pasado miércoles en el Congreso de los Diputados. // Eduardo Parra – Europa Press

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido objeto de críticas debido a sus frecuentes ausencias en las sesiones de control al Ejecutivo en el Congreso y, especialmente, en el Senado, donde su última comparecencia fue hace más de un año.

El déficit de debates y presupuestos bajo su mandato

Pedro Sánchez ha demostrado un claro desdén por el Parlamento en su mandato. En los siete años que lleva al frente del Gobierno, ha aprobado solo tres Presupuestos Generales del Estado, mientras que la celebración del debate sobre el estado de la nación se ha reducido a uno solo. Esta situación, que dista mucho de las promesas que hizo al llegar a Moncloa, está siendo fuertemente criticada por la oposición, especialmente por el Partido Popular (PP).

El debate sobre el estado de la nación es una tradición parlamentaria desde 1983, que normalmente se convoca de forma anual. Sin embargo, Sánchez solo ha convocado este debate una vez en su mandato. Antes de 2022, el debate estuvo ausente durante años, debido a situaciones como la moción de censura de 2018, la repetición de elecciones de 2019, y la pandemia de COVID-19 en 2020. Este hecho ha generado críticas tanto desde el PP como desde otras formaciones políticas, que consideran esta falta de rendición de cuentas como un signo de debilidad democrática.

En el Congreso, su presencia es cada vez más esporádica, y tras responder a las preguntas de algunos partidos, se marcha sin escuchar a otros miembros de su Gobierno, como María Jesús Montero, su mano derecha. Además, su falta de apoyo a sus ministros durante las sesiones de control contrasta con su disposición a comparecer en sesiones monográficas cuando le corresponde.

El Senado y la ausencia prolongada de Sánchez

Además, el presidente ha cumplido recientemente un año sin asistir al Senado, donde el PP ostenta la mayoría absoluta. Su agenda internacional ha sido la justificación para evitar estos enfrentamientos con la oposición, especialmente en el Senado, donde los populares lo acusan de eludir el control parlamentario.

En la legislatura anterior, Sánchez solía acudir al Senado con regularidad, incluso participando en debates largos contra Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, desde marzo de 2024 no ha vuelto a comparecer, lo que ha generado críticas. En respuesta, el PP ha propuesto una reforma del Reglamento del Senado para obligar al presidente a comparecer al menos una vez al mes.

Aunque no existe obligación legal de que el presidente comparezca en el Senado o en el Congreso, la costumbre ha sido que lo haga regularmente. En el Congreso, Sánchez ha faltado a casi la mitad de las sesiones de control desde septiembre, justificando sus ausencias por viajes internacionales. La Moncloa defiende que Sánchez ha respondido en numerosas ocasiones a preguntas, más que sus predecesores, y asegura que cualquier reforma debe respetar la Constitución. Por su parte, el PP considera que la falta de comparecencias es una muestra de la “anomalía democrática” bajo el gobierno de Sánchez.

Promesas incumplidas y críticas al “gobierno zombi”

En junio de 2018, Pedro Sánchez se comprometió a gobernar con el Parlamento, sin vetos ni confrontaciones. Sin embargo, en 2024, sus palabras parecen olvidadas, dado que ahora se ha mostrado dispuesto a gobernar “con o sin el concurso del Poder Legislativo”. Esta postura ha alimentado los reproches de sus adversarios, especialmente de Alberto Núñez Feijóo, quien ha exigido la convocatoria del debate para reflejar la “soledad” de un Gobierno en crisis. Feijóo también ha señalado la falta de unos nuevos Presupuestos y cuestionado la transparencia del Ejecutivo, especialmente en áreas como el gasto en defensa.

Uno de los mayores desafíos para el Gobierno de Sánchez en este 2025 es la presentación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, una obligación que se ha pospuesto reiteradamente. La falta de consenso y los conflictos internos sobre los peajes a las propuestas de partidos como ERC han complicado aún más este proceso. A pesar de las críticas, Sánchez parece decidido a no convocar elecciones anticipadas ni presentar un proyecto de Presupuestos, lo que deja el futuro financiero del país en un limbo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no solo ha criticado la falta de debate y presupuestos, sino también lo que él considera una tendencia de Sánchez a “eludir el control”. A lo largo de los últimos meses, el presidente ha evadido varias sesiones de control, tanto en el Congreso como en el Senado, lo que ha disparado las alarmas entre sus opositores. Feijóo ha defendido la necesidad de una alternativa política clara, liderada por el PP, para garantizar una gestión efectiva y responsable para España.

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El organismo encargado de velar por las materias relacionadas con la función pública destinó 5.915.708 euros a sus directivos
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Imagen: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y María Jesús Montero I EFE

​En 2024, el Ministerio de Hacienda experimentó un incremento en el número de altos cargos y personal asesor. Según datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), hasta noviembre de 2023, las obligaciones reconocidas para el pago de nóminas de cargos y asesores alcanzaron los 139,6 millones de euros, lo que representa un aumento del 36% en comparación con los 103 millones registrados en el mismo periodo de 2018. Este incremento se traduce en un aumento del 44% en el número de asesores, alcanzando los 869 efectivos en julio de 2023, en contraste con los 604 de 2018. Además, el gasto destinado a sus salarios aumentó un 70%.​

Este crecimiento en el gabinete del Ministerio de Hacienda se enmarca en una tendencia general en el Gobierno de Pedro Sánchez, donde el número total de altos cargos designados a dedo ascendió a 799 al finalizar 2024, con un gasto comprometido de 85,1 millones de euros en salarios.

