El Ejecutivo se ha comprometido con Europa a un esfuerzo de contención del gasto para bajar la deuda, a cambio de que la Comisión Europea permita ampliar el periodo del plan de ajuste de cuatro a siete años
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Imagen: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. Europa Press
El Gobierno confía en que parte del crecimiento económico del país se deba, en parte, a la incorporación de los inmigrantes al mercado laboral. Por eso, ultima un cambio del reglamento de la ley de extranjería que abrirá la puerta a la potencial regulación de decenas de miles de inmigrantes, tal y como se lo planteó a Bruselas la semana pasada al presentar su plan fiscal. En él, el Gobierno prevé que se crearán más de 1,5 millones adicionales de puestos de trabajo hasta 2026, un nuevo récord de ocupación con un número total de empleados que rozará los 23 millones de personas.
En este documento, en el que el Ejecutivo se compromete con Europa a un esfuerzo de contención del gasto para bajar la deuda, se detallan un conjunto de reformas. A cambio de estas, la Comisión Europea permite ampliar el periodo del plan de ajuste de cuatro a siete años. Entre ellas, se encuentra, precisamente, la aprobación de un nuevo reglamento de la ley de extranjería y una revisión del sistema para homologar los títulos de foráneos.
Según el Ministerio de Economía, estas dos reformas permitirán aumentar el crecimiento tendencial de la economía en tres décimas de aquí a 2031, al contar con más trabajadores y facilitar que estos estén más formados. De esta manera, como los inmigrantes reportarán más ingresos, el déficit público también se reducirá en una décima.
Otros cálculos del Banco de España reportaban que, en 2022, mientras que los extranjeros añadían un 4% más de población, los nacionales restaban un 1%. Ante estos movimientos migratorios que está recibiendo España, el Gobierno ha potenciado precisamente esta medida, la de atraer flujos de inmigrantes con mayores niveles de cualificación en aquellos sectores de mayor interés nacional. En el documento, el Ejecutivo añade que “esto permitirá aumentar la cualificación de la fuerza laboral y, con ello, la productividad del sistema”.
La reforma del reglamento de la ley de extranjería tendrá dos patas
Una de las patas del reglamento de la ley de extranjería es “mejorar las vías que permitan una mayor regularización del stock de inmigrantes existente, lo que permitiría aflorar la economía sumergida de los inmigrantes que no cumplen con los criterios de arraigo y evitando que el tránsito hacia el mercado laboral se produzca a través de vías colaterales no pensadas para dicho objetivo, como la figura de la solicitud de protección internacional”. Y la otra es “revisar las diferentes figuras que permiten la contratación en origen y poder maximizar el potencial económico de los inmigrantes”.
Además, el Gobierno pretende incrementar la productividad de la población inmigrante, reconociendo de forma más ágil y flexible sus cualificaciones y competencias, en especial las universitarias. Según se indica en el plan fiscal, se profundizará en esta vía tras detectarse trabas en el proceso de homologación: “A pesar de haber pasado de 10.100 expedientes resueltos en 2020 a 27.200 en 2023, el sistema actual no es capaz de absorber las 5.000 solicitudes que de media llegan cada mes, un 84% aproximadamente desde la región latinoamericana”.
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