La imputación de Cristina Álvarez y la investigación sobre sus posibles delitos suponen un punto crucial en el caso Begoña Gómez
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Cristina Álvarez, en su comparecencia en la comisión del Senado // EP
El caso de María Cristina Álvarez, asesora de Moncloa asignada a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cobrado relevancia en las últimas semanas tras su imputación por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Esta decisión, tomada por el juez Juan Carlos Peinado, marca un giro significativo en la investigación que también involucra a Gómez.
Imputación de María Cristina Álvarez
La investigación se centra en las actividades de Begoña Gómez al frente de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Se sospecha que pudo haber utilizado su posición para obtener beneficios indebidos, lo que ha llevado a imputaciones por posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. En este contexto, la figura de María Cristina Álvarez ha adquirido protagonismo debido a su papel como asesora en Moncloa.
Inicialmente, Álvarez fue citada como testigo en diciembre de 2024. Durante su declaración, reconoció haber enviado correos electrónicos en nombre de Gómez a patrocinadores de la cátedra en la UCM. Estos correos, según la investigación, podrían implicar gestiones que exceden las funciones propias de una asesora gubernamental, sugiriendo una posible implicación en actividades privadas de Gómez.
El 4 de febrero de 2025, el juez Peinado decidió imputar a Álvarez, citándola a declarar el próximo 28 de febrero a las 09:30 horas. Esta decisión se basó en nuevas evidencias que sugieren una participación activa de Álvarez en las gestiones relacionadas con la cátedra de Gómez. Además, el juez ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analice el registro de llamadas de Álvarez desde su nombramiento, con el objetivo de identificar posibles comunicaciones relevantes para el caso.
Recurso contra la investigación de la UCO
Todas las acusaciones populares del «caso Begoña Gómez«, menos Vox, han reclamado a través de un nuevo recurso de reforma al juez Peinado que aporte «mayor argumentación» a la orden dada a la UCO para rastrear el registro de llamadas de la asesora de Moncloa, que utilizaba la mujer de Pedro Sánchez para sus asuntos privados. El objetivo de este recurso, según un escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN, es evitar que pueda acabar siendo declarada nula esta orden con la que el juez busca determinar si la alto cargo mantuvo comunicaciones telefónicas con empresas para las que trabajó o con las que colaboraba profesionalmente la esposa del presidente del Gobierno.
Las acusaciones han pedido que el auto cuente con una justificación más detallada de por qué es necesario investigar las comunicaciones de Álvarez, a fin de «evitar riesgos innecesarios» que «pudieran poner en peligro la causa» si la Fiscalía y las defensas de la asesora o de Gómez recurren la decisión a una instancia superior.
Recientemente, la Audiencia Provincial de Madrid anuló las entradas y registros practicados en agosto de 2024 en el domicilio y la sede de las empresas de otro imputado en el caso contra Gómez. Los magistrados argumentaron que la orden judicial carecía de una «suficiente motivación» y que el juez no había dejado claro la «necesidad, proporcionalidad y utilidad» de la medida. Como resultado, la UCO ha tenido que destruir todas las copias de los dispositivos incautados, incluidos correos electrónicos y archivos extraídos de los portátiles del empresario.
El registro de llamadas
El juez Peinado ordenó la semana pasada que los agentes de la UCO, primero, confirmasen el operador del número de teléfono de Álvarez para, posteriormente, rastrear su registro de llamadas. El objetivo es determinar si desde Moncloa mantuvo contactos telefónicos con las siguientes entidades:
Instituto de Empresa (IE): donde Begoña Gómez dirigió el Africa Center.
Organización Mundial del Turismo (OMT).
Empresas patrocinadoras del software de la cátedra de Gómez: Indra, Google y Telefónica.
Financiadoras de la cátedra en la UCM: Reale y Fundación La Caixa.
Arsys: compañía tecnológica que dio el dominio a la web en que Gómez ofrecía el programa informático que derivó en imputaciones por apropiación indebida e intrusismo profesional.
Manpower: participó en la fase final del desarrollo del programa de Gómez.
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