Categoría: INTERNACIONAL

Carlos Barrabés aseguró ante el juez que, en sus reuniones con Begoña Gómez, el presidente del Gobierno no llegó a formar parte de estas
The post Barrabés no quiere entregar documentos al Senado para respaldar su defensa first appeared on Hércules.  El empresario Carlos Barrabés se ha negado a entregar varios documentos a la comisión de investigación del caso Begoña Gómez. Los abogados de la defensa han rechazado hacer frente a dicha petición del Senado, justificando que esto afectaría a su derecho de defensa.

Carlos Barrabés consiguió tres adjudicaciones en 2021 por 10,6 millones de euros. Además, obtuvo dos cartas de recomendación firmadas por la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. El empresario aragonés fue imputado después de admitir ante el juez, Juan Carlos Peinado, que se había reunido con esta última en varias ocasiones en el palacio de La Moncloa.

El juez investiga a Barrabés por ceder a la Fiscalía Europea los contratos vinculados con el Ministerio de Transformación ante la posibilidad de afectación de fondos europeos. Según The Objective, está en su derecho de negarse a entregar documentación a la comisión de investigación del Senado bautizada como del caso Koldo. Señalan que “Como investigado, ni siquiera está obligado a declarar en su contra, salvo que quiera”.

Según el Código Penal, señala en el artículo 502.3 que “la persona que haya sido convocada a una comisión parlamentaria y falte a la verdad puede ser castigado con una pena de prisión que oscila entre los seis meses y un año”.

El juez imputa a Barrabés por cuatro delitos tras su declaración en el juzgado

Aunque hay que destacar que esta norma no señala que haya alguna sanción para las personas que guardan silencio. Mientras, el artículo 3.2 de la ley orgánica de comparecencia ante ambas cámaras señala que “si de las manifestaciones del compareciente se dedujeran indicios racionales de criminalidad para alguna persona, la comisión lo notificará así a la Mesa de la Cámara para que esta, en su caso a través de la presidencia respectiva, lo ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal”.

Barrabés aseguró ante el juez que, en sus reuniones con Begoña Gómez, el presidente del Gobierno no llegó a formar parte de estas, pero sí que saludó en alguna. En otra ocasión se reunió con el presidente del Gobierno y con otros empresarios, pero sin la participación de su esposa, a la que habría ayudado a crear su polémica cátedra de Transformación Social Competitiva. Meses más tarde consiguió las adjudicaciones de Red.es.

Según The Objective, la primera concesión se produjo el 18 de marzo de 2021 y ascendió a 2,1 millones de euros. La segunda, el 30 de julio de ese año, rozó los cinco millones. La tercera asignación de Red.es a favor del empresario que recomendó Begoña Gómez se produjo el 2 de agosto y superó los 3,6 millones.

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La federación sigue sin desvelar quién será el sustituto de Lambán mientras que López hará oficial su candidatura por Madrid
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Imagen: EFE

Pedro Sánchez ha renovado este lunes la ejecutiva del PSOE con el foco puesto en las elecciones generales, autonómicas y municipales de 2027. Los cambios llegan tras el Congreso del partido celebrado el pasado fin de semana en Sevilla, donde se delinearon movimientos estratégicos para reforzar liderazgos clave, incluido el madrileño, que será decisivo en los próximos comicios.

Óscar López, el elegido para Madrid

En la Comunidad de Madrid, el partido busca cerrar esta semana la designación de Óscar López como secretario general y probable candidato a la presidencia regional, tras la dimisión de Juan Lobato. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública tiene hasta el sábado para oficializar su candidatura. López, quien fuera jefe de gabinete de Sánchez en La Moncloa entre 2021 y 2023, planea iniciar su campaña con un acto en Canillejas, su barrio natal, junto a militantes y vecinos.