Recaudación de Hacienda

Según datos de la Agencia Tributaria, hasta noviembre de 2024, los ingresos tributarios alcanzaron los 273.993 millones de euros, lo que representó un aumento del 8,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este incremento sugirió que, al finalizar el año, la recaudación total superó los 300.000 millones de euros, estableciendo un nuevo récord histórico.

Los principales impuestos que contribuyeron a este aumento fueron el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con una recaudación de 121.000 millones de euros hasta noviembre, y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que también experimentó incrementos significativos. Estos datos reflejaron una tendencia positiva en la recaudación tributaria durante 2024.

Dividiendo esta cantidad entre la población española, que se estimó en aproximadamente 47 millones de habitantes, cada español habría contribuido, en promedio, con unos 4.887 euros a Hacienda durante ese año.

Aumento del gasto en el Consejo de Ministros

​El Gobierno de Pedro Sánchez ha experimentado incrementos significativos en su estructura y presupuesto en los últimos años. En 2024, el Consejo de Ministros aprobó un límite de gasto de 199.120 millones de euros, el más alto de la historia, lo que representa un aumento del 0,5% respecto al año anterior. Este techo de gasto incluye 9.905 millones de euros provenientes de fondos europeos; sin estos, el límite de gasto nacional asciende a 189.215 millones, con un incremento del 9,3%.

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La Unión Europea afirma que un 84% de los ciudadanos que participaron en la consulta pública de 2018 prefieren eliminar el sistema de rotación horaria
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Imagen: arena de la playa I pngtree

El cambio de hora puede afectar la salud al alterar los ritmos circadianos, el sistema biológico que regula el sueño, la vigilia y otras funciones del organismo. Este ajuste repentino puede provocar trastornos del sueño, fatiga, irritabilidad y dificultades en la concentración, especialmente en los primeros días tras el cambio. Algunas personas experimentan síntomas similares al desfase horario (“jet lag”), lo que afecta su rendimiento laboral y académico.

Además, estudios han vinculado el cambio de hora con un aumento en el riesgo de problemas cardiovasculares, como infartos, debido al estrés que genera en el organismo. También se ha observado un ligero incremento en los accidentes de tráfico y laborales tras el ajuste horario, posiblemente por la somnolencia y la reducción en los reflejos. En el largo plazo, algunos expertos argumentan que estas alteraciones pueden afectar la salud mental, aumentando la ansiedad y el riesgo de depresión, especialmente en el cambio al horario de invierno, cuando los días se acortan y la exposición a la luz solar disminuye.

Origen del cambio de hora

El cambio de hora tiene su origen en la idea de aprovechar mejor la luz solar para reducir el consumo de energía. Aunque Benjamin Franklin sugirió en 1784 adelantar los relojes para ahorrar velas, la propuesta tomó forma en 1895 con el entomólogo británico George Vernon Hudson, quien planteó un ajuste de dos horas.

Sin embargo, no fue hasta la Primera Guerra Mundial cuando Alemania lo implementó en 1916, seguida por el Reino Unido y otros países europeos, con el objetivo de reducir el consumo de carbón. Durante la Segunda Guerra Mundial, la medida volvió a aplicarse, y en la crisis del petróleo de 1973, varios países la retomaron para hacer frente a la escasez energética. Desde entonces, el horario de verano se ha mantenido en muchos lugares, aunque con modificaciones y debates constantes sobre su efectividad.

En los últimos años, el cambio de hora ha sido cuestionado debido a dudas sobre su impacto real en el ahorro energético y sus posibles efectos negativos en la salud y la productividad. La Unión Europea aprobó en 2019 su eliminación, aunque su implementación se ha retrasado, mientras que en países como Estados Unidos también se debate su abolición.

Algunas naciones han optado por eliminarlo, argumentando que los beneficios son mínimos y que las alteraciones en los ritmos biológicos pueden ser perjudiciales. A pesar de esto, otros países lo mantienen bajo la premisa de que optimiza el uso de la luz natural y reduce el consumo eléctrico en determinadas épocas del año. El debate sigue abierto, y el futuro del cambio de hora dependerá de nuevos estudios y decisiones políticas.

¿Beneficios económicos?

El cambio de hora tiene un impacto directo en la economía, principalmente en sectores como el comercio, el turismo y el consumo energético. Aunque su implementación se justificó históricamente por el ahorro de electricidad, en la actualidad su influencia en este ámbito ha disminuido debido a la mejora en la eficiencia energética.

La prolongación de la luz natural en las tardes durante el horario de verano favorece la actividad comercial y el ocio. Sectores como la hostelería, el turismo y el comercio minorista se benefician del mayor tiempo disponible para el consumo. Un análisis de Randstad en 2018 reveló que un 3,8 % de los trabajadores en España reduciría su jornada laboral si eso les permitiera disfrutar de más horas de luz libre en la tarde, lo que sugiere una relación entre el tiempo de ocio y el nivel de gasto.

Además, el turismo, que representa más del 12 % del PIB en España, se ve favorecido por la extensión de la jornada con luz natural. Más horas de sol impulsan el uso de terrazas, actividades al aire libre y desplazamientos dentro del país, generando un impacto positivo en el sector turístico y de entretenimiento.

