El TSJM respalda las actuaciones del Ministerio e insta a Airbnb a eliminar de su plataforma una primera tanda de 5.800 anuncios
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Europa Press
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ordenado a la plataforma Airbnb la retirada de casi 66.000 anuncios de viviendas turísticas que no cumplen con la normativa vigente. Según informó este lunes el Departamento dirigido por Pablo Bustinduy, se trata de 65.935 anuncios que han sido considerados ilícitos por vulnerar distintas normativas autonómicas relacionadas con la publicidad y regulación del alojamiento turístico.
La actuación, coordinada por la Dirección General de Consumo, se dirige a la filial irlandesa de Airbnb, y se basa en diversas irregularidades detectadas en la oferta de pisos turísticos anunciados en su plataforma. La mayoría de estos anuncios corresponden a viviendas completas de uso turístico, no a habitaciones individuales.
En los últimos meses, el Ministerio ha emitido tres resoluciones en las que instaba formalmente a la empresa a bloquear los anuncios ilegales. Airbnb, sin embargo, recurrió ante los tribunales para frenar esta medida. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha avalado la primera resolución del Ministerio, y ha emitido un auto que obliga a la empresa a eliminar de inmediato 5.800 anuncios, en lo que representa un primer paso judicial favorable a la acción del Gobierno.
Tres motivos clave para declarar ilegales los anuncios
La Dirección General de Consumo ha señalado tres infracciones principales que sustentan la ilegalidad de los anuncios afectados. En primer lugar, muchos de ellos no incluían el número de licencia turística, algo obligatorio según la normativa de varias comunidades autónomas. Esta omisión es la infracción más habitual entre las detectadas.
En segundo lugar, los anuncios no especificaban la naturaleza jurídica del arrendador, es decir, si se trata de un particular o de una empresa. Esta información es clave para determinar el nivel de protección del consumidor, ya que las obligaciones legales varían según se trate de un alquiler entre particulares o de una actividad profesional.
Por último, en algunos casos, los anuncios mostraban números de licencia que no correspondían con los registros oficiales, lo que puede inducir a error o engaño al consumidor.
Los anuncios objeto del auto judicial se ubican en comunidades como Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y País Vasco, regiones donde la normativa sobre el alquiler turístico es especialmente estricta.
Refuerzo del control y nuevas sanciones
El ministro Pablo Bustinduy ha reiterado el compromiso del Ejecutivo con el control del mercado de viviendas turísticas, afirmando que el objetivo es “acabar con el descontrol y la ilegalidad generalizada en este sector”, proteger a los consumidores y facilitar el acceso a la vivienda.
En esa línea, el Ministerio ha anunciado que seguirá trabajando junto a otras administraciones públicas y reforzará su colaboración técnica y legal para combatir estas prácticas. Además, Consumo continúa tramitando varios expedientes sancionadores abiertos en los últimos meses: uno a una plataforma de alquiler en diciembre de 2024 por incumplir la obligación de incluir el número de licencia, y otros iniciados en febrero de 2025 contra gestoras de pisos turísticos por ocultar la naturaleza jurídica de los arrendadores.
A finales de marzo, también se abrió un expediente sancionador a una gran inmobiliaria por supuestas prácticas abusivas contra los inquilinos. Todas estas actuaciones, según el Ministerio, se enmarcan en una estrategia más amplia para regular el sector y proteger los derechos de los usuarios.
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