La cúpula del PSOE en Madrid ha sincronizado sus esfuerzos para garantizar su elección. Líderes locales destacaron su experiencia y capacidad para enfrentarse al PP en una región clave. “Es el perfil ideal para devolvernos al gobierno de la Comunidad de Madrid”, resumió Javier Rodríguez, secretario general de la mayor agrupación madrileña.

Renovación territorial: un calendario ajustado

El Congreso de Sevilla también marcó el inicio de una amplia reorganización interna en el PSOE. La renovación de los líderes autonómicos, provinciales y locales concluirá en verano de 2024, adelantándose un año al calendario previsto. Sánchez, en su discurso a la nueva dirección, destacó la falta de propuestas del PP, limitando su oposición a una estrategia «mediática y judicial».

En este contexto, figuras como Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, asumieron nuevos roles dentro de la dirección nacional. Bernabé es vista como la futura candidata al Ayuntamiento de Valencia, mientras que Diana Morant, ministra de Ciencia, se perfila como la opción para las autonómicas.

Tensiones en Aragón y batallas internas en Cantabria

El proceso de renovación también ha dejado huella en federaciones clave como Aragón y Cantabria. En el caso aragonés, la sucesión de Javier Lambán ha generado fricciones, con el secretario general saliente rechazando imposiciones desde Ferraz. También criticó lo que considera “nombramientos no negociados” y defendió una elección más arraigada en la región.

En Cantabria, el enfrentamiento entre Pedro Casares y Pablo Zuloaga escaló durante el proceso de elección de delegados al Congreso Federal. La disputa dejó fuera de la ejecutiva federal a Casares, una decisión interpretada como un gesto de Sánchez para evitar más conflictos internos.

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Según el Tribunal Supremo, colocar la bandera LGTBI en los edificios públicos durante el Orgullo es legal porque no es una “bandera partidista”
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Imagen: Bandera LGTBI colgada en Ayuntamiento-Europa Press

El Tribunal Supremo ha avalado que se cuelgue la bandera LGTBI, en los edificios públicos durante la celebración del Orgullo, al entender que no es un «símbolo de significación partidista» ni «propugna ningún tipo de enfrentamiento«. Por su parte, la Fundación Española de Abogados Cristianos ha comunicado que recurrirá esta sentencia ante el Tribunal Constitucional.

Los magistrados han concluido que no hay impedimento para que se exhiba la bandera en un edificio público al entender que no infringe la Ley 39/1981, de 2 de octubre, que regula el uso de la bandera de España y de otras banderas y enseñas y tampoco vulnera los principios de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas.

El Alto Tribunal defiende que la bandera LGTBI «se proyecta a favor de la igualdad entre las personas, valor reconocido por la Constitución y por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea». Además, la Sala de lo Contencioso-Administrativo recuerda que los artículos 14 y 9.2 de la Constitución propugnan la superación de discriminaciones por cualquier circunstancia personal y el artículo 21.1 del documento europeo llama a eliminar toda forma de discriminación por razón de la orientación sexual.

El TS se ha pronunciado por el recurso presentado por la Fundación Abogados Cristianos ante la colocación de la bandera en el balcón principal del Ayuntamiento de Zaragoza y de la Diputación Provincial de Valladolid. Ante esta situación, el Supremo explica que la Ley 39/1981 no es aplicable a estos casos, pues no contempla el supuesto de exhibición de una bandera LGTBI. Al mismo tiempo, defiende que no hay contradicción entre lo que ahora se decide y lo resuelto anteriormente sobre el izado de una bandera autonómica distinta de la estatutaria y, en general, contra la exhibición en edificios públicos de símbolos o mensajes de carácter partidista.

El Supremo concluye que colocar una bandera LGTBI en un edificio público, de forma temporal, no contradice la exigencia de objetividad de las Administraciones Públicas, sino que está dentro de la línea de las actuaciones para promover la igualdad.

