Legalis Defensa irrumpe como una solución legal y ética frente al auge de las ocupaciones ilegales en España, ofreciendo a los propietarios una defensa rápida y profesional.
Su modelo se basa en la actuación exclusiva de abogados especializados, sin intermediarios ni métodos extrajudiciales
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La ocupación ilegal de viviendas en España se ha convertido en una de las principales preocupaciones para miles de propietarios, especialmente pequeños arrendadores y jubilados que han visto vulnerado su derecho a la propiedad privada. En este contexto de creciente inseguridad jurídica, nace Legalis Defensa, un despacho de abogados que apuesta por una solución estrictamente legal, eficaz y humanamente responsable para frenar un fenómeno que ha alcanzado proporciones alarmantes en los últimos años.
El incremento de casos ha sido especialmente acusado en grandes núcleos urbanos como Madrid y Barcelona, donde la tensión entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad ha generado un debate político, jurídico y social que continúa abierto. Según estimaciones del sector inmobiliario y fuentes jurídicas consultadas, los primeros cuatro meses de 2025 han registrado un notable repunte de ocupaciones, con especial incidencia en segundas residencias y viviendas destinadas al alquiler como complemento de pensión para jubilados.
La realidad de las ocupaciones: más allá del mito
El fenómeno de la ocupación se presenta con múltiples rostros: desde la usurpación clásica de viviendas vacías, hasta el allanamiento de morada en segundas residencias, pasando por situaciones cada vez más comunes como la “inquiocupación” —inquilinos que permanecen ilegalmente tras el fin del contrato—. El perfil del propietario más afectado es claro: personas mayores de 65 años, con una o dos propiedades que representan su sustento económico en la jubilación, especialmente en zonas del sur y sureste de Madrid como Villaverde, Vallecas, Carabanchel o Vicálvaro.
En estos barrios, la confluencia de viviendas vacías, alta vulnerabilidad socioeconómica y escasez de alquileres asequibles ha convertido a muchos inmuebles en objetivos prioritarios de mafias organizadas. No se trata solo de familias en situación de exclusión social, sino también de redes que se dedican profesionalmente a ocupar viviendas para luego subarrendarlas o extorsionar a los propietarios exigiendo grandes sumas de dinero para liberar el inmueble.
Este escenario ha llevado a una sensación de anomia legal, especialmente en regiones como Cataluña o ciertas localidades madrileñas, donde incluso se han detectado casos de falsos agentes inmobiliarios que simulan contratos de alquiler en pisos ocupados ilegalmente, afectando incluso a barrios de alto poder adquisitivo como el Barrio de Salamanca.
Legalis Defensa: una propuesta ética, legalista y eficaz
Frente a esta situación, Legalis Defensa irrumpe con una oferta diferenciada y clara: nada de métodos extrajudiciales ni presiones borderline. “Defendemos el derecho a la propiedad, pero con absoluto respeto al marco legal y a los derechos fundamentales de todas las partes implicadas”, explica Emilio J. Sánchez, socio del despacho.
Su modelo se basa en una intervención cien por cien jurídica, sin subcontratas ni intermediarios. Cada caso es llevado directamente por abogados colegiados, especializados en derecho penal, civil y procesal, con cobertura en todo el territorio nacional gracias a una red propia de procuradores y letrados. Esto permite una respuesta rápida y coordinada, incluso en casos especialmente complejos como ocupaciones de locales comerciales por mafias o viviendas turísticas ocupadas de forma organizada.
Legalis Defensa no ofrece simplemente una denuncia: su propuesta es una solución integral. Desde la notificación al ocupante, pasando por la demanda, la vista judicial y la ejecución del lanzamiento, hasta el asesoramiento preventivo. Además, uno de los elementos más valorados por sus clientes es la transparencia absoluta desde el primer contacto: en menos de 24 horas, el cliente recibe una hoja de ruta clara, con tiempos estimados y un presupuesto detallado y cerrado por fases.
“Nuestros clientes, muchos de ellos jubilados o viudas, no pueden permitirse más incertidumbre. Ya han perdido mucho. Lo menos que merecen es saber en todo momento qué está pasando con su vivienda”, señala Sánchez.
Una legislación en transformación: luces y sombras
La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, conocida como la “nueva Ley antiokupas”, ha supuesto una reforma sustancial en la forma de afrontar estos delitos. Los procedimientos judiciales por ocupación ilegal pueden tramitarse ahora mediante juicios rápidos, lo que permitiría, sobre el papel, resolver algunos desalojos en un plazo máximo de 15 días desde la denuncia.
Este avance, sin embargo, choca con la realidad de los juzgados: la saturación de los órganos judiciales y la diversidad de criterios entre tribunales ralentizan los procesos, que en la práctica aún pueden extenderse durante meses. Además, aunque en la vía penal se han eliminado los requisitos de vulnerabilidad en ciertos supuestos, en la jurisdicción civil —más común en desahucios por impago o precario— esta exigencia sigue vigente, lo que alarga aún más los procedimientos.
A ello se suma el proceso de reorganización judicial previsto por la nueva ley, que prevé sustituir los actuales juzgados por Tribunales de Instancia, lo que podría provocar nuevos retrasos a medio plazo.
Del mito a la prevención: claves para blindarse
Además de sus servicios jurídicos, Legalis Defensa recomienda un paquete de medidas preventivas para evitar que las viviendas sean objetivo de ocupación:
- Contratación de seguros específicos contra ocupaciones ilegales.
- Instalación de sistemas de alarma y cámaras de vigilancia.
- Supervisión periódica mediante visitas o servicios de mantenimiento contratados.
- Uso de cerraduras electrónicas con códigos de acceso.
- Evitar largos periodos de desuso mediante alquileres temporales, incluso en viviendas de alto valor.
- Inclusión de cláusulas de protección específicas en los contratos de arrendamiento.
En definitiva, la mejor defensa sigue siendo la anticipación, acompañada de un asesoramiento legal sólido y especializado.
Una solución con toga, argumentos y ley
En un entorno cada vez más complejo, donde las redes sociales, los bulos y la crispación mediática alimentan un clima de tensión, Legalis Defensa representa una alternativa sensata, profesional y ética. No promete milagros, ni se ampara en atajos cuestionables: su propuesta es actuar dentro del marco legal, con celeridad, precisión y humanidad.
“Esto no va de alarmismo ni de criminalizar la pobreza. Va de proteger a quienes están viendo vulnerado su derecho legítimo a recuperar lo que es suyo”, resume Emilio J. Sánchez. Porque frente al ruido, la confusión y la impotencia, todavía hay espacio para la ley, para la justicia y para una solución que no grita ni amenaza. Una solución que simplemente actúa. Con argumentos. Con toga. Y con ley.
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