Jaime Salmerón habría desempeñado un papel instrumental como administrador único de la empresa Carburantes Jalón Plaza SL
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Víctor Aldama, durante su declaración en la Audiencia Nacional
La Audiencia Nacional ha emitido una orden de búsqueda y detención contra Jaime Salmerón González, considerado por los investigadores como uno de los presuntos testaferros al servicio de la red criminal dirigida por Víctor de Aldama y Claudio Rivas Ruiz-Capillas.
La decisión, dictada el pasado 14 de mayo por el juez Santiago Pedraz, responde a la incomparecencia de Salmerón, de tan solo 24 años, en su citación judicial del mes de marzo.
Según la investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria (AEAT), Salmerón habría desempeñado un papel instrumental como administrador único de la empresa Carburantes Jalón Plaza SL, una de las piezas clave dentro del complejo entramado empresarial presuntamente diseñado para defraudar a la Hacienda pública mediante operaciones ficticias en el sector de los hidrocarburos.
La cuota defraudada atribuida solo a esta sociedad supera los 16 millones de euros, dentro de un fraude global que se estima en más de 182 millones entre 2022 y 2024.
Las pesquisas apuntan a que la red operaba mediante la simulación de ventas de hidrocarburos en régimen fiscal suspensivo, esto es, sin pago inmediato del IVA, a una serie de empresas interpuestas, todas bajo el control de la organización. Estas sociedades habrían actuado como pantallas para ocultar las ventas reales y el destino final del combustible, con el objetivo de eludir el pago de impuestos.
Carburantes Jalón Plaza, bajo la dirección formal de Salmerón, mantuvo relaciones comerciales con la empresa Villafuel SL, operadora mayorista de productos petrolíferos presuntamente vinculada al núcleo de la trama.
En apenas siete meses, entre marzo y octubre de 2023, la empresa gestionada por el joven adquirió hidrocarburos por un valor superior a los 77 millones de euros, pese a carecer de trayectoria empresarial y experiencia en el sector. Esta desproporción, unida a los vínculos societarios y personales con otras compañías de la red, ha llevado a los investigadores a concluir que Salmerón actuaba como figura instrumental, sin verdadera capacidad de decisión, al servicio de los líderes del entramado.
La UCO destaca que Carburantes Jalón Plaza no solo presentó movimientos millonarios, sino que también realizó transacciones con otras sociedades vinculadas a la presunta organización criminal, como Pronaracing Motorsport SL, Proyectos Monte Cerenas II SL o Fertinvest, todas gestionadas por personas próximas a Aldama.
Jaime Salmerón González el testaferro más joven de la trama de los hidrocarburos
Entre estas operaciones se encuentra incluso una transferencia a la empresa Bitcoinforme SL, que los investigadores sospechan podría estar relacionada con la compra de criptomonedas para blanquear fondos.
El carácter sospechoso de la operativa de Jalón Plaza fue también advertido por la propia Villafuel SL, que en diciembre de 2023 presentó una demanda civil contra la empresa de Salmerón por impago de 1,8 millones de euros correspondientes a facturas de suministro no abonadas. Esta acción judicial, interpuesta meses antes del estallido del caso hidrocarburos, podría interpretarse como una advertencia velada o una estrategia preventiva por parte de la compañía de María Luisa Rivas, también implicada en la causa y hermana de Claudio Rivas, uno de los supuestos cabecillas de la red.
Extracto informe de la UCO. Fuente: Redes sociales/ Guillermo Rocafort
Pese a los esfuerzos de la Policía Nacional por localizarlo, Jaime Salmerón permanece en paradero desconocido. La Audiencia Nacional ha sido informada de que su domicilio social cambió de Majadahonda (Madrid) a Córdoba poco después de interrumpirse sus relaciones con Villafuel.
Además, se sabe que la empresa bajo su administración declaró operaciones con 29 sociedades, de las cuales 24 también operaban con otras empresas del entramado, lo que refuerza la tesis de su integración plena en la estructura fraudulenta.
Jaime Salmerón González no es el único testaferro señalado por su participación e implicación en la trama de los hidrocarburos, liderada por el empresario Víctor de Aldama y su socio, Claudio Rivas.
Los hermanos Manuel y Antonio Corvillo habrían tejido una red de intereses cruzados que involucraba a funcionarios públicos, empresarios y personal de confianza dentro del Ayuntamiento linense.
El modus operandi, según los documentos judiciales, consistía en valerse de su influencia sobre responsables políticos y técnicos municipales para obtener información privilegiada y controlar los procedimientos de contratación.
Empresas bajo su control directo o indirecto resultaban adjudicatarias de obras y servicios mediante procedimientos opacos y, en ocasiones, simulados. En varios casos, se ha comprobado que los concursos públicos estaban diseñados a medida para favorecer a las firmas vinculadas a los Corvillo.
El informe detalla que muchas de estas sociedades carecían de infraestructura o empleados, y que su única función real era la de servir como vehículo para canalizar fondos públicos hacia los intereses de la trama.
Para dar apariencia de legalidad a las operaciones, se recurría a facturas por servicios no prestados, certificaciones de obras inexistentes y la connivencia de funcionarios encargados de la supervisión y fiscalización de los contratos. Algunas de estas facturas eran abonadas mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados en los plenos municipales sin el debido control.
Cristian Corvillo el principal testaferro del PSOE en la trama de los hidrocarburos
El informe también identifica una trama de favores personales, empleos ficticios y adjudicaciones cruzadas entre diferentes áreas del Ayuntamiento. El objetivo, según los investigadores, era afianzar el poder de los hermanos Corvillo y garantizar el silencio o la colaboración de terceros involucrados. Se documenta el caso de personas contratadas sin funciones reales, cuya única labor era facilitar el engranaje de la red, firmar documentos a requerimiento o actuar como testaferros en operaciones financieras, según recopila el informe redactado por el abogado Guillermo Rocafort.
La UCO ha concretado que la mercantil de Cristian Corvillo adquirió acciones de la empresa MTM 180 SL. Esta empresa pertenece al imputado Víctor de Aldama y está vinculada a la trama de los hidrocarburos, que defraudó hasta 182 millones de euros a través del impago del IVA en la venta de carburantes. MTM 180 SL cobraba comisiones a las sociedades creadas alrededor de la empresa Villafuel SL.
Según señalada un informe de la UCO publicado por el abogado Guillermo Rocafort, la empresa Canay Island Fuel Company SL cobró en forma de comisión la cantidad de 187.550 euros. Hay que destacar que la empresa de carburantes Villafuel SL recibió la licencia que le permitió operar a través de la aprobación del Ministerio para la Transición Ecológica, liderado en aquel entonces por la eurodiputada socialista Teresa Ribera.
Villafuel SL pudo operar y defraudar el dinero del IVA de los hidrocarburos gracias a la licencia adjudicada por Ribera, a pesar de que la empresa no reunía las condiciones mínimas para poder operar.
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