Abogados Cristianos recurrirá la sentencia

Abogados Cristianos ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional esta decisión del Supremo. Según ha informado la fundación, se trata del «paso previo y necesario» para llevar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha destacado que «este cambio de criterio del Tribunal Supremo es una muestra más de la politización del sistema judicial«. «Esta sentencia es una evidencia de cómo el sanchismo ha acabado con la independencia judicial, ante la pasividad del PP», ha denunciado

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Bibiloni: “Diputadas del PSOE en Baleares me escribían porque querían un trío con su marido, y luego ponían en su cuenta de Twitter ‘abolicionismo o barbarie’”
The post La prostitutas atacan al PSOE por querer expulsar a sus clientes: “Folláis con nosotras, votáis contra nosotras” first appeared on Hércules.  El partido socialista ha aprobado en su 41 Congreso Federal la expulsión de los militantes del PSOE que “se sirvan de los servicios sexuales bajo pago, especialmente si ocupan algún cargo orgánico o institucional”.

Según distintas asociaciones de prostitutas, entienden que esta decisión es un “guiño” a las feministas clásicas, quienes son las feministas clásicas. Estas son las impulsoras de esta medida, aunque desde las asociaciones señalan que si esta se lleva a cabo, “se quedan sin partido”.

Dicha decisión surge a partir de la iniciativa de mujeres socialistas del partido consideradas como históricas, como es la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, la ex vicesecretaria general, Adriana Lastra, la exministra Rosa Aguilar o la exportavoz de Igualdad Ángeles Álvarez.

Miquel Bibiloni, secretario de relaciones internacionales del sindicato OTRAS de trabajadoras y trabajadores sexuales: “Es un acto performativo para contentar a las feministas radicales”. Bibiloni, considera que “el PSOE tiene muchos frentes abiertos y necesita sacar estas cosas para hacer guiños a su núcleo duro”.

El trabajador sexual critica también que “el modelo que los socialistas defienden como la panacea [el abolicionista] no lo apoya ningún país europeo”, y recuerda que sólo el 16,3% de los españoles son partidarios de abolir la prostitución, frente al 64,6% que la regularía.

Desde el sindicato OTRAS confiesan que sus clientes son siempre socialistas

El secretario de relaciones internacionales del sindicato OTRAS destaca que él únicamente ha tenido como clientes a diputados socialistas y feministas del mismo partido. Así mismo confiesa que: “Diputadas del PSOE en Baleares me escribían porque querían un trío con su marido, y luego ponían en su cuenta de Twitter ‘abolicionismo o barbarie’”.

También ha denunciado que: “cuanto más abolicionista es un partido más clientes hay”, y avisa de que “si se aplicase se quedarían sin partido, o como mínimo tendrían que elegir una nueva Ejecutiva”.

La portavoz de la plataforma, María Nelly, considera que detrás de esta medida subyace la voluntad del PSOE de “tapar sus múltiples casos de corrupción”: “Tratan de hacerse un lavado de cara a través de la moral de sus militantes para desviar la atención”.

Señala así mismo que: “Puede llegar a presentar una amenaza a los ciudadanos, no sólo a los militantes. ¿Qué van a hacer? ¿Van a establecer una policía de vigilancia sexual? Lo que pretende el PSOE es un Gobierno tiránico, vigilante y que vulnera los derechos más elementales”. Desde la plataforma avisan también de que el PSOE “se ha caracterizado por una excesiva vigilancia sexual de los ciudadanos (pornografía, publicidad erótica, etc.) y ahora de sus militantes”.

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Barnier se enfrenta a un posible cese tras tres meses de mandato mientras que Macron se encuentra de viaje en Arabia Saudí
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Imagen: AP

El primer ministro de Francia, Michel Barnier, enfrenta una moción de censura que podría poner fin a su mandato este miércoles, apenas tres meses después de asumir el cargo. De prosperar, sería el periodo más breve en la jefatura de Gobierno de la V República. La oposición de izquierda y ultraderecha, con una inusual alianza, amenaza con destituirlo, en lo que muchos consideran un ataque indirecto al presidente Emmanuel Macron, verdadero objetivo de estas fuerzas políticas.