Efectos en la productividad y el mercado laboral

El ajuste horario también influye en la productividad laboral. Mientras algunos estudios indican que el horario de verano mejora el bienestar de los trabajadores al permitir una mejor conciliación entre vida personal y profesional, otros advierten sobre una posible disminución del rendimiento en los días posteriores al cambio de hora debido a alteraciones en el sueño. Esto puede traducirse en un aumento de errores en el trabajo y en un ligero incremento de los accidentes laborales.

¿Se sigue ahorrando energía con el cambio de hora?

Uno de los principales argumentos históricos a favor del cambio de hora ha sido la reducción del consumo energético. Sin embargo, en la actualidad, el ahorro es mucho menor que en el pasado. Con el desarrollo de tecnologías de bajo consumo y un uso más eficiente de la energía en iluminación y climatización, el impacto del cambio horario en la factura eléctrica ha disminuido considerablemente.

Según estudios recientes, el ahorro energético derivado del cambio de hora es marginal y varía según la ubicación geográfica. Mientras que en algunos países puede representar una ligera reducción en el consumo de electricidad, en otros apenas se percibe. Esto ha llevado a que la Comisión Europea y diversos organismos internacionales cuestionen la necesidad de mantener esta medida.

Cómo afecta a la salud

En 2011, la Organización Mundial de la Salud (OMS) comparó los efectos del cambio de hora en el organismo con los que sufren los viajeros al cruzar distintas zonas horarias. El impacto en el biorritmo llegó a considerarse un problema de salud en seis países de la Unión Europea. Algunos estudios han señalado que la alteración del sueño generada por esta medida puede afectar la capacidad de atención, aumentando el riesgo de accidentes de tráfico. Sin embargo, la relación entre el ajuste horario y la seguridad vial no es concluyente.

La comunidad científica mantiene posturas divididas sobre los efectos del horario de verano. Mientras algunos expertos destacan sus beneficios, como el aprovechamiento de la luz solar para fortalecer el sistema inmunológico mediante la producción de vitamina D y la posibilidad de realizar más actividades al aire libre, otros advierten sobre sus consecuencias negativas. Dolores Corella, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Valencia, explica que el desajuste en el ritmo circadiano, aunque sea de solo una hora, puede alterar los niveles hormonales, afectando el sueño, el rendimiento laboral y provocando irritabilidad.

Optimización del uso de la luz en verano

El adelanto de una hora en la madrugada del último domingo de marzo, cuando a las 02:00 h pasan a ser las 03:00 h, tiene como objetivo optimizar el uso de la luz solar durante la primavera y el verano. Según expertos, la exposición a la luz solar tiene efectos positivos en el bienestar, ya que regula procesos fisiológicos, mejora el estado de ánimo y facilita el descanso nocturno. Además, diversos estudios han señalado que una mayor iluminación vespertina contribuye a disminuir la siniestralidad vial, al reducir los accidentes de tráfico que suelen producirse al atardecer. Sin embargo, investigaciones como la publicada en 1996 en New England Journal of Medicine y otra realizada en 2001 por las universidades de Johns Hopkins y Stanford han detectado un incremento del 8 % en los accidentes al día siguiente del ajuste horario.

Más allá de los efectos en la salud, el cambio de hora también tiene un impacto en la economía y los hábitos sociales. En España, donde el ocio y la vida en exteriores forman parte de la cultura, la ampliación de la luz diurna favorece el consumo y el turismo, un sector que representa más del 12 % del PIB, según la Cuenta Satélite de Turismo. Un estudio de Randstad de 2018 reveló que un 3,8 % de los trabajadores en España estaría dispuesto a reducir su jornada laboral, incluso con menor salario, si ello les permitiera disponer de más tiempo libre. No obstante, el ahorro energético que motivó esta medida en los años 70, tras la crisis del petróleo, ha perdido relevancia con el avance de la eficiencia energética y las nuevas tecnologías de iluminación de bajo consumo. Por otro lado, mantener el horario de verano de manera permanente (GMT+2) implicaría un desaprovechamiento de la luz matinal en invierno, lo que podría aumentar el riesgo de accidentes de tráfico a primeras horas del día y generar desajustes en los ritmos biológicos. Además, una modificación de este tipo podría alterar la coordinación con otros países europeos, alineando a España con Europa del Este en lugar de con Europa Central.

Consecuencias del cambio de hora en la salud

Diferentes estudios han analizado los efectos del cambio horario en la salud, aunque sus resultados varían. Algunos de los impactos más destacados incluyen:

Aumento de accidentes de tráfico: un estudio publicado en 1996 en New England Journal of Medicine detectó un incremento del 8 % en los siniestros viales tras el cambio de hora.

Accidentes laborales en minería: en 2009, se registró un aumento del 5,7 % en los incidentes dentro del sector minero.

Problemas cardiovasculares: un informe de 2008 señaló un incremento del 5 % en los infartos en los tres fines de semana posteriores al ajuste horario.

Efectos en la capacidad cognitiva: un estudio realizado en EE. UU. en 2011 reflejó que los estudiantes obtenían puntuaciones un 2 % más bajas tras el cambio de hora.

Trastorno afectivo estacional: según un análisis del Instituto Karolinska de Suecia publicado en 2015, entre el 1 % y el 10 % de la población experimenta síntomas de depresión relacionados con la falta de luz solar.

