La Corte Suprema rechaza casos sobre libertad de expresión, COVID-19 y redes sociales, en medio de tensiones sobre censura y derechos civiles
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La Corte Suprema de EE. UU. ha optado por no pronunciarse sobre una serie de casos que, según juristas y activistas, ponen a prueba los límites de la Primera Enmienda, desde el discurso de empleados públicos hasta la censura digital en el contexto del COVID-19. Las decisiones llegan pocos días después de una serie de fallos que favorecieron a los sectores conservadores en temas como el aborto y los derechos de los padres en la educación.
En una lista de órdenes publicada el lunes, el alto tribunal denegó audiencias a varias peticiones que buscaban revisar decisiones de tribunales inferiores. Entre ellas, el caso de Kari MacRae, una educadora conservadora despedida por publicaciones en redes sociales realizadas antes de su contratación en Massachusetts, y una demanda por presunto acoso racial en una escuela de Texas.
Rechazo a casos con implicaciones sociales y legales amplias
Los jueces también decidieron no intervenir en la demanda de un estudiante blanco contra el Distrito Escolar Independiente de Austin, quien alegó acoso racial tras ser agredido por otro estudiante que confesó haber actuado por motivos raciales. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito desestimó el caso al considerar solo un incidente como “realmente grave”.
Por otro lado, los jueces Clarence Thomas y Neil Gorsuch discreparon públicamente sobre la negativa a revisar la moratoria de desalojos impuesta durante la pandemia en Los Ángeles. Argumentaron que dicha política podía constituir una “toma física” bajo la Cláusula de Expropiación. Sin embargo, el recurso no prosperó al no alcanzar los cuatro votos necesarios.
En cambio, el tribunal sí anuló decisiones de instancias inferiores contrarias a fallos recientes, como las restricciones de Medicaid en Carolina del Sur a clínicas como Planned Parenthood y la prohibición de transiciones de género para menores en Tennessee, remitiendo los casos para revisión conforme a los nuevos precedentes.
MacRae y el discurso político de empleados públicos
Uno de los casos más polémicos fue el de MacRae, despedida por compartir memes en TikTok donde criticaba políticas migratorias, la ideología de género y el enfoque racial del sistema educativo. Aunque el juez Thomas coincidió en no aceptar la revisión, aprovechó para emitir una extensa declaración crítica hacia el Primer Circuito, acusándolo de distorsionar el precedente establecido en el marco Pickering-Garcetti que regula el discurso de empleados públicos.
Thomas consideró que decisiones como la de MacRae, o la de un estudiante sancionado por portar una camiseta con el mensaje “solo hay dos géneros”, representan una tendencia preocupante de los tribunales inferiores a erosionar los principios fundamentales de la Primera Enmienda.
En sus palabras, permitir que una institución pública adopte una postura ideológica y silencie a empleados disidentes representa una amenaza directa a la libertad de expresión. “Las opiniones políticas de MacRae fueron expresadas fuera del lugar de trabajo y antes de su contratación”, insistió.
Comparaciones con precedentes más extremos
Thomas argumentó que las publicaciones de MacRae eran “modestas” si se comparan con manifestaciones mucho más extremas protegidas por la Corte en el pasado, como los carteles homófobos del grupo Westboro Baptist Church en funerales militares.
Además, criticó al tribunal de apelaciones por considerar elementos “especulativos” para justificar el despido, como el conocimiento de los estudiantes sobre las publicaciones o las discusiones que estas generaron entre el personal. Peor aún, denunció el uso de criterios “ilícitos” al basar la posible interrupción del entorno escolar en el simple hecho de que MacRae tenía opiniones contrarias a la narrativa institucional.
“Los empleadores públicos no deberían poder invocar interrupciones especulativas o utilizar el marco Pickering-Garcetti como excusa para reprimir discursos políticos desfavorables”, advirtió Thomas.
Silencio sobre censura digital y colusión estatal
En otra decisión que generó controversia, el Supremo también declinó revisar la demanda de Children’s Health Defense (CHD), organización liderada por Robert F. Kennedy Jr., contra Meta por su presunta colaboración con funcionarios de la administración Biden en la censura de contenidos relacionados con las vacunas y el COVID-19 en Facebook.
La petición, que no fue comentada por ningún juez, buscaba determinar si las acciones de Facebook podían ser consideradas como “acción estatal” al coordinarse con el Ejecutivo para moderar contenido desfavorable.
El recurso planteaba dos preguntas fundamentales: si el compromiso deliberado de una plataforma con el gobierno para suprimir ciertos puntos de vista convierte a esa empresa en actor estatal sujeto a la Primera Enmienda, y si ajustar sus decisiones de moderación a los intereses del Estado implica una violación constitucional.
El caso perdió fuerza legal luego de que el Quinto Circuito fallara en contra de CHD en un caso paralelo, justo antes de las elecciones presidenciales, y después de que la Corte Suprema endureciera los requisitos para demostrar daño legal en situaciones donde las plataformas tecnológicas actúan bajo presión gubernamental.
La censura en tiempos de pandemia, aún sin resolución
El debate sobre la censura digital y el control estatal de la narrativa durante la pandemia sigue sin resolverse. Documentos recientemente revelados por periodistas como Catherine Herridge y Michael Shellenberger han mostrado cómo agencias de inteligencia etiquetaron a los críticos de las vacunas y las mascarillas como “extremistas violentos domésticos”, lo que habría motivado su vigilancia por parte del FBI.
Pese a la falta de acción judicial en estos casos, el contexto político en torno a la libertad de expresión, el discurso público en redes sociales y el papel de las plataformas tecnológicas como Facebook, sigue siendo uno de los temas más candentes de cara al próximo ciclo electoral
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