El legado del negociador y las tensiones internas

Barnier, reconocido por su papel clave en las negociaciones del Brexit, no ha logrado replicar su éxito diplomático en la política interna francesa. La incapacidad para tejer acuerdos con los partidos de la oposición refleja, en parte, la fractura que dejó la disolución de la Asamblea Nacional el pasado junio. Esa decisión, que despojó al macronismo de una mayoría parlamentaria estable, es señalada como un error estratégico que alimentó el resentimiento tanto en la izquierda como en la ultraderecha.

El Reagrupamiento Nacional (RN), liderado por Marine Le Pen, y el Nuevo Frente Popular de izquierdas, nacieron de esas elecciones con un profundo sentimiento de injusticia. Mientras el RN vio frustrada su victoria electoral por los pactos entre fuerzas progresistas para bloquear a sus candidatos, la izquierda percibió la formación del gobierno conservador de Barnier como una traición a su posibilidad legítima de gobernar.

La moción de censura: venganza y objetivos políticos

La moción de censura que se debatirá el miércoles cristaliza un deseo compartido de revancha. De lograrse la destitución de Barnier, el siguiente objetivo de estos sectores será la renuncia de Macron, a quien acusan de ser el principal responsable de los problemas del país.

Desde la izquierda, el líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, escribió en redes sociales que Macron «debe irse para devolver la voz a los franceses». Por su parte, el vicepresidente del RN, Louis Aliot, señaló que el pacto con la izquierda para frenar a la ultraderecha fue «contra natura» y responsabilizó al presidente de la inestabilidad política.

Macron, atrapado en un momento crítico

En medio de esta crisis, Macron se enfrenta a una presión creciente, especialmente tras el fracaso de su apuesta por Barnier. Aunque intentó refugiarse en áreas clave de la presidencia, como defensa y relaciones exteriores, su liderazgo ha quedado debilitado. La disolución de la Asamblea Nacional provocó divisiones en su entorno, con la renuncia de varios consejeros y la pérdida de confianza en su capacidad para gestionar los asuntos internos.

La moción de censura se suma a una lista de desafíos abiertos, desde la crisis económica hasta la tensión social, que podrían intensificarse si Francia queda sin Gobierno. Sin el respaldo de su primer ministro, Macron quedaría más expuesto a los ataques de sus detractores, que buscan forzar su dimisión. Sería la primera desde la de Charles de Gaulle en 1969, tras perder un referéndum.

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A fecha de 30 de noviembre, la cifra de inmigrantes ilegales llegados a nuestro país ha superado las cifras de todo el año pasado
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Imagen: Inmigración ilegal-EFE

La cifra de inmigrantes ilegales que han llegado a España hasta el 30 de noviembre ya es superior a la de todo el año 2023, según el balance del Ministerio del Interior. De esta manera, han llegado a territorio español 56.976 inmigrantes, tanto por vía marítima como terrestre, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre, un 12,7% más que en el mismo periodo del año 2023 (cuando llegaron 50.551). El año pasado se cerró con 56.852 llegadas, 124 menos de las que ya se han registrado este 2024.

Por vía marítima han llegado a España 54.541 inmigrantes, un 10,5% más que el mismo periodo de 2023. Las rutas “preferidas” por los inmigrantes son la ruta canaria y la balear. Por lo que respecta a la primera, han entrado en el archipiélago canario 41.425 inmigrantes, un 17% más que los que llegaron en el mismo periodo de 2023, cuando llegaron 35.410. Mientras, a la Península y Baleares han llegado por vía marítima 13.067 inmigrantes.

Ceuta y Melilla, las dos ciudades más afectadas por las llegadas por vía terrestre

En cuanto a la vía terrestre, han aumentado las llegadas en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, pues han entrado un total de 2.435 personas (2.344 a Ceuta y 91 a Melilla). Es precisamente en las llegadas a Ceuta y Melilla por vía terrestre donde el aumento es más significativo, pues se han incrementado las llegadas en un 107%, pues el año pasado arribaron a las ciudades autónomas 1.175 personas.