El papel de la luz solar en el bienestar

La reducción de horas de luz en invierno también tiene efectos sobre el organismo. Según Quirón Prevención, la disminución de la exposición al sol altera la secreción de melatonina, hormona clave en la regulación del sueño. A menor luz natural, el cuerpo produce más melatonina, lo que genera una mayor sensación de cansancio. Sin embargo, la exposición prolongada a luz artificial en la noche puede alterar este ciclo, dificultando el descanso.

El Instituto Internacional de la Melatonina advierte que su producción disminuye con la edad, lo que puede aumentar el riesgo de enfermedades como el cáncer. Además, algunos estudios vinculan la falta de luz solar con alteraciones en el estado de ánimo, fatiga y una mayor incidencia de trastornos afectivos estacionales. En 2017, los premios Nobel de Medicina Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash y Michael W. Young estudiaron cómo la luz solar influye en los ritmos circadianos, concluyendo que los cambios en el ciclo luz-oscuridad pueden desajustar el reloj biológico.

¿Debería España mantener un horario estable?

Ante el debate sobre la conveniencia de mantener o eliminar el cambio horario, la Sociedad Española del Sueño recomienda adoptar un único horario durante todo el año. Según sus expertos, la mejor opción sería conservar el horario de invierno (GMT+1) de manera permanente, ya que permite un mayor ajuste al reloj biológico, lo que beneficiaría especialmente a niños y personas mayores. Esta estabilidad horaria podría mejorar el rendimiento cognitivo y reducir el riesgo de enfermedades como la obesidad, el insomnio y los problemas cardiovasculares.

Para minimizar los efectos del cambio de hora, los especialistas aconsejan seguir hábitos saludables, mantener una rutina de sueño estable y evitar el sedentarismo. La doctora Corella sugiere que la adaptación a la nueva hora puede tardar entre tres y cuatro días, siendo especialmente difícil para la población infantil.

Impacto ambiental y futuro del cambio de hora

Más allá de la salud, el cambio de hora también plantea interrogantes sobre su impacto ambiental. En un contexto de creciente preocupación por el cambio climático, algunos estudios han analizado la relación entre el ajuste horario y el consumo energético. No obstante, la Comisión Europea concluyó en 2000 que, aunque el horario de verano podría tener efectos indirectos sobre el medioambiente, estos no son significativos en la mayoría de los países. Ante la falta de consenso, los expertos insisten en la necesidad de estudios más detallados para evaluar el verdadero impacto del cambio de hora en la sostenibilidad y el consumo energético.

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La Knesset debate y aprueba el presupuesto estatal de 2025, que incluye un aumento en el gasto en defensa, mientras enfrenta críticas por su estructura y la falta de transparencia en algunos gastos. El presupuesto genera controversias internas, especialmente entre los partidos de la coalición, sobre la asignación de fondos y la aprobación de exenciones para grupos ultraortodoxos.
The post Israel debate su presupuesto 2025 con el foco en el aumento del gasto militar first appeared on Hércules.  La Knesset comenzó a debatir el presupuesto estatal para 2025 el lunes, en preparación para su aprobación final en segunda y tercera lectura. El debate se extendió durante horas, con la oposición buscando retrasar el proceso y desgastar a la coalición. Finalmente, el Comité de Finanzas aprobó el proyecto de ley del presupuesto, que asciende a 756.000 millones de shekels, de los cuales 136.000 millones se destinarán al pago de la deuda (excluyendo las obligaciones del seguro nacional).

El presupuesto total utilizado para calcular el límite de gasto es de 620.000 millones de shekels, lo que representa un aumento del 20,6% en comparación con el año anterior, impulsado principalmente por el incremento en los gastos de defensa. El Ministerio de Defensa recibirá el mayor presupuesto, con aproximadamente 109.800 millones de shekels, seguido por el Ministerio de Educación, que contará con más de 92.000 millones de shekels en dos partidas. El Ministerio de Salud dispondrá de alrededor de 59.000 millones de shekels, mientras que el Instituto Nacional de Seguros manejará unos 61.000 millones de shekels. En la práctica, la Knesset está aprobando el presupuesto tras haber dado luz verde en diciembre de 2024 a los decretos incluidos en él, con el objetivo de implementarlos en el ejercicio fiscal actual.

El objetivo de déficit para el presupuesto de 2025 ha aumentado durante las discusiones. Este indicador, que mide el nivel de endeudamiento proyectado por el gobierno en relación con el PIB, pasó del 4% anunciado por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, al 4,9% cuando el presupuesto fue presentado para su aprobación final. Además, los Ministerios de Finanzas y Defensa advierten que, si los combates continúan y se intensifican, podrían necesitar ajustes adicionales, lo que incrementaría aún más el déficit.

El proceso de elaboración y aprobación del presupuesto de este año ha sufrido importantes retrasos en comparación con los plazos habituales. La prueba más clara de esta demora es la decisión de la asesora legal de la Knesset, Sagit Afik, quien notificó al Ministro de Finanzas que, debido al calendario ajustado, no sería posible aprobar la Ley de Arreglos junto con el presupuesto, como es costumbre. Como alternativa, muchas de las reformas y programas propuestos por el Ministerio de Finanzas fueron desvinculados de la ley y serán debatidos en los distintos comités parlamentarios.

