Una cláusula estatutaria introducida en 2024 permite a dirigentes procesados seguir en el cargo si se alega «persecución política»
The post El PSOE blinda a Gallardo para seguir al frente del partido pese a estar imputado first appeared on Hércules. La situación judicial de Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE en Extremadura, ha destapado una cláusula introducida discretamente en los Estatutos del partido que permite a sus dirigentes seguir en el cargo pese a enfrentar un proceso penal, siempre que este sea considerado una persecución política. Este cambio, aprobado en el 41º Congreso Federal celebrado en diciembre de 2024, abre la puerta a una reinterpretación del código ético del PSOE y debilita de facto los compromisos de regeneración democrática que antaño abanderaba el partido.
La disposición adicional sexta, incorporada a los nuevos Estatutos, establece que el cumplimiento del código ético se conjugará con la protección de los dirigentes frente al “uso de instrumentos jurídicos para conseguir finalidades políticas”. Una fórmula ambigua que permite a la dirección nacional del PSOE decidir discrecionalmente qué causas judiciales considera legítimas y cuáles no.
Una reforma a medida para blindar a los afines
En 2015, el PSOE estableció que la mera imputación era motivo suficiente para dimitir. Con el tiempo, ese listón se desplazó hasta la apertura de juicio oral, y ahora, con la nueva redacción de los Estatutos, ni siquiera ese umbral garantiza ya la asunción de responsabilidades. Basta con que la dirección del partido entienda que el proceso judicial tiene connotaciones políticas para mantener al acusado en su puesto. En la práctica, se legaliza una excepción al código ético por vía estatutaria.
Gallardo, que se enfrenta a una causa penal, ha justificado su decisión de tomar posesión como diputado en la Asamblea extremeña asegurando que quiere que “termine el proceso de instrucción”. Con el nuevo marco interno del PSOE, su permanencia al frente del partido está garantizada: la denuncia contra él, según fuentes socialistas, proviene de organizaciones “vinculadas a la extrema derecha”, lo que basta para activar el blindaje político estatutario.
El PSOE borra las líneas rojas éticas
El Código Ético aprobado en 2023 aún contempla que los cargos con juicio oral por delitos como cohecho, tráfico de influencias, malversación o violencia de género deben solicitar la baja voluntaria y dimitir. Pero esta norma queda anulada si se invoca la disposición adicional introducida en 2024. Así, una Comisión Federal controlada por la dirección puede decidir, caso por caso, quién es víctima de “lawfare” y quién no, introduciendo una enorme discrecionalidad en lo que antes era una norma objetiva.
El caso Gallardo se suma a otras polémicas recientes que han afectado a figuras del entorno del presidente Sánchez, como su hermano o su esposa, Begoña Gómez, también envueltos en investigaciones judiciales. La narrativa del acoso judicial ha servido al PSOE como argumento para justificar esta deriva, sostenida en la idea de que existe una “persecución política, mediática y judicial” contra el Ejecutivo.
El nuevo marco legal interno no solo protege a Gallardo, sino que establece un precedente para blindar a otros cargos en situaciones similares. Y lo hace con el respaldo de una arquitectura estatutaria que traslada todo el poder de decisión a órganos dependientes del núcleo duro del partido. La Comisión Federal de Ética y Garantías es ahora el instrumento clave para decidir quién puede mantenerse en el cargo y quién no, debilitando el control democrático interno y sustituyéndolo por un control político vertical.
Lo que antes era una exigencia de transparencia, hoy es un terreno abonado para la arbitrariedad. El PSOE ha institucionalizado el doble rasero ético, permitiendo que la militancia y la opinión pública se enfrenten a una organización que ya no se rige por principios claros, sino por conveniencias estratégicas.
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