Si en el conjunto de las ciudades autónomas el incremento de llegadas es significativo, en el caso de Ceuta es incluso más preocupante: se han incrementado las llegadas en un 130%, pasando de 1.020 llegadas en 2023 a 2.344 en 2024.

Baleares, uno de los destinos preferidos de los inmigrantes

Impulsado por un otoño intenso en el que se han batido varios récords, este ha sido el peor año en esta ruta ilegal de inmigración, convirtiendo la región balear en la tercera puerta marítima ilegal de entrada a España, sólo superada en volumen por Canarias y el Estrecho: mientras que en 2017 llegaron 23 pateras, lo que suponía unas dos al mes; este año, van ya 322. Esto significa que casi a diario llega una patera a las costas baleares.

Es una nueva ruta que el Gobierno, sin embargo, se resiste a llamar así. «Se trata de un desafío complejo y una cuestión global», replica a la pregunta al diario El Mundo el delegado del Gobierno en las Islas, Alfonso Rodríguez Badal (PSOE). «Sería un error simplificar el problema y reducirlo a un territorio determinado, la presión migratoria afecta a todo el Mediterráneo».

Parten principalmente de dos puntos: el puerto de Delys y las playas de Tipasa, al oeste de Argel. «Los números son los que son», admite Rodríguez. «Sin embargo», puntualiza, «hay que tener en cuenta que la evolución no sigue un patrón estable de crecimiento y en 2023 hubo un descenso con respecto a 2022, lo que demuestra la imprevisibilidad de los números cuando nos referimos a este fenómeno».

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Numerosas sentencias han condenado a Glovo por contratar a repartidores como falsos autónomos y vulnerar la normativa de Derecho Laboral
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Imagen: Un repartidor de la empresa Just Eat transitando en bicicleta por una calle del centro de Madrid. — Jesús Hellín / Europa Press

Just Eat España presentó una demanda el pasado viernes 29 de noviembre contra Glovo ante los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona por competencia desleal basada en la violación de normas y la contratación a falsos autónomos. Le reclama 295 millones de euros en concepto de daños y perjuicios, según informa la plataforma de delivery en un comunicado.

Este lunes a primera hora, solo tres días después de la denuncia presentada por Just Eat España, Glovo ha anunciado un hiro histórico en su estrategia: deja atrás el modelo de falsos autónomos y contratará a sus repartidores. Lo hizo, en realidad, un día antes de que el máximo responsable de la empresa, Oscar Pierre, declare como acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores. El proceso penal también acusa a la empresa de posibles fraudes en la contratación basándose en actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

“Numerosas sentencias han condenado a Glovo por contratar a repartidores como falsos autónomos y vulnerar la normativa de Derecho Laboral. Esto sitúa a Just Eat España en una clara situación de desventaja competitiva, ya que Just Eat España, tal y como exige la ley, sí contrata a los repartidores por cuenta ajena, incurriendo en elevados costes adicionales”, indica Just Eat España en un comunicado. La empresa calcula que Glovo ha ahorrado más de 645 millones de euros contratando a falsos autónomos en los últimos años, “lo que ha permitido a Glovo adquirir una ventaja competitiva significativa”.

“Just Eat España ha sido pionero en el mercado de plataformas de delivery donde opera desde el año 2010, con una plantilla de empleados de más de 2.500 personas. Además fue la primera plataforma en firmar un convenio colectivo de empresa con los principales sindicatos del país en diciembre de 2021″, añade Just Eat España. Esta compañía no opera con falsos autónomos: una parte son contratados directamente por la empresa y otros están empleados por empresas de trabajo temporal. Opera en el mercado de plataformas de delivery desde 2010 y fue la primera en firmar un convenio colectivo de empresa con los principales sindicatos del país en diciembre de 2021.