Medidas de ajuste

La falta de novedades significativas en el presupuesto de 2025 y las críticas hacia este fueron expresadas claramente por el gobernador del Banco de Israel, el profesor Amir Yaron, durante su discurso en una conferencia organizada por el Banco la semana pasada: “Además de las necesarias medidas de ajuste fiscal (recortes de gastos y aumento de ingresos), se podría haber reconsiderado la composición del presupuesto para dar mayor protagonismo a los motores de crecimiento, las medidas para aumentar la productividad laboral, con énfasis en inversiones más sustanciales en el sistema educativo, y reducir los gastos que no contribuyen al potencial de crecimiento futuro de la economía, así como los incentivos negativos para trabajar”.

El presupuesto llega a su aprobación final en la Knesset apenas unos días antes de la fecha límite establecida por la ley, a finales de marzo. Según la legislación, si el presupuesto estatal no se aprueba antes de esa fecha, la Knesset debe disolverse. Debido a este retraso, las discusiones en el Comité de la Knesset se han intensificado en las últimas semanas.

La aprobación del presupuesto en la Comisión de Finanzas estuvo marcada por extensos debates, en los que la oposición exigió explicaciones detalladas sobre cada partida. Varios representantes de la Knesset se quejaron de que el apretado calendario, consecuencia de la demora en la presentación del presupuesto, impidió una discusión exhaustiva de su contenido. En este contexto, la diputada Naama Lazimi (Demócratas) presentó hoy una solicitud ante el Tribunal Superior de Justicia exigiendo la suspensión de los cambios propuestos. En su demanda, argumentó que el gobierno violó la Ley Fundamental: La Economía del Estado al retrasar la elaboración del presupuesto, introducir modificaciones de último momento sin transparencia suficiente y dificultar la labor de supervisión de la Knesset.

Uno de los puntos más polémicos durante las deliberaciones fue la asignación de 5.000 millones de shekels a acuerdos de coalición, cuyo destino no ha sido completamente esclarecido. En el centro del debate estaban las grandes sumas dirigidas a la comunidad ultraortodoxa y la falta de fondos para otros sectores, mientras las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se preparaban para reanudar la guerra y extender la duración del servicio militar obligatorio y de reserva.

También hubo críticas hacia el financiamiento de ministerios considerados “innecesarios”, cuya eliminación había sido propuesta por el Ministerio de Finanzas. Aunque el presupuesto original de 2025 incluía el cierre de cinco ministerios, esta medida desapareció al llegar al Comité de Finanzas. Además, se cuestionó la asignación de cientos de millones de shekels a ocho organismos dedicados a promover la identidad judía, mientras que los sobrevivientes del cautiverio tenían que depender de donaciones públicas para financiar su rehabilitación.

Las deliberaciones del comité se llevaron a cabo en su mayoría sin la presencia de representantes de la coalición, salvo el presidente del Comité de Finanzas, Moshe Gafni (Judaísmo Unido de la Torá), o sus adjuntos, quienes solo asistieron para votar y asegurar la mayoría de la coalición ante las numerosas objeciones. “Este presupuesto ha sido muy difícil, felicito a los miembros del comité, tanto de la coalición como de la oposición, que han mostrado responsabilidad en muchos temas”, concluyó Gafni tras la sesión de anoche.

“Este es un mal presupuesto, tanto social como moralmente”, criticó el miembro de la Knesset Vladimir Blyak (Yesh Atid), quien lideró la oposición en la Comisión de Finanzas. “No hay buenas noticias en este presupuesto, las agencias calificadoras lo están observando y podrían reducir nuevamente la calificación crediticia de Israel. Si el ministro de Finanzas continúa con su política, es muy probable que a finales de año sea necesario aumentar los impuestos”.

La aprobación del presupuesto también estuvo precedida por una intensa lucha interna dentro de los partidos de la coalición, especialmente entre el Likud y los partidos ultraortodoxos. Judaísmo Unido de la Torá y el ministro de Vivienda, Yitzhak Goldknopf, amenazaron durante meses con votar en contra si no se aprobaba la ley que exime a los estudiantes de yeshivá del servicio militar obligatorio. Finalmente, ayer, el primer ministro Netanyahu se reunió con el líder lituano ultraortodoxo, el rabino Moshe Hillel Hirsch, tras lo cual este acordó que Judaísmo Unido de la Torá no publicaría una carta amenazando con abandonar el gobierno. Asimismo, después de la reunión con el Rebe de Gur, no se emitieron nuevas advertencias de la comunidad ultraortodoxa sobre la aprobación de la ley de exención. Por su parte, el líder de Shas, Aryeh Deri, ha mantenido un perfil bajo en este debate en los últimos meses.

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Los franceses mantienen una vinculación con PRISA debido a las participaciones que Vivendi posee en ambas empresas
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Imagen: antiguo director de Lagardère, Arnaud Lagardère I Entrevue

El Grupo Lagardère tiene una relación indirecta con el sector de las armas a través de su participación histórica en varias empresas y sectores industriales. A lo largo de los años, ha estado involucrado en diferentes áreas, incluyendo los medios de comunicación, la publicación y la distribución minorista, pero también ha tenido vínculos con empresas relacionadas con la industria armamentística.

