Las empresas fantasmas desaparecen antes de tributar, utilizando testaferros para adquirir los carburantes y no pagar a Hacienda
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<
p class=»MsoNormal»>El fraude del IVA en la venta de carburantes ha experimentado un aumento notable en los últimos años, representando ya alrededor del 25% del volumen total de combustible vendido en el país. Esta problemática, que preocupa desde hace tiempo a los inspectores de la Agencia Tributaria, ha vuelto a ser noticia tras la reciente detención de Víctor de Aldama, comisionista implicado en el caso Koldo. De Aldama ha sido acusado de idear un fraude multimillonario que ha costado a Hacienda 182 millones de euros en solo dos años. Expertos del sector advierten que estas prácticas están causando un agujero creciente en las arcas públicas, con pérdidas que superan los 1.000 millones de euros anuales.
Cómo operan las tramas de fraude
El esquema de fraude es relativamente sencillo: se basa en la creación de empresas ficticias que compran combustible sin pagar el IVA y luego desaparecen antes de que Hacienda pueda recaudarlo. Según la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, estas empresas actúan como intermediarias en la compra y venta de carburantes dentro de la Unión Europea, aprovechando las exenciones del mercado intracomunitario para evitar el pago inmediato del IVA. Al vender el combustible a precios más bajos en el mercado interno, emiten facturas con IVA que nunca llegan a las arcas del Estado, pues las empresas desaparecen antes de ser detectadas.
El uso de empresas pantalla con testaferros permite a las sociedades de corta vida operar durante un tiempo suficiente para realizar varias transacciones antes de desaparecer. Al principio, el combustible está exento de tributar mientras permanece en depósito fiscal bajo el régimen suspensivo, pero una vez que sale, está sujeto a impuestos especiales y al IVA. Sin embargo, los operadores fraudulentos se benefician de la exención del IVA cuando adquieren combustible al por mayor, pero nunca llegan a ingresarlo.
Efectos del fraude en el precio y la competencia
Además de no ingresar el IVA, estas empresas fraudulentas tampoco asumen otros costes asociados al precio final del combustible, como la reserva de biocarburantes o la contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, según explica Natalia Hidalgo, experta en impuestos especiales. Esto les permite ofrecer precios más bajos que las empresas legales, distorsionando el mercado y generando una competencia desleal que reduce significativamente los márgenes de beneficio de los operadores legítimos.
Pérdidas económicas y vínculos con el crimen organizado
El impacto económico de este tipo de fraude es devastador. Aunque la Agencia Tributaria no publica cifras específicas, sus informes anuales revelan varios casos de este tipo de tramas, con pérdidas de cientos de millones de euros. La Guardia Civil, a través de su Unidad Central Operativa (UCO), estima que, desde mediados de 2021 hasta mediados de 2022, sus agentes han destapado fraudes por valor de 530 millones de euros. Por su parte, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos cifra las pérdidas en 1.200 millones de euros anuales, mientras que KPMG estima que entre 2013 y 2022 las ventas de operadores irregulares alcanzaron los 26.000 millones de euros, sin que pasaran por los controles de Hacienda.
Este tipo de fraude no solo afecta al erario público, sino que también está vinculado a redes de crimen organizado, que utilizan las ganancias para financiar actividades ilícitas. En algunas operaciones recientes, se ha descubierto que los beneficios obtenidos se blanqueaban a través de inversiones en criptomonedas, así como en sectores como el sanitario, hotelero y de restauración.
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