El Supremo tiene la última palabra sobre la amnistía del procés y Puigdemont. El TJUE lo avala y la malversación complica su aplicación
The post El Supremo decidirá si Puigdemont puede ser amnistiado first appeared on Hércules. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya lo dejó claro: el Tribunal Supremo español es quien debe decidir sobre el procés. La respuesta fue a una consulta del juez Pablo Llarena, instructor del caso contra Carles Puigdemont. Esto significa que la ley de amnistía, impulsada por el Gobierno con el apoyo de Junts y ERC, no se aplicará automáticamente. El Supremo será quien determine su alcance en cada caso concreto.
Aunque el Tribunal Constitucional prepara una sentencia favorable a la norma, según un borrador adelantado por El Debate,
el control final lo seguirá teniendo el alto tribunal.
¿Es automática la aplicación de la ley de amnistía?
No. La amnistía no tiene efectos inmediatos ni universales. Cada situación debe ser analizada por los jueces del Supremo.
Especialmente, se revisarán los delitos de malversación y desobediencia. El Constitucional validará la norma el 24 de junio, pero esa decisión no borra las condenas ni suspende procesos judiciales. La aplicación concreta dependerá del principio de ley más favorable al reo.
Los principales beneficiarios podrían ser Oriol Junqueras y exconsejeros de la Generalitat, aún inhabilitados. Pero en el caso de los fugados, como Puigdemont, la situación es más compleja.
¿Qué pasa con la malversación de fondos del 1-O?
El delito de malversación es clave en este debate. No ha sido tratado aún en la ponencia de la magistrada Montalbán.
Pero será central en una futura sentencia del Tribunal Constitucional. Puigdemont y otros procesados fueron acusados de desviar dinero público para financiar el referéndum ilegal del 1-O.
El Tribunal Supremo, liderado por Manuel Marchena, ya dictaminó que ese desvío supuso enriquecimiento ilícito. Ese tipo de conducta está expresamente excluida de la amnistía. Y también choca con el Derecho Europeo sobre lucha contra la corrupción.
¿Qué papel tiene el Tribunal Constitucional?
El Tribunal Constitucional tiene capacidad para validar la norma. Pero no puede obligar a los jueces a aplicarla en contra de su criterio. De momento, ha evitado pronunciarse sobre la malversación. Eso se abordará en una segunda sentencia, aún pendiente.
En este contexto, los separatistas han presentado recursos para lograr una interpretación más amplia de la ley. Sin embargo, el PP no incluyó este tema en su impugnación inicial. Eso no impedirá que sea clave en las futuras deliberaciones.
El Supremo, árbitro final del procés
El Tribunal Supremo ha ratificado que los jueces no están atados a una lectura literal de la ley. Tienen potestad para interpretarla según el contexto jurídico y constitucional. Esto refuerza su posición frente a las intenciones del Gobierno y las presiones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. La Constitución Española les otorga esa competencia.
La doctrina del Supremo establece que hubo corrupción con fondos públicos. Por tanto, no puede haber amnistía para esas conductas. Esta interpretación podría bloquear la vuelta de Puigdemont y limitar los efectos reales de la ley.
La batalla jurídica aún no ha terminado
Aunque el Gobierno y sus aliados ven en la amnistía una vía para cerrar el conflicto catalán, la última palabra la tendrá el Supremo. La ley puede ser constitucional, pero su aplicación real dependerá de los jueces penales. Y ellos ya han trazado líneas rojas claras sobre la malversación. La decisión final no será política, sino judicial.
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