Uno de los aspectos más relevantes fue su participación en el consorcio de defensa EADS, que más tarde se convirtió en Airbus Group. EADS (ahora Airbus) es una empresa que, entre otras actividades, ha estado involucrada en la fabricación de equipos y tecnología para el sector militar, incluidos aviones y sistemas de defensa. Sin embargo, Lagardère vendió su participación en EADS en 2006, lo que redujo significativamente su relación con la industria armamentística.

Escándalos que salpican a los medios

Uno de los casos más notorios se relaciona con la venta de acciones de EADS (ahora Airbus) en 2006. Arnaud Lagardère, entonces presidente del grupo, vendió una parte significativa de sus acciones poco antes de que se anunciaran retrasos en el programa del A380, lo que provocó una caída en el valor de las acciones. Esta coincidencia levantó sospechas de uso de información privilegiada, aunque la Autoridad de los Mercados Financieros de Francia (AMF) cerró el caso sin imponer sanciones. ​

Más recientemente, en abril de 2024, Arnaud Lagardère fue imputado por presunta difusión de información falsa, compra de votos, abuso de bienes sociales y abuso de poder. Se le acusa de haber manipulado votos en el consejo de administración y de haber utilizado recursos de la empresa para fines personales. Tras su imputación, Lagardère renunció temporalmente a sus funciones como presidente y director general del grupo, aunque posteriormente retomó el liderazgo tras una decisión judicial que levantó parcialmente las restricciones. ​

Además, en noviembre de 2024, Ramzi Khiroun, exdirector de relaciones exteriores del Grupo Lagardère, fue imputado por complicidad en compra de votos y abuso de poder. Se le investiga por su presunta participación en la obtención del voto favorable de Qatar Holding LLC en 2018, a cambio de la nominación de Jamal Benomar al consejo de supervisión de Lagardère SCA. ​

Otro escándalo vinculado al grupo involucra a Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain y administrador del fondo soberano catarí. En febrero de 2025, Al-Khelaifi fue imputado por acusaciones análogas a las anteriormente expuestas, acusado de influir en el cambio de voto de un representante catarí en favor de Arnaud Lagardère en 2018. Este caso ha generado tensiones diplomáticas, con Qatar amenazando con retirar inversiones en Francia, incluyendo su participación en el PSG.

Ingresos del holding

​El Grupo Lagardère registró en 2024 ingresos cercanos a los 9.000 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 10,6% respecto al año anterior. El resultado operativo recurrente alcanzó los 593 millones de euros, un aumento de 73 millones (14%) en comparación con 2023. Además, generó un flujo de caja libre de 423 millones de euros, reduciendo su deuda neta a 1.855 millones de euros y mejorando su ratio de apalancamiento EBITDA recurrente a 2,4x.

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Ekrem Imamoglu, alcalde de Estambul, fue arrestado por corrupción y presuntos vínculos terroristas, en lo que se interpreta como un intento del gobierno de tomar control de la ciudad. La oposición denuncia que su detención tiene fines políticos, ya que Imamoglu lideraba las encuestas para las elecciones presidenciales de 2028.
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El alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, fue detenido el domingo bajo cargos de corrupción en medio de una investigación por presuntos vínculos con organizaciones terroristas. Su arresto está relacionado con su colaboración electoral con el Partido Democrático de los Pueblos (DEM) prokurdo durante las elecciones locales de marzo de 2024. Analistas políticos sostienen que la investigación tiene motivaciones políticas, buscando permitir al gobierno asumir el control de la Municipalidad Metropolitana de Estambul (İBB) mediante la designación de un fideicomisario estatal (kayyum). La legislación de 2016 establece que, si un alcalde es arrestado por presuntos lazos con el terrorismo, el gobierno puede intervenir el municipio y designar un administrador temporal. Aunque Imamoglu fue removido de su cargo por el Ministerio del Interior, expertos legales consideran que la acusación de terrorismo podría ser utilizada como argumento para justificar el control estatal de la ciudad.

El exjuez y abogado Ali Kadıoglu explicó que no es necesario un arresto para la designación de un fideicomisario. Según él, el Ministerio del Interior podría usar la investigación actual y las medidas de supervisión judicial como base para suspender a Imamoglu y colocar un administrador en su lugar. Esta acción parece probable debido al contexto político. La detención de Imamoglu se produjo tras una investigación de la Oficina de Investigación de Delitos de Terrorismo, en la que fue interrogado durante una hora y presentó una extensa declaración a la fiscalía. Además, otros funcionarios municipales, como el secretario general adjunto de İBB, Mahir Polat, y el alcalde de Şişli, Resul Emrah Şahan, también fueron interrogados. Durante la sesión, Imamoglu fue cuestionado sobre supuestos vínculos familiares con grupos terroristas y sobre viajes ilegales fuera de Turquía, acusaciones que rechazó categóricamente, calificándolas de insulto personal.

Los cargos contra Imamoglu están vinculados a la estrategia de “Consenso Urbano” promovida por el Partido DEM en las elecciones. Según el gobierno, esta estrategia permitió que individuos con presuntos lazos terroristas accedieran a cargos públicos. La Fiscalía General de Estambul sostiene que el “Consenso Urbano” fue una maniobra para aumentar la influencia del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), considerado grupo terrorista por Turquía y sus aliados. Imamoglu rechaza estas acusaciones, argumentando que la selección de candidatos estuvo a cargo del Consejo Supremo Electoral de Turquía (YSK) y las juntas electorales locales, lo que pone en duda la validez de las acusaciones. “O las autoridades electorales fallaron en su deber de supervisión, o toda esta investigación responde a intereses políticos”, declaró Imamoglu.

