El número de excarcelaciones y progresiones de grado ha aumentado significativamente en lo que va de año, generando controversia política y social
The post El Gobierno acelera los beneficios penitenciarios a presos de ETA en 2025 first appeared on Hércules. En lo que va de 2025, el Gobierno español ha intensificado la concesión de beneficios penitenciarios a presos relacionados con la organización terrorista ETA, generando un notable debate en el plano político, judicial y social. Según datos del Ministerio del Interior, desde enero hasta principios de abril, al menos 18 reclusos etarras han sido trasladados a cárceles cercanas al País Vasco, progresado al tercer grado o directamente puestos en libertad condicional, lo que supone un incremento del 30% respecto al mismo periodo del año anterior.
Estas decisiones se inscriben dentro de una política penitenciaria iniciada en 2021 y sustentada por la Ley Orgánica General Penitenciaria, que permite la individualización del tratamiento penitenciario. No obstante, el ritmo y volumen de concesiones en 2025 ha sorprendido incluso a sectores afines al Gobierno, que observan una aceleración poco habitual y con escasa comunicación pública.
A esta situación se suma el papel del Gobierno vasco, que desde la transferencia de competencias penitenciarias ha incrementado el número de permisos, salidas y terceros grados, muchas veces sin comunicar previamente estos movimientos a los servicios antiterroristas del Estado. Un caso emblemático es el de Gurutz Aguirresarobe, condenado a 32 años de prisión por el asesinato del jefe de la Policía Municipal de Andoain, Joseba Pagazaurtundúa, en 2003. Durante las pasadas navidades, la Consejería vasca de Justicia autorizó su salida en dos ocasiones, sin notificarlo a la Guardia Civil hasta después de que el preso abandonara la cárcel, lo que generó alarma por la falta de medidas para proteger a las víctimas.
El Gobierno vasco rompió así una práctica habitual de coordinación que permitía anticipar salidas para evitar que los condenados coincidieran con los familiares de sus víctimas. Fuentes de la seguridad del Estado advierten que este “cribado” de información puede derivar en un aluvión de excarcelaciones mediante terceros grados o figuras como los artículos gatera del Código Penal.
Varios analistas apuntan a que este aumento de beneficios podría tener una lectura política. En un año marcado por las elecciones autonómicas vascas y la necesidad del Ejecutivo de mantener ciertos apoyos parlamentarios claves, se ha especulado con que esta política penitenciaria responda a acuerdos no oficiales con partidos nacionalistas vascos como EH Bildu. Si bien el Gobierno ha negado cualquier pacto en este sentido, la oposición —particularmente el Partido Popular y Vox— ha acusado al presidente del Ejecutivo de “blanquear a los terroristas” y de “usar la política penitenciaria como moneda de cambio”.
Nuevas leyes y más excarcelaciones
La reciente aplicación de una ley aprobada en octubre de 2024, que adapta una directiva europea sobre el intercambio de antecedentes penales, ha permitido además reducir las condenas a múltiples presos de ETA, al reconocerles el tiempo cumplido en cárceles francesas. Esta reforma, apoyada por todos los grupos parlamentarios, incluyó una enmienda impulsada por Sumar que eliminó una disposición que impedía descontar penas a etarras condenados. Gracias a esta norma, el etarra Balbino Sáenz de Olarra, condenado a 108 años por varios atentados en Madrid en 2002, quedó en libertad este viernes. Su caso se suma al de otros 52 reclusos de ETA que esperan acogerse a esta ley para acortar sus condenas. Colectivos como Sare y Etxerat han celebrado la decisión, aunque lamentan la “lentitud intencionada” con la que se está aplicando.
Una de las claves en la concesión de beneficios ha sido el grado de colaboración y arrepentimiento mostrado por los reclusos. Según fuentes penitenciarias, al menos la mitad de los etarras beneficiados en 2025 han firmado cartas de renuncia a la violencia y han comenzado procesos de reparación con las víctimas. No obstante, asociaciones como Dignidad y Justicia o la AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo) denuncian que muchos de estos gestos son “puro maquillaje legal para obtener beneficios” y exigen mayor supervisión judicial. “Estamos viendo cómo se vacían las cárceles de etarras sin que haya una verdadera justicia restaurativa ni autocrítica real. Las víctimas siguen sin voz en muchos casos”, señaló Maite Araluce, presidenta de la AVT.
Mientras tanto, sectores duros del colectivo etarra siguen activos ideológicamente. En documentos internos recientes, Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, ha expresado su rechazo a la actual estrategia política de la izquierda abertzale y asegura que “la lucha tendrá que continuar” y que “toca inventar un nuevo movimiento de liberación”. Aunque no hay indicios de un retorno a la violencia, los expertos antiterroristas insisten en que deben estar preparados ante cualquier escenario, en un contexto de libertad creciente para antiguos miembros de ETA.
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