Glovo contrata a sus trabajadores

Justo un día antes del inicio de un procedimiento judicial, Glovo ha informado de un nuevo modelo en España que le permitirá operar con repartidores laborales en vez de trabajadores autónomos, señalando que su decisión es parte de su “firme compromiso con España y con el impulso de la economía digital en el país”.

El cambio de modelo incluirá la totalidad de ciudades en las que Glovo está disponible, que superan las 900, y se aplicará a todas las verticales de la aplicación. Ha asegurado también que su nuevo modelo mantendrá en todo momento la experiencia de usuario y de los restaurantes y establecimientos que colaboran con la aplicación en todo el país.

En paralelo, la compañía abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para dotar de todas las garantías al proceso y asegurar que el cambio de operativa se desarrolle con consenso. Dicho foro estará abierto al resto de operadores del sector para que puedan realizar procesos de transición similares y sumarse a los acuerdos alcanzados.

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El Consejo de Ministros pretende aprobar un informe que recoge una serie de medidas para evitar que los niños sufran por el entorno digital
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Imagen: Pixabay

El comité de 50 expertos designado por el Gobierno en enero para evaluar el impacto de la tecnología en la infancia y adolescencia ha concluido su informe, que establece directrices clave para mitigar los riesgos asociados al uso de dispositivos digitales por menores. Entre sus principales recomendaciones destacan evitar la exposición a pantallas antes de los tres años, desaconsejar su uso hasta los seis y fomentar el empleo de teléfonos analógicos entre los 12 y 16 años. También se insta a incorporar un etiquetado obligatorio en dispositivos que advierta sobre los peligros para la salud y los efectos del acceso a contenidos inapropiados.

Diagnóstico y medidas para una legislación en marcha

El informe, compuesto por casi 250 páginas, incluye un diagnóstico basado en estudios sociológicos y neurocientíficos sobre el impacto de la tecnología en la salud mental y el comportamiento de los menores. Además, presenta 107 medidas destinadas a complementar el anteproyecto de ley orgánica para la protección de los menores en entornos digitales, aprobado en primera instancia por el Gobierno en junio y actualmente en fase de consulta pública.

El documento subraya la necesidad de un «acceso progresivo» a los dispositivos según la edad, recomendando que los menores de seis años solo los usen en circunstancias excepcionales, como el contacto social o situaciones judiciales. Para adolescentes, se aboga por un uso controlado de móviles inteligentes con herramientas de control parental y restricciones de acceso a redes sociales.

Educación digital bajo lupa

En el ámbito educativo, los expertos proponen revisar las aplicaciones digitales utilizadas en los colegios, eliminando aquellas basadas en sistemas de gratificación inmediata. Asimismo, se recomienda limitar la digitalización en función de la edad: en la etapa de Infantil (0 a 6 años), no se permitirá el uso de dispositivos individuales, mientras que en Primaria (6 a 12 años) se priorizará la enseñanza analógica.

Los centros escolares deberán incluir estas medidas en sus planes digitales, fomentando el aprendizaje vivencial y limitando la exposición temprana a la tecnología. Actualmente, herramientas como Innovamat, que integran juegos con recompensas inmediatas, están presentes en más de mil colegios públicos, un uso que podría ser revisado.

Formación para familias y salud pública

El informe también aborda la formación de las familias, instando a la creación de programas adaptados a diferentes contextos socioeconómicos. Estos incluirán pautas sobre navegación segura, límites de exposición y ventajas educativas de un uso crítico de la tecnología. Las AMPA y entidades del tercer sector podrán recibir subvenciones para implementar estas iniciativas.

Desde una perspectiva sanitaria, los expertos piden declarar problema de salud pública los trastornos derivados del uso excesivo de tecnología. Proponen implementar medidas preventivas y realizar cribados sistemáticos sobre el impacto de la tecnología en consultas pediátricas, incluyendo revisiones de salud mental con evaluaciones de ansiedad, depresión y conductas digitales problemáticas.