Una parte clave del caso se basa en un testigo anónimo que alega que el DEM y la oposición realizaron transacciones financieras para garantizar apoyo político. Sin embargo, el equipo legal de Imamoglu ha calificado estas acusaciones como infundadas, asegurando que el Partido Republicano del Pueblo (CHP) no ha necesitado intermediarios para formar alianzas. Además, critican la dependencia de la fiscalía en testimonios anónimos y pruebas especulativas. “Un delito debe estar respaldado por evidencia concreta, y este caso carece de ella”, comentó uno de los abogados de Imamoglu.

Por otro lado, la Fiscalía General de Estambul también abrió una investigación separada sobre terrorismo, justificando su acción con la estrategia del “Consenso Urbano”. Como parte de esta pesquisa, en febrero de 2024 se llevaron a cabo allanamientos en municipios de Estambul gobernados por el CHP, resultando en múltiples arrestos. El presidente del CHP, Özgür Özel, acusó al gobierno de utilizar esta estrategia como pretexto para perseguir a los funcionarios de su partido y silenciar la voluntad del electorado. Este no es un caso aislado: en octubre de 2023, el alcalde del CHP en Esenyurt, Ahmet Özer, fue arrestado por cargos de terrorismo, y desde entonces varios alcaldes del partido han sido detenidos, con administradores estatales designados en los municipios de Şişli y Esenyurt.

La oposición ve el arresto de Imamoglu como un intento de eliminar a un fuerte rival antes de las elecciones presidenciales de 2028, dado que el alcalde lideraba las encuestas como serio competidor contra el presidente Recep Tayyip Erdogan. A pesar de su detención, el CHP ha reafirmado su candidatura presidencial. Un día antes de su arresto, la Universidad de Estambul invalidó su diploma universitario, eliminando un requisito clave para postularse a la presidencia. Imamoglu ha anunciado que apelará legalmente esta decisión.

El gobierno turco, con el respaldo del Partido del Movimiento Nacionalista (MHP), ha mantenido conversaciones con Abdullah Öcalan, líder encarcelado del PKK, para mejorar la situación de los kurdos y avanzar en enmiendas constitucionales. Sin embargo, las acusaciones de terrorismo contra Imamoglu por sus vínculos con los kurdos parecen contradictorias en este contexto político.

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El aumento de impuestos y la rigidez laboral han impulsado la economía sumergida en España, afectando a comunidades con dependencia del turismo y la agricultura
The post Las políticas del Gobierno hacen aumentar la economía sumergida first appeared on Hércules.  Las políticas económicas del actual Gobierno, basadas en un aumento constante de los impuestos y una mayor intervención en el mercado laboral y empresarial, han provocado un auge de la economía sumergida en España. La excesiva presión fiscal y las trabas burocráticas han empujado a miles de trabajadores y empresarios a operar fuera del sistema oficial para poder subsistir.

Una carga fiscal insostenible

El endurecimiento de las políticas fiscales y el encarecimiento del coste laboral han hecho que muchos autónomos y pequeñas empresas opten por el trabajo en negro para evitar cargas impositivas asfixiantes. Con el incremento de la cuota de autónomos y las subidas de impuestos sobre la renta y el consumo, cada vez más ciudadanos encuentran inviable cumplir con todas las obligaciones fiscales sin poner en riesgo su rentabilidad.

Datos recientes del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia revelan que la economía sumergida en España ascendió a 212.900 millones de euros en 2022, lo que equivale al 15,8% del PIB nacional. Aunque inferior a la media de la Unión Europea (17,7%), esta cifra sigue siendo preocupante y muestra cómo el intervencionismo estatal ha incentivado las prácticas irregulares.

La burocracia y la intervención estatal ahogan a los autónomos y pymes

Otro de los factores que han impulsado el crecimiento de la economía sumergida es la excesiva burocracia impuesta por el Gobierno. La carga regulatoria ha aumentado exponencialmente, con trámites administrativos cada vez más complejos y costosos. Pequeños empresarios y autónomos, que ya enfrentan serias dificultades para mantenerse a flote, encuentran en la economía informal una vía de escape para evitar la asfixiante intervención estatal.

Las políticas laborales también han contribuido a esta situación. La rigidez del mercado laboral, los altos costes de contratación y el endurecimiento de las normativas han llevado a muchas empresas a contratar de manera irregular o, directamente, a prescindir de empleados. Este fenómeno se ha visto acentuado en sectores como la hostelería, la construcción y el comercio, donde el trabajo en negro se ha convertido en una práctica común.

Comparativa de la economía sumergida por comunidades autónomas

El impacto de la economía sumergida varía significativamente entre comunidades autónomas. Según el mismo informe, las regiones con mayor porcentaje de economía sumergida sobre su PIB son:

Canarias y Andalucía: 17,9%

Extremadura: 17,8%

Murcia: 17,4%

Estas comunidades, caracterizadas por una fuerte dependencia del turismo, la agricultura y el empleo estacional, han sufrido especialmente los efectos de las políticas económicas restrictivas. La alta presión fiscal y la rigidez laboral han incentivado la contratación irregular y el trabajo no declarado.