Obligaciones para las empresas tecnológicas

El informe sugiere nuevas normativas para las empresas del sector digital. Entre ellas, el etiquetado de dispositivos y aplicaciones con advertencias claras sobre los riesgos para la salud y recomendaciones de uso por edades. Además, los fabricantes deberán incluir informes de impacto sobre los menores en cada nuevo lanzamiento, garantizar configuraciones de máxima seguridad y evitar prácticas como el perfilado, la publicidad conductual o las notificaciones automáticas sin consentimiento explícito.

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El escándalo saltó tras una denuncia del empresario de criptomonedas Álvaro Romillo, que confesó la entrega de 100.000 euros en efectivo a Alvise en plena campaña para las elecciones europeas
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Imagen: Anticorrupción pide al Supremo que investigue al eurodiputado Alvise Pérez por financiación ilegal. / Efe

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional que impute al eurodiputado Luis Pérez Fernández, también conocido como Alvise, por financiación ilegal en su campaña durante las últimas elecciones europeas, según ha adelantado la Ser. El organismo que dirige Alejandro Luzón ha pedido que la causa quede en manos del tribunal ante el que está aforado Alvise al entender que hay indicios sólidos de que pagó su campaña de forma ilegal, cobrando 100.000 euros en efectivo de un empresario del sector de las criptomonedas.

El agitador, pocos días antes de empezar su campaña electoral, acudió a la sede de las empresas de Álvaro Romillo, especializado en el sector de las criptomonedas y las inversiones, para cobrar 100.000 euros en efectivo. El propio Alvise reconoció los hechos, aunque solo dijo que había cobrado ese dinero “como autónomo” y “sin factura”. También Romillo admitió este hecho cuando su plataforma de inversiones, el Madeira Investment Club, quebró.

Anticorrupción presenta un informe

El juez citó a Alvise a declarar el pasado 20 de noviembre, pero se negó a acudir. De cualquier forma, Alvise no estaba obligado a comparecer dada su condición de aforado ante el Tribunal Supremo.

Anticorrupción ha presentado un informe este lunes en el que considera que existen indicios sólidos y bien apuntalados de que el eurodiputado recibió ese dinero de Romillo a cambio de “favores futuros”, como cambiar la legislación para que este empresario se beneficiase. “Las encuestas me encaminan cada vez más cerca de ser llave de Gobierno con Feijóo y con Abascal y esto significa que yo, en un posible acuerdo de Gobierno, puedo poner como sine qua non una serie de legislación relativa a Bitcoin, etcétera”, le dijo a Romillo, según consta en un audio que ambos se intercambiaron.

Romillo, que sí declaró ante el juez, afirma que no hubo un contrato entre ambos y Alvise nunca le dio a cambio del monto ningún servicio. Todo lo contrario a la versión del político, que difundió un vídeo después de que saliera el caso a la luz asegurando que los 100.000 euros los ganó por un “trabajo” y que lo cobró “sin factura” para evitar pagar impuestos: “El Estado me saquea más de la mitad”.

La Ley de Financiación de Partidos prohíbe las donaciones procedentes de una misma persona superiores a 50.000 euros al año y establece que aquellas superiores a los 25.000 deben notificarse al Tribunal de Cuentas en el plazo de tres meses tras su aceptación. La Audiencia Nacional abrió una causa penal para estudiar el derrumbe de Madeira Investment Club y, en paralelo, la Fiscalía entendió que existían indicios de financiación ilegal en el cobro de Alvise, aunque terminó dejando el caso en manos de la Audiencia Nacional al haber sido la primera en abrir diligencias.

El eurodiputado se enfrenta a media docena de causas penales abiertas en juzgados y tribunales de todo el país, que ahora tendrán que ser asumidas por el Tribunal Supremo por su aforamiento como político en Bruselas. 

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