En el extremo contrario, las regiones con menor tasa de economía sumergida son:

Navarra: 14,6%

Cataluña: 14,4%

País Vasco: 13,9%

Comunidad de Madrid: 13,8%

Madrid, por ejemplo, ha mantenido una política fiscal más competitiva, con impuestos más bajos y menos trabas burocráticas, lo que ha favorecido la formalización del empleo y la reducción de la actividad sumergida.

El auge de la economía sumergida tiene repercusiones directas en el mercado laboral y en el bienestar social. La reducción de la recaudación fiscal limita la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales, lo que a su vez empuja al Gobierno a nuevas subidas de impuestos en un círculo vicioso que penaliza a los ciudadanos cumplidores.

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El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha batido un récord cuestionable, utilizando más decretos leyes que nadie, minimizando el control parlamentario
The post Los decretazos del gobierno : más de 150 hasta la fecha y otros 140 planeados para este año first appeared on Hércules.  En la nueva legislatura del Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, los decretos leyes se han convertido en una herramienta esencial para avanzar en medidas legislativas. El uso de esta fórmula ha sido una constante desde su llegada al Ejecutivo, inicialmente justificada por la urgencia de la pandemia, pero más tarde aplicada para eludir el debate y control parlamentario.

El abuso de los decretos leyes

La Constitución Española establece que los decretos leyes deben utilizarse solo en casos de “extraordinaria y urgente necesidad”, lo que limita su uso a situaciones excepcionales. Sin embargo, los sucesivos Gobiernos de Sánchez han recurrido a esta herramienta con frecuencia cada vez mayor, minimizando el control parlamentario y evitando el debate necesario en el Congreso. Este mecanismo impide que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas, lo que convierte la tramitación de las leyes en una vía rápida, sin espacio para mejorar las propuestas.

Según datos oficiales, Pedro Sánchez ha sido el presidente con más decretos aprobados desde la democracia, alcanzando los 145 decretos hasta la fecha, lo que supera el récord de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, quienes aprobaron 136 decretos entre 1977 y 1982. Sin embargo, mientras que aquellos gobernaron más de seis años, Sánchez lo ha hecho en solo cinco años y medio, lo que refleja el rápido uso de los decretos para sacar adelante leyes sin pasar por el debate habitual.

Durante su carrera política, Sánchez fue crítico con el abuso de los decretos leyes. En 2015, durante su etapa como aspirante a la Moncloa, prometió dar al Parlamento la centralidad que merece y limitar el uso de los decretos. Sin embargo, con el tiempo ha adoptado una postura contraria a sus promesas, superando incluso a Mariano Rajoy en el uso de esta herramienta legislativa. Rajoy, que gobernó entre 2012 y 2018, aprobó 107 decretos, mientras que Sánchez no solo ha usado más decretos, sino que ha demostrado un mayor porcentaje de decretos sobre el total de leyes aprobadas.

Además, el actual Ejecutivo ha recibido críticas de la oposición por el uso de decretos leyes para evitar el debate parlamentario, lo que consideran un menosprecio al Congreso. La estrategia de gobernar por decreto ha permitido al Gobierno evitar el control de los órganos consultivos, como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado o el Consejo Económico y Social, lo que limita aún más la fiscalización y la transparencia del proceso legislativo.

El Gobierno ha aprobado un total de 158 decretos, tratándose de un uso cada vez más frecuente y preocupante de esta herramienta legislativa;

2018: 28 decretos aprobados, en su mayoría relacionados con reformas urgentes en materia de empleo y pensiones.

2019: 18 decretos, con un énfasis en medidas económicas y sociales como el RD sobre medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral.

2020: 39 decretos aprobados, muchos de ellos relacionados con la crisis sanitaria del COVID-19 y las medidas económicas para paliar sus efectos.

2021: 32 decretos, con un enfoque en la recuperación económica, reformas laborales y ayudas a sectores afectados por la pandemia.

2022: 20 decretos, destacando los vinculados a la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania y medidas de protección social.

2023: 8 decretos, centrados en políticas de vivienda, regulación del mercado laboral y ayudas a familias vulnerables.

2024: 11 decretos, con especial énfasis en regulaciones medioambientales, ajustes fiscales y ayuda a las víctimas de la DANA en Valencia.

2025: 2 decretos hasta la fecha

Los decretos-ley esperados para 2025

El Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado su Plan Normativo 2025, que busca aprobar 140 reales decretos, 41 leyes y 16 leyes orgánicas durante este año. Entre sus principales propuestas se destacan la ley de Democracia en la Empresa, la ley de Justicia Intergeneracional, y la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir que la Fiscalía lidere las investigaciones judiciales.

En relación con la vivienda, el único avance previsto es el desarrollo de un Real Decreto que regule el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Además, se contempla un Real Decreto para la creación del Consejo de la Memoria Democrática y un registro estatal de “entidades de memoria”. En este ámbito, también se prevé la aprobación de un Real Decreto que regule el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática.

Por otro lado, en el área de Sanidad, se emitirá un Real Decreto con el objetivo de homogeneizar la información sobre listas de espera a nivel nacional, y se retomará la ley que permita la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública.

Aunque el Gobierno de Sánchez justifica el uso de los decretos por la necesidad de responder rápidamente a emergencias económicas y sociales, el uso extendido de esta fórmula ha generado un amplio debate sobre la calidad democrática.

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